n Se dará cauce a la demanda presentada por PRI, PT y PVEM, señala

Llama Woldenberg a partidos a no erosionar la confianza en el IFE

n Pide buscar iniciativas para fortalecer a la institución que organizará los comicios del 2000

Enrique Méndez n Por instrucciones de la dirigencia nacional del PRI, el diputado Enrique Ibarra Pedroza presentó ayer, al regresar a las sesiones del Consejo General del IFE, una demanda ųrespaldada por los representantes de PT y PVEMų por responsabilidad administrativa en contra de los consejeros Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio y Emilio Zebadúa, a quienes acusó de cometer ''conductas atípicas e ilegales'', en perjuicio del partido tricolor.

Más aún, bajo la consigna de llegar ''hasta el extremo que la ley nos permita'', Ibarra anunció que el próximo viernes, también con el apoyo de los partidos mencionados, se iniciará una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados, y se reservó el derecho de realizar otra, de carácter penal, ''por uso indebido de recursos públicos''.

El anuncio causó sorpresa entre los consejeros electorales. Por su parte, el presidente del IFE, José Woldenberg, precisó que se le dará cauce a la demanda administrativa y lamentó la decisión asumida por los tres partidos políticos, pues ello ''erosiona'' la confianza que el instituto debe proyectar como responsable de organizar las elecciones presidenciales del próximo año.

No somos tribunal de alzada

''No quiero emitir un juicio de esta decisión, pero las cosas han llegado a un punto en que todos debemos recapacitar y pensar cuáles son las iniciativas para fortalecer a una institución que se encargará de las elecciones del año 2000, y cuáles las que lo desgastan y erosionan'', subrayó Woldenberg.

Luego de hacer un llamado al Consejo General para ponderar esta queja ų''el Consejo no debe convertirse en tribunal de alzada''ų y esperar a que la Contraloría General del instituto dé la resolución correspondiente, el titular del IFE reiteró el contenido de su última carta a la dirigencia del Revolucionario Institucional y a Ibarra Pedroza, en la que ofreció ''atender todas las inconformidades y propuestas; atender, uno a uno, todos los reclamos y las molestias'' que eventualmente generaran sus decisiones.

Es decir, explicó, establecimos en el instituto la posibilidad de atender todos los reclamos y molestias, y seguimos en la misma posición.

Al término de la sesión ordinaria, a la que el representante del PRI acudió además para evitar una sanción contra su partido, el consejero Jaime Cárdenas rechazó que su participación en el Instituto Federal Electoral sea parcial, aseguró que él y sus compañeros están preparados para responder legalmente a la demanda una vez que conozcan el contenido de la misma, y confió en que no se les fincará ninguna responsabilidad, ''porque no hemos incurrido en ninguna falta''.

Por su parte, Jesús Cantú declaró que ambas denuncias no complican el trabajo del IFE y confió en que, como otras ocasiones cuando los partidos políticos han recurrido a instancias como el Tribunal Electoral para inconformarse, esta vez la decisión de la Contraloría Interna y de la Cámara de Diputados les sea ''favorable''. En la medida en que este caso se dirima en las instancias correspondientes, agregó, se fortalecerá a las instituciones encargadas del proceso electoral del año 2000, porque ''se resolverá conforme a derecho''.

Anoche, los cuatro consejeros acordaron reunirse este miércoles para decidir qué acciones emprenderán ante las demandas del PRI.

