José Blanco
Nuevos argumentos

Debido a su falta de sustento jurídico, los alegatos de inconstitucionalidad del proyecto de recuperación del valor de las cuotas de la UNAM pasaron a un plano secundario. Subsisten dos posiciones generales en contra: quienes han llamado a la movilización estudiantil (marchas, paros), haciendo caso omiso del contenido del proyecto, y quienes sí examinaron su contenido pero le oponen argumentos de carácter moral o político; una parte de estos últimos, también ha llamado a la movilización.

El primer grupo tiene un objetivo político propio, independiente del contenido del proyecto; por eso no lo analiza sino que lo descalifica en bloque. Lo ha hecho, como a tantos consta, en el estilo totalmente inflexible y autoritario característico de la política corporativa mexicana: "O se retira la propuesta o cerramos la UNAM", han dicho. Debido a la aún persistente opacidad de tal política, con frecuencia es imposible identificar a todos los actores que intervienen en la institución. No es difícil, en cambio, identificar las actuaciones que son puramente políticas.

Intentar mover a la UNAM ha tenido diversos propósitos: obtener prebendas políticas en otra parte o volverse un cuadro político cotizado o buscar ganar adeptos para una causa ulterior, electoral o no, por ejemplo. Esas actuaciones políticas desdeñan la vida académica de la universidad; por ello, en mi concepto, son ilegítimas. Naturalmente, ostentan un discurso de defensa de las "causas justas".

El segundo grupo ha ejercido su derecho a mantener posiciones en contra del proyecto; así lo han hecho también quienes piensan a favor. Agrego nuevos argumentos y datos a favor.

Si la reforma al Reglamento de Pagos fue aprobada ayer por el Consejo Universitario (escribo antes de ello), obtener una licenciatura en la UNAM costará 170 pesos al mes como colegiatura. Aunque será hasta dentro de cinco años que todos los alumnos, con recursos, hagan esa contribución. La nueva cuota equivale a 30.3, 30.6 y 29.0 por ciento de la cuotas mensuales de las universidades Autónoma de Durango, Autónoma de Nuevo León y Autónoma de Piedras Negras, respectivamente. Equivale también a 5.0, 4.1 y 1.6 por ciento de la colegiaturas mensuales de la universidades Iberoamericana, Panamericana y Autónoma de Guadalajara, respectivamente. La nueva cuota mensual de una licenciatura de la UNAM equivale, asimismo, a 7.8 por ciento de la colegiatura de la Preparatoria del Colegio Madrid, escuela de costo medio, sin fines de lucro.

La formación profesional en la universidad pública es un proceso social y colectivo (la enseñanza), con una contraparte de apropiación privada, individual, del conocimiento (el aprendizaje). Esa apropiación individual configura un instrumento que genera ingreso y permite el acopio de una cierta riqueza personal, de acuerdo con el éxito profesional de cada uno. La demanda de gratuidad, por tanto, se muestra como un absurdo populista: la entrega de ese valioso instrumento sin mediar un quid pro quo personal que, en cambio, establecido, no es ganancia pecuniaria para nadie sino corresponsabilidad en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en favor de la educación de los propios alumnos, dado que esos recursos tendrán como destino el rubro de presupuesto referente a los elementos materiales didácticos necesarios.

El Estado es constitucionalmente responsable de atender la educación superior: "El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos ųincluyendo la educación superiorų necesarios para el desarrollo de la nación" (artículo 3B, fracción V). Si el Estado es el responsable, el sentido jurídico de las cuotas previstas en la Ley Orgánica (artículo 15), aprobada por el Congreso de la Unión, es el de la corresponsabilidad social.

El llamado a la corresponsabilidad que hoy hace la UNAM no apela sólo a su base legal. También a la conciencia social: el Estado vive una estrechez fiscal tal que, en el Congreso, las oposiciones no dieron satisfacción a los requerimientos universitarios en el pasado periodo ordinario de sesiones. Menos aún pensaron en una política de Estado para la educación superior.