El ambiente político del país está cada vez más dominado por las precampañas de quienes desean competir por la Presidencia de la República en las elecciones del año 2000. Con ello, la discusión sobre los montos y el origen de los recursos con que se financian las actividades de proselitismo político vuelve a ser asunto de discusión. Entre los diversos temas a debate hay uno que nos concierne a todos. Se trata de la utilización de los recursos públicos para fines vinculados directa o indirectamente con la promoción electoral de los políticos y sus partidos.

Aunque la ley prevé sanciones por la mala utilización de esos montos, hay que admitir que las autoridades federales, estatales y municipales del país pueden disponer de ellos con amplios márgenes de discrecionalidad. La falta de transparencia que en esos tres niveles de la administración pública todavía prevalece en lo que hace a la gestión de los recursos fiscales se complementa con un deficiente sistema institucional de rendimiento de cuentas y distribución de responsabilidades. El abuso del poder público para fines políticos particulares y partidarios cubre toda una gama de modalidades que muchas veces se combina con fondos de origen privado, de los que la opinión pública y las autoridades competentes casi siempre ignoran los montos y los procedimientos constitucionales.

El progreso democrático de los años recientes no ha reducido necesariamente la corrupción ni las prácticas delictivas que suponen estas formas de desviación y malversación de los caudales públicos. Son relativamente escasos los procesos legales y administrativos que, efectivamente, se han emprendido para investigar y, en su caso, establecer responsabilidades que impongan los castigos previstos por la ley para quienes ejecutan estos actos ilegales. Y cuando llega a constituirse un proceso y se documentan las faltas cometidas, las penalidades impuestas a los responsables suelen ser poco severas y, por consiguiente, ineficaces para prevenir y disuadir la comisión de nuevos ilícitos. De acuerdo con el clásico análisis del economista Gary Becker sobre la prevención del crimen, la ''estructura de las penalidades'' existentes es un factor que determina, en gran medida, la extensión de las prácticas corruptas y delictivas en un país. Cuando estas tienen como pretexto una motivación política (''la causa del partido y del candidato'') y los encargados de hacer valer la ley son correligionarios del delincuente, se configura una situación ideal para el encubrimiento y la tolerancia. De esta manera, los pequeños actos de corrupción pueden estimular otros de gran escala.

Todo esto conduce al tema de la existencia y efectividad de controles institucionales. Como el mismo Becker sugiere, la manera en que estos controles funcionan en la realidad refleja ampliamente la actitud del cuerpo político hacia el problema de la malversación de los recursos públicos. Es un axioma postular que los controles más efectivos son los que se ejercen dentro de las instituciones mismas. Según Tanzi, especialista fiscal del FMI, es aquí donde se localiza la primera línea de defensa contra la corrupción. Y no se trata únicamente de la honestidad de los encargados de supervisar la gestión de fondos y recursos confiados a las entidades públicas, ni de la instauración de mejores prácticas de gestión y auditoría ųfactores todos ellos indispensablesų, sino de los medios con que efectivamente cuentan los controladores para hacer cumplir la ley. Si la función de contraloría no es autónoma del poder político, es decir, si los controladores son parte del mismo equipo político, si son nombrados y removidos por el jefe al que deben auditar, es poco probable que cumplan cabalmente con su función.

Como en muchos otros temas ųla reforma fiscal y la reestructuración del sistema financiero, por ejemploų el tiempo se le vino encima a este gobierno y a la actual legislatura para instaurar mecanismos de control de los recursos públicos que sean más efectivos a los que hoy existen. Esto incluye, desde luego, el fortalecimiento de las penalizaciones aplicables. Las campañas políticas de los precandidatos de los tres partidos mayores ya empezaron. ƑQuién controla y audita sus gastos y financiamiento?