n En carta abierta responden a acusaciones del PRI

Como funcionarios, actuamos con apego a la ley, afirman consejeros

José Gil Olmos n En respuesta a las acusaciones hechas por el PRI, de haber contravenido con sus acciones las tareas que les fueron encomendadas, los consejeros Emilio Zebadúa, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio y Jesús Cantú afirmaron que como funcionarios públicos han actuado conforme a la ley y dijeron que esperarán a que se presente la queja administrativa y la demanda de juicio público, anunciadas por el diputado Enrique Ibarra para dar una contestación.

"Tenemos el compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento de la autonomía del IFE y a favor de elecciones limpias y transparentes en México", sostuvieron en una carta abierta.

Por su parte, en breve entrevista el consejero Zebadúa señaló que el IFE no verá minada la confianza que la sociedad mexicana le ha depositado para la organización de las elecciones del 2000 con las presiones del PRI .

Después de hacer un reconocimiento a las expresiones a favor de la autonomía e independencia del IFE por parte de los líderes de PAN, PRD y PCD, así como de organizaciones sociales como Alianza Cívica, reiteró que como funcionario está dispuesto a demostrar que ha actuado en el ámbito de su competencia.

Sobre los temores de que las presiones del PRI puedan afectar la confianza ciudadana en el instituto, señaló que en la medida en que se han hecho públicas las inconformidades y de que se resolverán también de manera abierta, la sociedad podrá ver con toda claridad que los cuatro consejeros actuaron en todo momento de manera imparcial y objetiva.

"Al contrario, se demostrará que el IFE se ha conducido en la legalidad y con ello la ciudadanía extenderá su confianza", aseguró el consejero electoral.

El grupo de consejeros, en la carta pública fechada ayer, manifestaron que son respetuosos del derecho del tricolor de vigilar la actuación de los consejeros electorales en su calidad de servidores públicos, así como de recurrir a las instancias legales apropiadas de considerar que se ha incurrido en una violación a la ley.

En este sentido, externaron en la misiva: "La responsabilidad pública y la exigente rendición de cuentas, son conceptos fundamentales para el funcionamiento de un Estado democrático de derechos".

Dijeron que esperan ''conocer en su momento el desahogo de la denuncia por responsabilidad administrativa interpuesta ante la Contraloría interna del IFE, y el procedimiento que se derive de la demanda de juicio político que el PRI presentará en la Cámara de Diputados para, de este modo, sujetarnos a dichos procedimientos a la luz de los derechos y obligaciones que la ley establece en cada caso".

Los consejeros impugnados insistieron en precisar que han cumplido con su responsabilidad en el marco del derecho y bajo los criterios rectores que la Constitución establece para el desempeño de su función pública.