Dentro de la relación institucional, a veces tensa e improductiva, entre la Federación y el Gobierno del Distrito Federal, como ha ocurrido en el caso de la obtención de recursos públicos adicionales, vía endeudamiento, para invertirse en el desarrollo de la infraestructura urbana, sobresale en contraste un positivo y significativo acuerdo entre ambas instancias en materia de reservas ecológicas.

El convenio, que suscribieron hace apenas unos días la Semarnap y el Gobierno del Distrito Federal, se transfieren a la instancia local siete áreas naturales protegidas, de las cuales sólo tres (Desierto de los Leones, Insurgente Miguel Hidalgo y Cumbres del Ajusco) continuarán como parques nacionales.

La decisión tiene una relevancia que va más allá de las 3 mil hectáreas de zonas arboladas que ahora estarán bajo la égida de la autoridad local.

El hecho representa en sí un avance en el proceso de autonomía de la ciudad de México respecto al ámbito federal, que históricamente ha impuesto sus decisiones, muchas veces por encima de los intereses ciudadanos de la propia capital.

Otra ganancia, además del nuevo potencial ecológico ``de manejarse bien estas reservas'', reside en la oportunidad real que se abre para que sean las propias comunidades las que se corresponsabilicen y se conviertan en vigilantes más celosos y activos en cuanto a su uso, cuidado y mantenimiento, como podrá ocurrir en el caso de la prevención de incendios.

En estos territorios, todavía considerados parte de las ``áreas verdes'' de la gran urbe, es indispensable asegurar un equilibrio ecológico, además de que funcionen mejor como espacios de recreación o hasta transformarse gradualmente y con acotaciones precisas en desarrollos ecoturísticos que generen empleos e ingresos a la población.

Todas estas acciones, que son factibles, deben impulsarse al máximo, en la medida en que la responsabilidad local puede ejercerse más plenamente y sustentarse a la vez en ordenamientos y reglamentos que respondan al interés supremo de garantizar la supervivencia de estos parques nacionales e incluso de las otras áreas que tendrán un tratamiento diferente, pues lamentablemente la mancha urbana ya carcomió gran parte de las reservas ecológicas de que hasta hace pocos años todavía disponíamos.

Sabemos que en este sentido se discutirá pronto un proyecto de ley sobre medio ambiente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que deberá dar respuesta con visión integral a la grave problemática actual agudizada por acciones vandálicas como invasiones, prácticas incendiarias, erosión, devastación de árboles, contaminación del agua y, en general, hechos que merman o destruyen nuestros recursos naturales.

Tenemos así una nueva e importante responsabilidad, extensiva a autoridades, ciudadanos y legisladores, que de cumplirse, como creemos, demostrará una vez más que somos aptos para emprender y asumir otras y más grandes reformas hacia una entidad que, por ejemplo, podría gobernarse mejor mediante la constitución de municipios libres, aquí mismo, en la capital de los mexicanos.