El alegato

En la denuncia administrativa, cuyo contenido prepara desde noviembre cuando abandonó las sesiones del IFE y que se terminó de amarrar ayer con petistas y ecologistas, el Partido Revolucionario Institucional plantea el porqué de la demanda administrativa, y presenta 49 pruebas de las conductas ''atípicas e ilegales'' de los cuatro consejeros que las sustentan: Emilio Zebadúa, por autorizar un estudio sobre funcionarios electorales, que realizó la hermana de su coordinador de asesores, con un costo de 848 mil 347 pesos, así como del alquiler no autorizado por el IFE de una avioneta para sobrevolar la zona afectada por las inundaciones en Chiapas; Jesús Cantú, por ''los exorbitantes gastos en bebidas alcohólicas'' durante la Segunda Reunión Nacional de Consejeros Electorales en Jurica, Querétaro, en septiembre de 1997. En esa ocasión, cita el alegato, se gastaron 145 mil pesos en bebidas alcohólicas, casi una cuarta parte de la erogación total del encuentro, que ascendió a 641 mil 100 pesos. Además, abunda, se organizó una noche mexicana y se rentaron sombreros de charro, que no tienen ninguna relación con la tarea electoral. A Cantú, agrega, se le autorizaron 101 mil pesos para gastos en Nuevo León, ''sin que exista comisión oficial que los justifique''. Empero, anoche fuentes del CEN del PRI aseguraron que esta acusación se le podría revertir al partido tricolor, puesto que al propio Ibarra Pedroza el IFE le ha autorizado gastos extraordinarios para viajes.

A Jaime Cárdenas lo acusa de ''violentar los principios de imparcialidad y objetividad'' cuando declaró que la democratización del país pasaba por la derrota, a manos de una coalición opositora, del PRI en las elecciones presidenciales, y a Alonso Lujambio, junto con Jaime Cárdenas, de pretender que los partidos políticos en los estados de la República informaran al IFE de todos los recursos públicos que recibían, cuando ųasegura respaldado en una resolución de la Suprema Corte de Justiciaų la competencia del instituto es exclusivamente en el ámbito federal y no local.

Previamente, Ibarra Pedroza habría hecho un cabildeo con los consejeros objeto de su denuncia para que, si había una respuesta de su parte, ésta fuera ''en forma comedida''. Apenas unos minutos después de presentada la denuncia, el diputado petista Luis Patiño Pozas, representante del Legislativo ante el IFE, emitió un comunicado en el que si bien suscribe las quejas en contra de los consejeros, aclara que su partido no ha decidido iniciar juicio político alguno a los consejeros, y se deslindó del alcance de la ''coincidencia momentánea'' con el partido tricolor, acusó al priísta de no ceñirse al acuerdo ''estrictamente de la queja administrativa'' y señaló que Ibarra ''no es nuestro vocero''.

Consultado al respecto, Ibarra Pedroza aseguró que el representante del PT ante el IFE, Pedro Vázquez, junto con la diputada Sara Castellanos, firmaron la solicitud de juicio que se presentará el próximo viernes. Empero, trascendió que no sólo Patiño Pozas, sino los propios ecologistas ųcuando Ibarra hizo el anuncio ante el pleno prácticamente salieron huyendo del salónų aseguraron, contraviniendo los compromisos de sus respectivas dirigencias con los priístas, que no acompañarán al PRI ''en esta aventura''.

Sin embargo, Ibarra Pedroza envió a este diario copia de la solicitud en la que aparecen las firmas de Vázquez y de Castellanos, e incluso se comunicó por teléfono con el presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, para quejarse de la actitud del diputado Patiño; así, el priísta obtuvo su cometido: el respaldo de Anaya a la demanda de juicio político.

Los titubeos de petistas y ecologistas generaron una reacción airada del diputado del Revolucionario Institucional, quien espetó: ''šPor eso siguen siendo partidos pequeños!''

El PRI, con el respaldo de las dirigencias del PT y el PVEM, entregará el viernes a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político, que a su vez es turnada a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ambas tienen la obligación de entregarla, por su parte, a la subcomisión de Examen Previo, que sólo conoce de ese tipo de denuncias.

Si es que el diputado ponente de dicha comisión ųal que se le asigne el casoų considera que ha lugar o no a incoar (iniciar) juicio político, su proyecto tiene que ser aprobado por el pleno de la comisión. Empero, si en esa instancia se vota por la procedencia del juicio, todavía requiere del aval del pleno de ambas comisiones. Antes de pasar al pleno, los acusados pueden ejercer su derecho de audiencia. La aplicación del juicio de procedencia requiere de la aprobación, por mayoría simple, de la Cámara de Diputados.