Antonio Gershenson

Electricidad: los riesgos

La figura de Productor Independiente de Energía es la única que, con participación de la inversión privada, empieza a tener efectos en gran escala, dentro de las planteadas en la reforma de 1992. La principal razón que dan ahora las autoridades para justificar el abandono de este esquema y su sustitución por el planteado en el documento de la Secretaría de Energía, es el alto riesgo asumido por el sector público y, en última instancia, por el Estado. Este riesgo había sido negado o minimizado en declaraciones y escritos oficiales anteriores al anuncio de esta nueva reforma. Aun ahora, no se explica claramente en qué consiste el riesgo, sólo se dice que la enorme cantidad de plantas y de inversiones previstas para los próximos años lo haría inaceptable.

Es preciso ver en qué consisten los riesgos, para ver qué alternativas pueden funcionar. El primero y más evidente es el riesgo cambiario. Los contratos de largo plazo (25 años es un plazo típico) firmados por la Comisión Federal de Electricidad con los productores independientes establecen casi todo el pago en dólares, o ajustables con el dólar. Sólo gastos de operación y mantenimiento, que son una minoría, van en pesos, escalables con índices nacionales de precios. Una devaluación elevaría de manera importante los pagos en pesos. Este riesgo también existe para los casos de arrendamiento financiero que vienen desde antes de la citada reforma legal, y que también se conocen como ComprarųArrendarųTransferir o, por sus iniciales en inglés, BLT. En este último caso, incluso, los montos de dinero involucrados en el riesgo son mayores.

Hay otro riesgo, que sigue siendo poco apreciado, que es el de las fluctuaciones del precio del gas natural. Como éste se basa, conforme a las reglas de Libre Comercio, en los precios del sur de Texas, también se vería afectado por una devaluación. Pero incluso el precio en dólares ha tenido saltos a más del doble, en 1992 en seis meses y en 1996 en sólo tres meses. Además de esas variaciones de corto plazo, el precio promedio anual cambia mucho, con un ciclo de poco más de cuatro años de duración, incluidas las épocas de precios altos y bajos. Ahora estamos en la temporada de precios más bajos, y, si el ciclo sigue como en la última década, el siguiente punto más alto será hacia fines del año 2000.

Estos riesgos no van a desaparecer si se reforma la Constitución, pues la deuda privada siempre ha sido asumida finalmente por el Estado. Así sucedió en 1982-83 y cada que ha sido necesario, hasta el año pasado, cuando el grupo Sidek suspendió sus pagos de deuda.

Una balanza comercial balanceada y previsiones que permitan compensar pérdidas con ganancias pueden jugar un papel. Pero el Estado debe tomar previsiones. En vez de destinar miles de millones a rescatar privatizaciones fracasadas, se debe formar un fondo que respalde a la economía nacional en casos de devaluación brusca.

Es más, ese seguro debe ser contra desequilibrios internacionales de diversa naturaleza, no sólo devaluaciones. Esto dará seguridad no sólo a las inversiones, sino al trabajo de millones de mexicanos.

Otra alternativa de solución, no para toda la economía sino sólo para el sector eléctrico, es el ajuste automático de las tarifas eléctricas con los componentes principales del costo de generación y conducción de la electricidad. Así como ahora se ajusta cada mes la tarifa de casi dos tercios de la electricidad del país con los cambios en los precios de los combustibles con los que se genera esta energía, se deberían ajustar con los otros elementos que conforman su costo. Así no sólo habría un seguro contra devaluaciones, sino también contra otros posibles cambios, sea en los precios de los combustibles, en las tasas de interés de los créditos contratados, etcétera.

Para que esto funcione sin afectar a personas o empresas con dificultades para hacer los pagos en estas circunstancias, es necesario que los subsidios sean claros, transparentes, que aparezcan incluso en el recibo de luz, que sean otorgados por el Estado y no por las empresas eléctricas, y que, como parte del Presupuesto, sean discutidos y aprobados, en su monto y en sus criterios de asignación, por la Cámara de Diputados.