Durante los 15 meses de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se han sucedido y acumulado acciones de diversa naturaleza tendentes a dificultar o golpear abiertamente su gestión, provenientes en apariencia de diferentes sectores, pero que son en realidad agresiones contra los capitalinos, pues impiden que la gestión urbana pueda atender sus necesidades apremiantes. Constituyen en conjunto ataques reaccionarios contra el gobierno democrático elegido por abrumadora mayoría por los ciudadanos del Distrito Federal.

La alianza PRI-gobierno-PAN recortó el presupuesto para el Distrito Federal en 1999, excluyéndolo de las transferencias federales a los municipios y limitando drásticamente su capacidad de endeudamiento, lo que ha obligado a suspender o aplazar proyectos prioritarios de inversión y operación; por tal motivo, hoy cursa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional interpuesta por el gobierno capitalino, que debemos apoyar. La alianza PRI-PAN interpuso demanda para invalidar el presupuesto para la capital aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y apoyó las acciones de los organismos de asistencia privada para anular la ley respectiva aprobada por el órgano legislativo. El PRI y el PAN, nacionales y locales, han boicoteado la búsqueda de consenso partidario para avanzar en la reforma política para el Distrito Federal, aún insuficiente e incompleta, que los dos partidos han llevado a cuentagotas y en continuo zig-zag. El PRI demandó y obtuvo parcialmente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Electoral local, que incluía pasos hacia la municipalización de la capital, a la que se opone tozudamente. El Consejo Coordinador Empresarial, máxima cúpula de los grandes capitalistas mexicanos, ataca las medidas de la Ley de Transporte porque afecta sus intereses individuales, aunque proteja a los colectivos urbanos.

En el campo de la movilización, el PRI ha utilizado a sus grupos clientelares y corporativos para golpear al gobierno: las organizaciones de ambulantes, Antorcha Popular, que mantiene hace ocho meses a sus gritones y alborotadores a sueldo frente a la jefatura de gobierno; algunos comerciantes de la Central de Abasto en oposición al cobro de peaje y los invasores del predio Tlayapaca. Estos últimos casos derivaron en actos violentos. Con estas acciones, PRI y/o PAN pretenden desprestigiar a Cárdenas y a su gobierno, ponerle piedras en el camino hacia la Presidencia y tratar de crear ingobernabilidad, lo que, en su miope política, mejoraría sus posibilidades de ganar el gobierno capitalino en el 2000. Para ello usan una doble moral política: atacan el cumplimiento de normas que ellos mismos aprobaron, o toman la postura opuesta a la que aplican y defienden a nivel federal.

En este marco, han ocurrido acciones, realizadas posiblemente por agrupamientos delictivos, de amenaza o agresión individual a políticos o funcionarios o hechos terroristas como la colocación de petardos en lugares públicos, que ponen en riesgo la vida de ciudadanos indefensos. Estos actos criminales aumentan el clima de temor que vive la población defeña, causado por la delincuencia común, individual u organizada, alimentada por la política económica y social neoliberal aplicada a nivel federal.

En la vida social y política, todos los actos se suman y amplifican, aunque provengan de posiciones, actores y acciones distintos. Aunque no estén involucrados en los actos violentos, los partidos de oposición en el Distrito Federal han creado contra el gobierno de Cárdenas un clima de agresión verbal y política que lesiona a los capitalinos, a la opción que tomaron en las urnas en 1997 y a sus intereses y necesidades cotidianas; también puede tomarse como incitación a la agresión violenta, que se sale totalmente de los ámbitos de la política civilizada y puede ahogarnos a todos, incluidos a quienes, como aprendices de brujo, convocan en su apoyo a las fuerzas agresivas más primarias. Más vale que todos, empezando por la oposición capitalina, sin renunciar a la crítica sustentada, a las posiciones divergentes y las acciones políticas legítimas y legales, defendamos la democracia y el derecho de los gobernantes a gobernar, para bien de millones de capitalinos.