Salieron muchos trapos sucios al sol durante la celebración número 61 de la expropiación petrolera. El director Lajous demandó un nuevo tratamiento fiscal para Petróleos Mexicanos, puesto que esta empresa estatal prácticamente no puede sostenerse en términos financieros. Las cifras no pueden ser más elocuentes: en 1998 se redujo 42 por ciento la utilidad neta debido a la caída de los precios del petróleo, aún así Pemex pagó al gobierno por impuestos y derechos una suma que representó 114 por ciento de sus utilidades. En esas condiciones, dijo el director, se está descapitalizando efectivamente a la empresa, además de incapacitarla para obtener recursos del exterior.

En esta época de predilección por las cifras agregadas, estos pueden ser indicadores suficientes para provocar un cambio en la gestión de esta empresa. Pemex se ha convertido en un perfecto estudio de caso para las escuelas de administración, sobre lo que no se tiene que hacer, eso sí, trátese de un funcionario público o privado. Todos saben que no se puede ser eficiente en el sentido estricto del mercado si, como dijo el director, las presiones fiscales y económicas que enfrenta la petrolera desalientan el cálculo económico racional de la empresa. De ahí debe cuestionarse cuál es la función que se quiere de las empresas públicas, y hasta dónde deben ceñirse al cálculo del mercado cuando se ubica en el seno de un Estado famélico. El caso es que las malas formas de gestión de Pemex no constituyen ninguna sorpresa, pero el desplome de los precios el año pasado ha puesto en evidencia lo que es solamente la punta del iceberg. Lo entrampado de todo este asunto es que el gobierno sigue dependiendo fuertemente (casi en 30 por ciento) de los ingresos que obtiene de la paraestatal y, por supuesto, no hay mucho lugar para donde moverse.

La otra parte del tendedero la puso el sindicato en boca de su líder Romero Deschamps. Fustigó al director por lo que definió como una mala administración y el derroche que se hace en la creación de puestos de confianza a los que llamó la élite y las cuantiosas prestaciones que reciben. Llamó el líder sindical a ''cerrar las llaves del derroche en lo superfluo'' (sic) y defendió la permanencia de los trabajadores de base frente a los advenedizos, y también denunció la creación de compañías que surgen de la nada para realizar trabajos reservados a su sindicato. Visto desde afuera, la verdad es que entre la dirección y el sindicato de Pemex no hay a quien irle y ninguno parecería tener derecho a tirar la primera piedra. No es justo someter la atención del público a tales espectáculos.

Pero el tema de Pemex va más allá de los agarrones que puedan darse los administradores y el sindicato, y de pasada el gobierno federal, rebasa las cuestiones económicas, financieras y fiscales, por más importantes que sean, y se sitúa en el terreno mucho más relevante de la estrategia y las políticas del Estado con respecto al petróleo y las demás fuentes de energía. La ausencia de esa política es la que lleva a la inanición de Pemex, a la creación de cotos de poder cada vez menos justificados en esta sociedad, y a la necesidad de que los mexicanos paguemos más por los productos petroleros que en el mercado internacional. Lleva también a la falta de integración de una industria petrolera que después de seis décadas está desmembrada, no produce el valor agregado, y por lo tanto, la riqueza que podría, no es competitiva a escala internacional y provoca graves conflictos sociales y ecológicos en las regiones en las que opera. Es un elefante blanco que ya ni siquiera tiene el glamour de ser una empresa nacionalizada como fue en otra época, sino que se la ha llevado a ser casi una carga para la sociedad.

Eso no es producto de ser una empresa estatal como quieren hacer creer muchos hoy en el país, es el resultado de una pésima gestión, como ocurre también con muchas de las empresas del sector privado que son hoy igualmente una carga social. Esa gestión deficiente es lo que se debe poner por delante como argumento en cuanto a la industria petrolera, y el mismo gobierno ha tenido que reconocer la incapacidad para privatizar el sector petroquímico ante el desinterés de los inversionistas privados por las condiciones ofrecidas. El caso de la empresa petrolera, que se está replicando en el de la empresa eléctrica, no es un asunto de confrontación entre el Estado y el mercado, ese es un planteamiento falso, es la incapacidad de administrar bien el patrimonio nacional, y en un marco en el que la reforma debía plantearse en el sentido de encontrar las formas idóneas para que el sector privado participe activamente en la creación de la infraestructura del país.