En diciembre de cada año, al discutirse el presupuesto público, diversos sectores declaran que es necesario introducir una reforma integral en el sistema fiscal del país. Sin embargo, hasta el momento, esto ha quedado como parte de los buenos deseos que en diciembre se formulan para el año que sigue. La polémica en torno a la propuesta del rector de la UNAM de elevar las cuotas estudiantiles está planteando la urgencia de atacar este problema.

La preparación de personal calificado en las universidades y la investigación científica y tecnológica son extremadamente caras. En México, las universidades públicas, en particular la UNAM, son decisivas en estos campos. Entonces, si el país no quiere quedar retrasado en ambos aspectos, ineludiblemente deberá asignar grandes recursos a las universidades públicas. El problema es quién debe pagar por esta inversión.

En el caso de la educación pública, la responsabilidad fundamental le debe corresponder al Estado. Pero los recursos que éste asigna a la educación son obtenidos a través de impuestos, por lo que la ampliación y mejoramiento de la educación requiere que el país esté dispuesto a pagar más tributos.

Existe una oposición generalizada a que los impuestos suban, la que se ha agudizado actualmente, dado que no toda la escasez de ingresos públicos se explica por el descenso en el precio del petróleo, sino que, en parte importante, se debe a la tradicional política gubernamental de hacerse cargo de los grandes malos negocios privados. Cuando éstos son rentables, las ganancias son privadas, pero cuando no lo son, las pérdidas son públicas. Los casos más recientes son el rescate de la banca y de las carreteras. Sin embargo, esto no puede negar que, en términos comparativos, los ingresos tributarios de México, con relación al producto, son extremadamente bajos, equivaliendo al 13 por ciento de éste. En Estados Unidos esta proporción alcanza el 19 por ciento, en Alemania y España, el 29 por ciento y en Suecia, el 37 por ciento. Lo mismo se observa si la comparación se hace con países de nivel de desarrollo similar al de México. En Chile, el gobierno capta el 18 del ingreso nacional, mientras que en Brasil esta proporción asciende a 20 por ciento. Pero la elevación de la carga sobre los ingresos no puede sostenerse sobre la misma base fiscal actual, dado que las tasas marginales sobre las ganancias y los salarios no son , en el país, sensiblemente diferentes a las del resto del mundo. O sea, el problema central es que la carga impositiva está distribuida en forma muy equitativa. Tampoco debe quedar fuera de la discusión la posibilidad de elevar los impuestos indirectos, como el IVA, pero para que ello sea políticamente posible, la sociedad deberá percibir que estos impuestos amplían y mejoran los servicios públicos y no se destinan a salvar los grandes malos negocios privados.

El elevar los impuestos requiere un acuerdo político nacional, al cual confluyan el gobierno, los partidos y los diversos sectores sociales. En la coyuntura actual, el rector de la UNAM, por el peso y el prestigio que la Universidad tiene en el país, puede catalizar la discusión nacional en ese sentido.

El oponerse a las cuotas sin plantear cuál es la vía para resolver el problema del presupuesto de la UNAM no lo soluciona, así como tampoco el decir en forma simplista que es el gobierno el que debe aportar los recursos, dado que ello exige que la sociedad esté dispuesta a aportarle más recursos al gobierno. De la misma manera, no puede hacerse de las cuotas la clave para resolver los problemas presupuestarios de la Universidad. Sin embargo, creo que no debe excluirse la posibilidad de que los estudiantes de que estén en condiciones de aportar una cuota lo hagan. Uno de los atributos démondés de los sistemas tributarios es la progresividad. Los sistemas tributarios actuales tienden a conformarse con base en impuestos indirectos, tales como el IVA, que aplican tasas comunes a personas con diferentes niveles de ingreso.

En México, país que se caracteriza por una desigualdad extrema en cuanto a ingresos, la aplicación de cuotas diferenciadas tendrá la virtud de ser impuesto progresivo. En ese sentido, creo que es administrativamente simple aplicar a los estudiantes de la UNAM que provienen de escuelas privadas uno cuota semejante a la que se paga en una preparatoria privada, mientras que los que llegan del sistema público pueden quedar exentos.