Emilio Pradilla Cobos

Empresarios, economía y política urbana

Ante la llegada de los tiempos electorales, las cúpulas empresariales hacen esfuerzos para que la opinión pública mantenga separadas la economía y la política; en 1998, el motivo fue el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, ahora IPAB) y la aprobación del rescate bancario; ahora es la privatización del sector eléctrico. La realidad es terca: el primer tema se falló a su favor --lo cual es discutible porque benefició a su sector más ineficiente y corrupto-- gracias al matrimonio político PRI-PAN, y el desmantelamiento del patrimonio eléctrico nacional y público, que beneficiaría sólo a grandes monopolios nacionales y trasnacionales y expropiaría a los trabajadores del sector y a todos los mexicanos, depende del mantenimiento de esa unión en torno a la política económica neoliberal.

Si alguna duda hay de que esta separación es imposible, la situación del Distrito Federal la disipa. La incompleta e insuficiente reforma política de la capital del país, aprobada por la alianza conservadora PRI-PAN, mantuvo en manos del Presidente de la República la presentación del presupuesto para la capital y su capacidad de endeudamiento, y en las del Congreso federal su aprobación, temas centrales en la economía urbana. La misma alianza en la Cámara de Diputados llevó a cabo la agresión política contra el gobierno democrático del Distrito Federal y dejó a éste sin una parte muy importante de los recursos para atender la creciente demanda de infraestructura y servicios, necesarios para soportar la actividad económica y hacer frente a la problemática social. Hay que recordar a los empresarios que las obras mayores y que consumen más recursos, como el Metro, drenaje profundo, acuaférico o infraestructura vial, las realizan grandes empresas constructoras, con insumos provenientes de la gran industria; su cancelación o aplazamiento afecta directamente sus negocios y ganancias. Los costos los pagan todos los capitalinos, empezando por los empresarios.

Los dueños del capital se quejan del costo económico que les causa la violencia urbana, pero se niegan a aceptar que la proliferación de la delincuencia se explica, fundamental pero no exclusivamente, por el desempleo masivo y la lacerante pobreza que afectan a la mayoría de los capitalinos y que se derivan de la política económica aplicada por el régimen político actual. Tienen también que reconocer, aunque no quieran, que la reducción drástica del presupuesto que le impuso la alianza PRI-PAN al gobierno de Cárdenas lo limita económicamente para sostener en condiciones adecuadas la lucha contra la delincuencia que reclaman a gritos. Si fueran consecuentes con sus intereses y demandas, los empresarios deberían exigir al bloque PRI-PAN que abandone su política neoliberal a ultranza, que mostró su incapacidad para garantizar un crecimiento económico sostenido, que genera desempleo y pobreza y es factor determinante del estallido de la violencia urbana. Tendrían que convocarlo a que concluya la reforma política para el Distrito Federal, a fin de dar a su gobierno y a su órgano legislativo las facultades necesarias para manejar su presupuesto y su endeudamiento.

Igualmente, podrían usar su influencia política para que enmiende el error político y económico que cometió al recortar el presupuesto del Distrito Federal y reducirle su capacidad de endeudamiento. Así, ellos y toda la población obtendrían grandes beneficios económicos y sociales.

Lamentablemente, su propia posición política e ideológica, teñida de sectarismo, les impide tomar distancia del bloque PRI-PAN y, con mayor razón, apoyar posiciones del Partido de la Revolución Democrática, de otros partidos políticos democráticos y de las organizaciones populares. Su acción política, conocida por todos, entra en contradicción con su economía. Aunque no convenga políticamente a las cúpulas empresariales corporativizadas al partido de Estado y fundidas con la política económica del PRI-gobierno-PAN, la política es la condensación de la economía, lo que se muestra, entre otros aspectos, en la política económica y sus efectos entrelazados en ambos campos de la vida social.