PRI: OFENSIVA CONTRA EL IFE

Después de varios meses de ausencia de las sesiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el representante del Partido Revolucionario Institucional regresó ayer a esa instancia con instrucciones de presentar una demanda administrativa contra los consejeros Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alfonso Lujambio y Emilio Zebadúa, y para anunciar que su partido iniciará un proceso de juicio político contra ellos en la Cámara de Diputados.

Las acusaciones priístas contra los funcionarios mencionados son lo suficientemente inverosímiles e infundadas como para evidenciar que no hay en ellas ninguna preocupación por corregir supuestas ''conductas atípicas e ilegales'' en una institución pública, sino el propósito de golpear política y publicitariamente al Instituto Federal Electoral, un empeño de la dirigencia tricolor que, por lo demás, no resulta novedoso.

En efecto, después de las múltiples expresiones de inconformidad priísta por el desempeño independiente, imparcial y apegado a derecho del Consejo General de la autoridad federal electoral, estas demandas aparecen como un eslabón más del acoso contra esa instancia, acoso que, significativamente, se recrudeció tras los comicios federales de 1997, en las cuales el partido del gobierno obtuvo los peores resultados electorales de su historia.

Con tales antecedentes, resulta inocultable el afán del tricolor por debilitar y desacreditar al IFE de cara a las elecciones del próximo año.

Otro aspecto preocupante de los hechos comentados es el resurgimiento del palerismo en el escenario político nacional. En efecto, la manera en que el representante priísta ante el IFE unció a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) a las posturas de su propia organización --con el evidente desconcierto en las filas petistas y ecologistas-- recuerda los tiempos en que el régimen utilizaba a conveniencia a las pequeñas formaciones paraestatales --PARM, PPS, PST, PFCRN-- que él mismo sostenía.

Finalmente, y volviendo a la ofensiva contra el IFE, es claro que corresponde a la sociedad en su conjunto defender a una autoridad electoral independiente que es producto de la determinación democratizadora de la propia ciudadanía, o bien resignarse a la restauración de un modelo en el que la organización y la calificación de las elecciones se encontraba bajo el control del binomio PRI--gobierno, y en el cual los candidatos oficiales ganaban todos los comicios.