La iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo federal al Congreso para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, constituye una contrarreforma que atenta contra el sentido original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus principales fundamentos y el proyecto de nación plasmado en 1917. Vayamos a la historia.

1. No fue casual que la iniciativa de ley que el presidente Adolfo López Mateos envió al Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica fuera para adicionar el párrafo sexto al artículo 27 constitucional y no al artículo 28, Ƒpor qué razón?

Desde septiembre de ese año el gobierno federal era ya el dueño absoluto de la American & Foreign Power y socio mayoritario de la Mexican Light. ƑQué necesidad había entonces de modificar la Constitución?

2. El argumento lo dio el presidente Adolfo López Mateos, cuando en sus consideraciones señaló que:

a) ''La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto requieren, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizado directamente por el Estado, a través de los órganos competentes'', y b) ''ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano''.

3. La respuesta Dictamen de las Comisiones Unidas, Primera de Puntos Constitucionales y de Industria Eléctrica de la Cámara de Senadores fue inobjetable al señalar que:

''La Reforma consiste en sustituir el régimen de concesiones a particulares, para generar, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica al país, que tenga por objeto la prestación de servicio público, por otro en que el Estado explote y aproveche los recursos naturales para la industria eléctrica con fines de beneficio colectivo''.

''Los recursos nacionales que sirven por ahora para la generación de energía eléctrica son principalmente el agua, el petróleo y el carbón, que según normas constitucionales son propiedad de la nación. En consecuencia, su aprovechamiento debe efectuarse para servir a la comunidad y no a personas o empresas determinadas, con fines principalmente lucrativos'' y se agrega: ''Consideramos que la reforma propuesta por el C. Presidente de la República corresponde exactamente a una adición del artículo 27 Constitucional, porque este precepto establece los derechos de la nación y regula el aprovechamiento de sus recursos''.

4. En efecto, hubo la disyuntiva de mandar la reforma al artículo 28 constitucional, sin embargo, también en este aspecto, el razonamiento del Congreso de la Unión, en voz del Senador Brena Torres, fue impecable ''porque el párrafo adicional, que constituye la reforma, estaría precedido de otro párrafo en el que, tras de establecer la posibilidad de hacer concesiones a particulares o sociedades civiles o mercantiles, dispone que ''tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno'', no se expedirán concesiones y que en exclusividad la Nación hará la explotación de esos productos. En consecuencia, es justificado el propósito del autor de la iniciativa en el sentido de que, dentro del mismo régimen de excepción en que se encuentra el petróleo, quede lo relativo a la industria eléctrica, porque en ambos casos concurren razones paralelas''.

5. Hoy, mediante una desbordada y millonaria campaña publicitaria se pretende convencer al pueblo de México, ignorando estos fundamentos constitucionales y confundiendo la exclusividad nacional en la prestación del servicio público con una caricatura de rectoría estatal, como la que propone la iniciativa zedillista.

Este último coletazo del fracasado modelo neoliberal y del grupo de tecnócratas que lo comanda no busca resolver los problemas reales del sector eléctrico nacionalizado, sus propósitos ocultos son: a) terminar de destruir las bases materiales de nuestra soberanía, plasmadas en la Constitución; primero la electricidad y a continuación el petróleo, y b) garantizar la suerte y continuidad del modelo neoliberal y de su candidato presidencial, mediante una contrarreforma que desborda lo que resta de este sexenio, y que cuenta con la aprobación condicionada del gobierno de Clinton y de las grandes corporaciones financieras internacionales. ƑLo permitiremos?