n El PRI impide convertir al DF en una entidad con derechos plenos: Cárdenas

La demanda ante la SCJN busca defender los intereses de la ciudad

n No hay bases para negar la entrega de recursos del Fondo Municipal, insiste el jefe de Gobierno

Juan Antonio Zúñiga M. y Gabriela Romero Sánchez n El recurso de controversia constitucional interpuesto por el gobierno capitalino en contra del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión es una forma de defender los intereses de la ciudad, a la cual le fueron negados recursos injustificadamente, afirmó el jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Se intenta recuperar, dijo, ''la posibilidad que existía, hasta antes de que se eliminara al Distrito Federal del Fondo Municipal, de contar con recursos que se utilicen para programas de servicio a la ciudad, de servicio a sus habitantes''.

Cárdenas Solórzano se refirió así al recurso de inconstitucionalidad que interpuso el 4 de marzo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la exclusión del Distrito Federal del reparto de fondos municipales en 1999, por un decreto que reformó la Ley de Coordinación Fiscal, el cual implicó que la capital del país dejara de percibir alrededor de mil millones de pesos por este concepto.

Este proceso, explicó Cuauhtémoc Cárdenas, es distinto al que sigue la transformación del Distrito Federal en una entidad plena y que depende, de acuerdo con la legislación actual, de decisiones que pueda tomar el Congreso de la Unión.

''Yo esperaría que se pudiera avanzar en este sentido como lo ha propuesto el Partido de la Revolución Democrática, pero --puntualizó-- este es un proceso que ha venido frenando particularmente el partido oficial''.

El PRI, principal obstáculo: Batres

El líder de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Martí Batres, puntualizó que el PRI se ha convertido en el principal obstáculo para que la ciudad pueda transitar hacia la democracia y constituirse en un estado. ''Si ellos quieren jugar a ser un estorbo, que lo hagan, pero nosotros asumiremos nuestra responsabilidad y continuaremos en la lucha por establecer un nuevo marco jurídico'', advirtió.

Aseveró que cada vez que los legisladores perredistas dan un paso para cambiar las viejas estructuras de la administración de esta ciudad, los priístas emprenden una ofensiva en ámbitos del Poder Judicial. Pruebas de ello, dijo, son el amparo promovido contra la Ley de Asistencia Privada, el recurso de inconstitucionalidad del presupuesto del gobierno de la ciudad que aprobó la ALDF, y ahora el Código Electoral, con lo que se busca detener la municipalización del Distrito Federal.

En algunos casos, afirmó, el PRI ha tenido el apoyo del PAN.

Batres Guadarrama reconoció que hay puntos pendientes de la reforma política del Distrito Federal, en los que ahora hay que insistir a fin de sentar las bases que permitan crear órganos colegiados de gobierno en las demarcaciones. ''De otra manera solamente existiría un titular personal, unipersonal, cuando se requiere de órganos colegiados integrados de manera plural. Así, que tendremos que dar el paso necesario legislativamente'', precisó.

El coordinador perredista anunció que en el periodo ordinario de sesiones, que se inicia formalmente el lunes 15, se harán las modificaciones al Código Electoral dispuestas por la Suprema Corte.

Viviendas en Azcapotzalco

El jefe de gobierno respondió preguntas de la prensa al término de una gira de trabajo por la delegación Azcapotzalco, en la cual dio inicio a la construcción de las primeras 224 viviendas en el predio Ferrería-Alameda Norte.

En esta zona del noroeste de la ciudad de México el ahorro y la lucha organizada de demandantes de vivienda permitieron a mil 144 familias de la Asamblea de Barrios financiar el proyecto de ingeniería, negociar directamente con el grupo Bufete Industrial, que aporta la mayor parte del financiamiento y cuya empresa, Urbi, está a cargo de las obras, y conseguir apoyo del Instituto de Vivienda, que aporta subsidios y parte de los créditos.

Todo ello forma parte de una nueva modalidad de cooperación del sector social, la iniciativa privada y el gobierno local.