Jacinto Viqueira Landa
La propuesta presidencial de restructuración eléctrica plantea dos aspectos: uno, la apertura a la iniciativa privada de las actividades de generación y distribución de energía para servicio público; el otro, una nueva organización para el sistema eléctrico, separando las actividades de generación, transmisión y distribución y tratando de introducir la competencia en la generación.
La participación de la iniciativa privada en actividades de suministro de energía eléctrica para servicio público es una condición ineludible para recibir financiamiento de los organismos internacionales. Por otra parte, es una tendencia mundial el desligar las funciones rectoras del Estado de la propiedad estatal de los medios de producción.
Sin embargo, cada país constituye un caso particular, en función de los antecedentes históricos, del desempeño pasado de las empresas públicas y de las distintas alternativas de desarrollo futuro.
En México, el
crecimiento sostenido del suministro de electricidad, la
normalización de las características técnicas y
especialmente la unificación de las frecuencias
eléctricas, la integración de un gran sistema interconectado
y la electrificación rural y de zonas urbanas
periféricas son logros indiscutibles de la
nacionalización de esa industria.
Hay otros países, como Argentina, donde el funcionamiento de las empresas públicas se deterioró considerablemente en los 80 por falta de inversiones oportunas en mantenimiento de las instalaciones existentes y en las ampliaciones necesarias. Buenos Aires llegó a sufrir prolongadas interrupciones en el servicio eléctrico. Evidentemente, en un país con esos antecedentes la privatización de la industria eléctrica es acogida por la opinión pública de una manera más positiva que en México, donde el suministro de energía eléctrica por las dos empresas públicas: Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, ha cubierto de manera satisfactoria las necesidades del país.
En cuanto a la segunda cuestión, se plantean serias dudas sobre la viabilidad de la nueva organización propuesta para el sector eléctrico y la posibilidad de atraer inversión privada a algunas de sus actividades. El esquema de desintegración del sistema eléctrico propuesto en la iniciativa presidencial está inspirado en la solución adoptada y aplicada en Inglaterra y Gales.
Se trata de abrir la generación a la competencia, mantener la red de transmisión como un monopolio regulado ųcuyo control operativo es privado en Inglaterra, y sería estatal en Méxicoų y concesionar la distribución a empresas regionales privadas.
En primer lugar, debe decirse que hasta ahora la competencia en la generación en el sistema inglés ha sido muy imperfecta y los que se han beneficiado no han sido los consumidores sino los inversionistas privados.
En segundo lugar, se quiere extrapolar la experiencia de un sistema con una extensión geográfica limitada y generación puramente termoeléctrica y muy interconectado, a un sistema mucho más extenso geográficamente como el de México, con interconexión débil en muchos puntos y una generación hidroeléctrica significativa.
Por otra parte, es posible que al corresponder exclusivamente a la nación el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, y mantener el Estado el dominio de las redes generales de transmisión y distribución de energía eléctrica, se condicione el funcionamiento del mercado eléctrico y la libre competencia entre inversionistas privados, y finalmente el Estado siga subsidiando esas actividades.
La propuesta de desintegración vertical del sistema eléctrico mexicano tiene el riesgo de sustituir el sistema actual, que desde el punto de vista técnico ha funcionado bastante bien, por un esquema no probado para las condiciones del país. Parece más prudente buscar soluciones graduales que permitan ampliar la participación privada en el suministro de electricidad para servicio público, y al mismo tiempo propicien cierto grado de descentralización que disminuya el poder político central excesivo y contribuya a democratizar la vida nacional, pero que preserve los logros técnicos alcanzados y apoye el desarrollo de la ingeniería eléctrica mexicana y de la industria de manufacturas eléctricas.
A continuación se presenta una propuesta alternativa, basada en el hecho de que el sistema interconectado nacional está formado por ocho sistemas regionales, controlado cada uno por un centro, en Mexicali, Hermosillo, Gómez Palacio, Monterrey, Guadalajara, México, Puebla y Mérida.
Se propone convertir esos sistemas regionales en compañías eléctricas autónomas integradas verticalmente, incluyendo la generación, transmisión, distribución y comercialización, coordinadas por un organismo técnico que podría ser el actual Centro Nacional de Control de Energía.
Esas compañías regionales, en las que se aceptaría la participación del capital privado, operarían con criterios técnicos y comerciales que hicieran posible remunerar razonablemente el capital invertido.
Además de establecerse cierto grado de competencia por comparación entre las ocho compañías regionales, podría aceptarse en cada región la existencia de generadores independientes y la posibilidad de que los consumidores mayoristas pudieran elegir su suministrador de energía eléctrica, recibiéndola a través de las líneas de la empresa eléctrica, a la que se le pagaría el peaje correspondiente.