Alfredo Héctor Mirkin*
ƑQué pasó en el sector eléctrico argentino?

A mediados de siglo, algunas empresas prestadoras de servicios públicos no estaban adaptadas a las necesidades de la demanda. El poder político, en lugar de ejercer el control de sus actividades monopólicas mediante instrumentos adecuados, decidió realizarlo tomando a su cargo la prestación de los servicios, creando el Estado empresario.

Las empresas estatales se manejaron fijando tarifas que atendían objetivos secundarios como bajar la inflación y redistribuir el ingreso. El sobredimensionamiento de las funciones del Estado y las distorsiones en los precios fueron causas coadyuvantes que condujeron al país a las manifestaciones hiperinflacionarias de los años 89 y 90.

Resultó imprescindible encarar un cambio profundo en la economía nacional, principalmente, a partir del reordenamiento del sector público y la transferencia hacia el sector privado de sus empresas.

La Ley Eléctrica sancionada en 1992 es clara en cuanto a los objetivos fijados para el servicio. Entre ellos debe destacar ''proteger adecuadamente los derechos de los usuarios'', mandato de raigambre constitucional y cuya ejecución le cabe al Estado.

No quedan dudas que el modelo puesto en vigencia en 1992 ha permitido obtener excelentes resultados, expresados principalmente en el incremento constante de la calidad del servicio, la disminución de la tarifa en términos reales y el alejamiento, en el corto y mediano plazos, de riesgos de desabastecimiento por falta de oferta de energía eléctrica.

El lunes 15 de febrero de 1999 un accidente producido durante la puesta en servicio de una estación transformadora de la empresa EDESUR deja sin servicio eléctrico a más de 150 mil usuarios (siete por ciento del total de sus clientes). Esta situación, con una disminución paulatina de la cantidad de afectados, se prolongó durante diez días, provocando un fuerte impacto en la calidad de vida de la población, y ratificando el hecho de que el servicio público de electricidad resulta esencial en el desenvolvimiento de la sociedad moderna.

Esta situación se agravó ante el inadecuado manejo empresario de la crisis y, principalmente, la ostensible incapacidad de atenuar el sufrimiento de los usuarios. Quedó en evidencia la falta de un plan prestablecido que permitiera afrontar eficazmente contingencias de esta naturaleza.

La reacción de los usuarios afectados y la crítica de la oposición política, en muchos casos usando líneas argumentales erróneas, generaron un clima que dio lugar a la aparición de propuestas de retornar al sistema de Estado empresarial, sistema que ya había llevado al sector eléctrico a constituir una sería restricción para el crecimiento del país.

En situaciones de esta naturaleza, el Estado debe actuar con decisión, atendiendo al interés general y penalizando con el máximo rigor, en el marco de las normas vigentes, a los responsables.

La importante compensación a los usuarios, que alcanza un monto de 90 millones de dólares, responde a la necesidad de resarcir a todos los damnificados y, por otra parte, a emitir una señal económica a la empresa, comparable a la magnitud de los perjuicios mínimos presuntamente producidos. Al margen de ello, el contrato de concesión considera la posibilidad de obligar al cambio del grupo controlante de la empresa mediante la ejecución de la garantía.

De lo expuesto se advierte que el modelo contiene los elementos necesarios para que el Estado, que no desapareció sino que sólo ha cambiado su rol, pueda actuar con eficiencia en defensa de los derechos de los usuarios y de la sustentabilidad del sector.

El evento ocurrido dejó enseñanzas. Resulta evidente la necesidad de asegurar que las penalidades lleguen a las empresas concesionarias en magnitud y tiempos adecuados, a fin de que éstas reciban las señales que promuevan acciones correctoras en su gestión, en búsqueda de asegurar suficiencia y calidad en el abastecimiento. La definición de planes de contingencia aprobados por el ENRE posibilitará ordenar y tornar más eficientes las acciones que permitan paliar las consecuencias de accidentes de esta magnitud, de los cuales no está exenta ninguna empresa en el mundo.

No debemos caer en la tentación de propiciar un Estado compartiendo responsabilidades empresarias. Ello no implica en absoluto que pierda o diluya su insustituible rol de contralor de la gestión de las empresas privadas a partir del análisis de los indicadores de calidad previstos en los contratos, la aplicación de las sanciones que correspondan, y la evaluación de los niveles de inversión ejecutados como forma de anticipar tendencias.

Los procesos de restructuración tienen una dinámica que obliga al monitoreo permanente de los modelos implementados, con el objeto de introducir los ajustes necesarios que permitan cumplir en cada momento con los objetivos centrales de las transformaciones: no restringir el crecimiento de la actividad económica y mejorar la calidad de vida de la población.

* Alfredo Héctor Mirkin es asesor del Directorio de Mercados Energéticos de Argentina. Fue secretario de Energía de Argentina, de agosto de 1996 a diciembre de 1998.