A muchos molesta, pero prácticamente no hay nada que impida que Raúl Salinas de Gortari salga del penal de alta seguridad de Almoloya para ser trasladado a un reclusorio del Distrito Federal.
Las autoridades de la Secretaría de Gobernación ya autorizaron el traslado y, según sostiene Raúl F. Cárdenas, abogado del hermano incómodo, ni siquiera el juez que lo encausa, Iram García García, tiene facultades para decidir en dónde debe permanecer confinado en tanto le dicta sentencia por las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Se trata, nuevamente, de un dilema entre el ser y el deber ser. En efecto, para una amplia mayoría de ciudadanos de nuestro país, los delitos presuntamente cometidos por Raúl Salinas de Gortari son de la mayor peligrosidad para el resto de la sociedad, pero no están tipificados así en las leyes penales.
En consecuencia, la interpretación de las leyes lleva a concluir que no hay razón para que este personaje permanezca al lado de otros delincuentes que cometieron crímenes que sí son catalogados por las leyes como de alta peligrosidad.
Y más: debido a la indefinición del carácter jurídico de la capital del país, el Distrito Federal, a pesar de que ya tiene un gobierno autónomo elegido de forma universal por sus ciudadanos, aún depende en gran parte del gobierno federal. Por ejemplo, los asuntos relativos a su presupuesto se discuten todavía en el Congreso de la Unión.
Como se aprecia, los legisladores tienen aún una enorme tarea por delante en lo que respecta a la situación jurídica del DF y su gobierno. Sin embargo, no se espera que avancen mucho en el actual periodo ordinario de sesiones.
La cosecha
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