n Pide Cárdenas revisar la propuesta de Zedillo y que el Congreso no se precipite
Existen "alternativas" para el sector eléctrico
Ricardo Olayo y David Carrizales, corresponsal n La iniciativa presidencial para privatizar el sector eléctrico es parte de un esquema ya superado que se realizó con "análisis y consultoría hechos en las sombras, sin tomar el pulso de la nación", indicó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, quien propuso realizar un debate nacional y un referéndum sobre ese tema antes de ser votado en el Congreso de la Unión.
A los legisladores federales les pidió "no actuar con precipitación" al analizar las propuestas de reforma constitucional, y en caso necesario votar contra la iniciativa, estableció ayer en el acto por la conmemoración del 61 aniversario de la expropiación petrolera.
Para la industria eléctrica hay distintas alternativas que permiten mayor inversión y propician que continúe la participación del capital privado. Todo ello se puede discutir, sobre todo si se acepta que no hay urgencia para adoptar las modificaciones, como lo han dicho las autoridades, comentó Cárdenas, orador único en la explanada del Monumento a la Revolución, donde preguntó: "ƑPor qué tanto apuro en vender? ƑQué o quiénes apremian al Presidente?
"Por experiencia sabemos lo peligrosas que son las reformas de fondo hechas en las postrimerías de un sexenio, cuando ya está abierto el debate de la sucesión presidencial", destacó en su mensaje.
Al mediodía se reunieron en el monumento decenas de funcionarios de gobierno, y convergieron grupos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), representantes de la delegación del EZLN, del Exodo por la Democracia procedentes de Guerrero, legisladores y representantes perredistas.
Allí, el gobernante dijo que hace 61 años el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, en ejercicio pleno de la soberanía. Pero en las últimas décadas, "la visión de corto plazo ha descapitalizado esa industria y el gobierno federal ha insistido en la necesidad de desprenderse de sectores estratégicos, y en ello ha involucrado a los ferrocarriles y la industria eléctrica.
"En ese lapso, las visiones de corto plazo se han subordinado a dictados que no son del interés nacional y se ha realizado una política petrolera más desventajosa, irracional, irresponsable para el país, al centrarla en la exportación de volúmenes crecientes de petróleo crudo."
Dijo que el hidrocarburo "se ha extraído con criterios de explotación altamente irracionales, pues en el afán de extraer con la mayor rapidez posible las mayores cantidades también posibles, se pierden para siempre grandes volúmenes que serían en otras condiciones aprovechables".
La descapitalización intencionada de Pemex, agregó, origina la obsolescencia de sus instalaciones y provoca una industria y finanzas "cada vez más vulnerables". Esa situación ha dado a los actuales gobernantes "el pretexto falaz para insistir en que el Estado debe replantear su participación".
En el caso de la electricidad, sostuvo Cárdenas, la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo elimina la posibilidad de ejercer soberanía sobre una parte fundamental de la vida productiva del país. Se argumenta que en los próximos seis años se requerirán 250 mil millones de pesos para su expansión, "cifras exageradas" si se les compara con las expectativas de la Secretaría de Energía.
Cárdenas indicó que no hay claridad sobre los montos que se requieren por cada rubro de producción, en particular para el caso de la generación, lo que "nubla la discusión de los requerimientos reales de inversión para el futuro inmediato de la industria y en qué medida éstos pudieran ser aportados en parte por la iniciativa privada y en qué parte por recursos estatales bajo el marco legal actual, antes que aventurar una reforma constitucional".
La propuesta de Zedillo, planteada en la parte final del sexenio, "debe ser revisada". Si bien es cierto que hacen falta nuevas inversiones, existen en la ley esquemas de participación para el sector privado para generar energía eléctrica, y "si alguno de esos esquemas resulta que obstaculizan la inversión privada, ya permitida por la ley, que se revise".
Propuso que el dinero proveniente de las fuentes privadas debe orientarse por completo a nuevos proyectos, "no a la compra de las plantas existentes y en ningún caso a la compra de las hidroeléctricas, que hoy, al estar en lo general amortizadas, ya sólo producen utilidades".
Sostuvo que es factible el diseño de asociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para incentivar la inversión de particulares destacó que deben establecerse reglas que fijen los precios de la conducción de la energía de las plantas generadoras a los puntos de consumo.
El jefe de Gobierno propuso estudiar si se pueden aplicar mecanismos de ajuste automático a las tarifas eléctricas, en función de los principales componentes de los costos de generación y conducción.
"Para la distribución también hay opciones, pero regresar al esquema que existía hasta antes de la nacionalización del sector eléctrico, creando en cada región un monopolio privado, sólo apunta a competencias ficticias."
Con ese panorama, la única competencia que se vislumbra es la de los denominados usuarios calificados, los 350 consumidores mayores del país, quienes podrán escoger su proveedor, pero ello va en contra de la empresa mediana y pequeña y los consumidores domiciliarios, aseveró.
"El esquema privatizador propuesto por Ernesto Zedillo para la industria eléctrica resulta ya conocido" y tiene similitudes con otros órganos reguladores de energía, por lo que puede pensarse que la iniciativa presidencial "será, sin duda, la de vender la industria estratégica del petróleo".
Todo ello, concluyó, lleva a la pérdida de la soberanía en la conducción de la industria eléctrica, por lo que no debe decidirse con premura ni caer en la "riesgosa improvisación, como ha sucedido en el pasado".
"Etapa de cambio" en el norte del país
Al encabezar en Monterrey, Nuevo Léon, una manifestación conmemorativa de la expropiación petrolera que congregó a unas 18 mil personas convocadas por organizaciones civiles y los partidos PT, PRD, PPS y Convergencia Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas reiteró que debe haber una gran consulta nacional y exigió al gobierno federal explicar dónde fueron a dar los recursos de las anteriores privatizaciones, pues los que se obtengan con la venta del sector eléctrico "irían a dar a los bolsillos de quienes fueron beneficiados durante el salinismo".
El gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila, quien abrió la ronda de oradores, en la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza, señaló: "Hoy decimos desde Nuevo León que se inicia una nueva etapa en el norte del país, porque aquí la gente está harta, cansada, verdaderamente agraviada por la situación económica, y aquí habrá un cambio, pero no de simulación ni de maquillaje", en alusión a la alternancia PRI-PAN.
"La lucha será larga, apenas comienza, pero sí se puede, todos juntos, así vamos a ganar el 2000 y a defender lo que es del pueblo de México", dijo Monreal.
En tanto, el líder nacional del PT, Alberto Anaya, señaló que ese frente opositor de centro-izquierda, que hoy tuvo aquí un primer intento unitario hacia el 2000, con el apoyo de la mayoría de los mexicanos no dejará pasar la pretensión de entregar al gran capital nacional y extranjero las industrias estratégicas del país.
Ramón Vera, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, señaló que quienes pretenden volver al pasado son aquellos que hoy buscan entregar el sector eléctrico a la iniciativa privada, como lo estuvo antes de la nacionalización decretada por Adolfo López Mateos, cuando sólo 14.5 millones de mexicanos tenían el servicio porque no era negocio llevarla a las pequeñas comunidades del México rural de antaño.
Al acto, convocado para rechazar la privatización de la industria eléctrica y celebrar la expropiación petrolera, asistió también el dirigente nacional de Convergencia Democrática, Dante Delgado Rannauro, quien al igual que Cárdenas y Anaya se manifestó por un frente nacional opositor que gane la Presidencia de la República para impulsar un nuevo proyecto de nación que incluya a los millones que hoy viven en la pobreza.