La iniciativa de modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, en materia de energía eléctrica, tiene una diversidad de aristas que todavía no han sido tocadas en el debate. Una de ellas es la viabilidad en México de una de las tecnologías de generación eléctrica que ha revolucionado al sector. Me refiero al ciclo combinado a gas natural. Esta tecnología, además de ser la de mayor eficiencia de todas las plantas termoeléctricas, puede construirse en etapas, ajustarse a diversas capacidades; tiene costos de inversión bajos y como utiliza gas natural, los impactos ambientales son menores que los de las termoeléctricas que utilizan derivados del petróleo.
El estuche de monerías que resultan ser las plantas de ciclo combinado, depende de un ligero detalle: la disponibilidad de gas natural. En esta perspectiva, en años recientes fue modificada la ley que regula el gas natural, permitiendo la concesión a particulares (nacionales o extranjeros) de su almacenamiento y distribución. Sin embargo, aún queda un problema por resolver: Ƒde dónde provendrá este valioso energético?
La mayor parte del gas natural de que dispone el país en la actualidad proviene de pozos asociados, es decir, de donde se extraen al mismo tiempo petróleo y gas natural. Por las características técnicas de explotación de este tipo de pozos, el ritmo de extracción de ambos hidrocarburos está íntimamente relacionado. No se puede sacar uno sin el otro, por lo que en los hechos, la explotación del gas está determinada por la demanda de petróleo. Por otro lado, desde hace algunos años, Pemex ha dejado de invertir en exploración y explotación de nuevos pozos de gas natural no asociado.
Estimaciones basadas en un modelos de planeación energética del Grupo de Energía y Ambiente del Instituto de Ingeniería de la UNAM visualizan que de seguir el crecimiento de la demanda de gas natural, particularmente para la generación de energía eléctrica, y de no aumentar la explotación nacional de gas no asociado, para mediados de la próxima década, el país deberá importar de Estados Unidos y Canadá, cerca de mitad del gas que consuma.
Al privatizarse la generación eléctrica, las compañías privadas invertirán, principalmente, en plantas de ciclo combinado a gas natural, debido, sobre todo, a sus bajos costos de inversión. Además, es factible suponer que las compañías privadas (preferentemente extranjeras) que inviertan en la distribución de gas serán las mismas que inviertan en plantas de ciclo combinado. Si Pemex no aumenta su inversión en la explotación de nuevos yacimientos de gas natural, la fórmula final será una dependencia del extranjero en el suministro de energía.
La inversión para generación con otro tipo de tecnologías, como fuentes renovables o lecho fluidizado (que permite disminuir las emisiones de azufre y óxido de nitrógeno de los derivados de petróleo), quedaría prácticamente suprimida, porque implican mayores costos de inversión para el agente privado.
La decisión de utilizar otras fuentes energéticas y por tanto, subsidiar en un inicio tecnologías que en la actualidad tienen mayores costos, corresponde más bien, a una decisión de política energética, ambiental y de seguridad nacional. Es así como creció la industria nuclear en Francia, la de generación por viento en Dinamarca o la solar en Estados Unidos.
Asimismo, las implicaciones del incremento en las plantas de ciclo combinado son claras en el caso de Inglaterra, donde la nueva instalación de este tipo de tecnología ha sido detenida por el nuevo gobierno laborista, debido a la crisis en su importante industria del carbón.
Aunque es cierto que la propia Comisión Federal de Electricidad, con o sin privatización en la generación, tiene pensado ampliar su capacidad instalada con base en ciclo combinado a gas natural, su calidad de monopolio público le permite, en los hechos, mantener su capacidad de orientación y definición de la estructura de generación, con base en una política energética integral.
Esta es una razón adicional para afirmar que con la privatización de la generación eléctrica en México se limita la capacidad de decisión del gobierno y se vulnera la política energética, tecnológica, de seguridad y soberanía nacional.