El pasado primero de marzo se realizaron nuevas audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con los casos mexicanos conocidos por ella. Los resultados de las audiencias fueron nuevamente decepcionantes. El gobierno mexicano continúa rehusándose a cumplir con los compromisos internacionales contraídos en la materia, bajo argumentos como:

a) La independencia efectiva de los poderes, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene toda la voluntad de resolver los casos, las autoridades directamente competentes en ellos no lo hacen, y el Ejecutivo no puede coaccionarlas. Ello nos lleva al callejón sin salida de los costos de poder. De nada sirve que nuestro gobierno se comprometa internacionalmente si cada una de las personas involucradas en la administración pública actuará a su libre arbitrio. El gobierno central carece de control sobre las diversas instancias del Estado:

b) El fuero militar es inviolable. Si bien la SER está consciente de que efectivos militares han cometido graves violaciones a derechos humanos, nada puede hacer puesto que los militares viven en un país aparte, donde operan normas totalmente ajenas a los buenos propósitos de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Estos curiosos argumentos habían sido esgrimidos ya en las reuniones que se efectuaron durante la visita a México de Carlos Ayala, presidente de la CIDH, en las que el gobierno asumió compromisos específicos para resolver varios casos. Ninguno de los compromisos fueron cumplidos totalmente. Hay que decir que existen convenios específicos con plazos para cada caso, que en su abrumadora mayoría han sido ignorados por el gobierno.

La secretaria Rosario Green ha respondido airadamente al informe de Amnistía Internacional aduciendo, entre otras cosas, que la prestigiada organización no tomó en cuenta avances tan importantes como la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Habría que preguntarse si la aceptación de la corte y otros instrumentos internacionales es útil para mejorar la situación de los derechos humanos en México, porque la actitud asumida por el gobierno mexicano ante la comisión deja claro que las autoridades no comprenden el alcance de los compromisos que han asumido.

Hay que recordarles que las obligaciones contraídas por los Estados parte de la convención americana son asumidas por ellos frente a la comunidad interamericana como un todo, frente a cada uno de los demás Estados y frente a todas las personas, sin importar su nacionalidad, sujetas a la jurisdicción de éstos, como destinatarios de los derechos humanos reconocidos por ese instrumento. De acuerdo a los artículos 35 y 41 de la convención, ésta representa a todos los miembros de la OEA en su función de promover entre los Estados partes de la convención la observancia y la defensa de los derechos humanos reconocidos.

Hay que recordar también que la responsabilidad internacional del Estado procede al no prevenir, investigar, sancionar las violaciones a los derechos humanos, que tengan lugar dentro de su jurisdicción y garantizar la reparación del daño, por lo que la investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa de la víctima, sus familiares o las organizaciones. Asimismo, la obligación de reparar no se refiere sólo a la violación de derechos individuales que ha sufrido la víctima, sino al incumplimiento del compromiso asumido por el Estado parte frente a los demás Estados.

El gobierno mexicano debe entender que su reprochable conducta no afecta solo a las víctimas, ni a las organizaciones civiles que presentan los casos, ni a los comisionados. El incumplimiento de los compromisos internacionales reta a todos los Estados americanos y agrede a todos los ciudadanos del continente, independientemente de los argumentos que para justificar al gobierno utilice la cancillería.