Adolfo Sánchez Rebolledo
Crisis en el IFE

El PRI volvió al IFE con una bomba bajo el brazo. La decisión de iniciar un juicio político contra cuatro de los consejeros, apoyada por los representantes del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, pone en tela de juicio la normalidad institucional de ese organismo y abre una crisis de graves proporciones cuyas salidas no están a la vista.

La máxima dirigencia del priísmo considera que éste es el momento oportuno para iniciar una profunda rectificación en sus relaciones con el máximo organismo electoral. No se necesita hilar demasiado fino para entender que una decisión como ésta solo puede provenir de la Presidencia de la República, lo cual agrava y complica el problema. Una vez más, el gobierno confunde sus deseos con la realidad y envía a la sociedad un mensaje equivocado con respecto a los comicios del año 2000.

Independientemente del curso que tomen los acontecimientos en la Cámara de Diputados y en el propio Consejo General, una cosa es cierta: la institución ya ha sufrido un duro revés en aquello que constituye su único y mas genuino patrimonio: la confianza.

El PRI, así como los otros dos partidos que lo acompañan en esta empresa, han resuelto que los problemas acumulados durante largos meses en el IFE ya no pueden resolverse dentro de la institución, atendiendo a sus propios mecanismos y legalidad. Se ha llegado a la situación que nadie deseaba pero que ya se venía venir, así lo negaran los frívolos e irresponsables dentro de la misma institución. Al cuestionar unas conductas individuales mediante el expediente del juicio político, el PRI coloca en la picota a los órganos colegiados que son los que toman las decisiones. Ahora tocará al Poder Legislativo decir la última palabra, pero es imposible no imaginar cuál será el destino del debate en ciernes, si tomamos en cuenta el mar de crispaciones en que se ha convertido la realidad nacional.

El PRI ha calculado que puede someter al IFE a una cirugía mayor a fin de no llegar a las elecciones del año 2000 en condiciones que, según sus reiteradas denuncias, le serían desventajosas. Pero ese cálculo no toma en cuenta que el IFE no es una empresa a cuya cabeza se encuentren unos cuantos gerentes intercambiables que pueden removerse sin afectar al conjunto.

El IFE, o es fruto del consenso entre los partidos o no es nada en términos de su tarea esencial, que es la de garantizar, más allá de sus responsabilidades técnicas en los procesos electorales, la confianza ciudadana.

Claro es que el IFE tiene defectos de "diseño", según la plástica expresión al uso, cuya solución exigiría cambios en su ordenamiento, pero el peor camino para atender a esas supuestas deficiencias es el que erosiona la credibilidad institucional de su cabeza directiva.

Cualquiera de los partidos está en su derecho de promover en los órganos legislativos todas las reformas que estime convenientes para ajustar el funcionamiento de la institución, pero es un error garrafal creer que por la vía de la confrontación puedan corregirse desviaciones o resolverse los problemas.

Independientemente de las razones concretas que tenga el PRI para darle curso a sus quejas, lo cierto es que la pretensión de irse a juicio político pone en entredicho el arreglo que permitió la fundación del IFE, en particular la idea de que los consejeros "ciudadanos" debían convertirse en un órgano colegiados fuera de toda sospecha. Una vez más se corre el riesgo de no ver al IFE como una instancia para el consenso, sino como una simple correa de transmisión de los partidos.

Si las cosas siguen el curso iniciado por el PRI es más que probable que el tema se convierta en una espina más de la agenda no resuelta de problemas nacionales ƑHacía falta llegar a esto?