Con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del Código Electoral del Distrito Federal se pone en evidencia, una vez más, que históricamente la gran asignatura pendiente en la capital de la República es precisamente una reforma política integral.

Como se sabe, el presidente nacional del PRI interpuso ante el máximo tribunal un recurso de inconstitucionalidad en relación con 82 artículos del Código Electoral, que en conjunto representan casi un tercio del total, de los cuales en la resolución final de los magistrados sólo se invalidan 35. Desde luego, el contenido básico de dicho código prevalece, a excepción de estos casos que abarcan tanto propuestas de la fracción del PRI como del PRD. Pero hay, en este contexto, un punto crucial que es el referente a la constitución de los consejos de gobierno en las hasta ahora llamadas delegaciones políticas, que se aproximan propiamente a la figura jurídica del cabildo.

Ya desde los trabajos en la mesa 3 sobre la reforma política del Distrito Federal, cuatro partidos políticos (PAN, PVEM, PT y, desde luego, el PRD), asumían y avalaban unánimemente los acuerdos básicos que permitirían una reforma a fondo y plena. Sólo el PRI no los suscribió y aun cuando en el pasado ha tenido que aceptar ciertas reformas en esta materia, algunas de ellas importantes, es evidente que más que impulsar estos cambios se ha visto obligado y presionado a aprobarlas.

Pero situándonos en el debate presente, se canceló por ahora la posibilidad de que, con base en la nueva ley, emitida por la actual Asamblea Legislativa, se crearan los consejos de gobierno, con el argumento de que el Congreso de la Unión fue la instancia que definió la constitución de estos órganos denominados ''político-administrativos'', que si bien se enuncian en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal aprobado el 27 de noviembre de 1997, con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, falta precisar y ampliar su naturaleza jurídica, facultades, tipo de elección, número de integrantes, etc.

Por ello, siendo un asunto de primera importancia, la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados acordó abrir ya esta discusión con la intención de buscar consensos básicos y poder abordarlo ante el pleno en el próximo periodo de sesiones (septiembre-diciembre).

De hecho, en el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se subraya que al menos 90 días antes de que empiece el proceso electoral deberá haberse solucionado, o sea que el plazo se extiende hasta octubre.

Conseguir de los diputados y senadores la definición y aprobación de estos órganos político-administrativos es un avance más en la democratización en términos de representación política, toma de decisiones colegiadas y contrapeso para los delegados, que serán electos n el 2000, pero de ninguna manera es la reforma que necesitamos, por lo que sería inadmisible que en una negociación el PRI pretendiera llegar sólo hasta esos límites.

En la Cámara de Diputados ya existen iniciativas presentadas por el PAN y el PRD con esta visión plena e integral de la reforma política en el Distrito Federal. Y si a esto sumamos el punto de acuerdo sobre estos órganos colegiados y los resultados de la mesa 3, así como la consulta ciudadana del 25 de abril, hay bases suficientes para el debate, los consensos y la consecución de nuevos ordenamientos. Será ineludible y urgente.

Parafraseando con modismos en boga: vamos con todo. Sí se puede... y se debe.