Es un vicio común el hecho de que cada especialista de un área piense que la causa y solución de un problema se encuentran principal o, peor aún, únicamente en su particular disciplina de estudio.
Por la complejidad del tema, desde hace unos diez años, curiosamente en los países desarrollados se ha revitalizado el interés por las teorías del crecimiento y del desarrollo económicos, destacando que se entienden estos procesos no solamente como el resultado del libre funcionamiento de las fuerzas del mercado, sino de un amplio agregado de factores.
Por el contrario, en nuestros países se han anulado las opciones serias de estudio del desarrollo económico, incluso hasta el nivel de la satanización y del descrédito académico. En su lugar, el análisis casi exclusivo de la microeconomía, que se refiere al análisis de los comportamientos óptimos de los agentes económicos y, por tanto, de la obtención de equilibrios inmejorables, en muchos casos han subordinado totalmente al análisis complejo del desarrollo.
Una de las vertientes ``no economicistas'' que se han explotado en la materia tiene que ver con el fuerte peso que tienen las instituciones y los gobiernos en el desenvolvimiento económico de sus naciones. En ese sentido, destaca un artículo reciente (Enrico Colombatto, An institutional view of less developed countries failure, Journal of Policy Modeling, 20-5-1998), que defiende la tesis central de que en los países atrasados una de las causas de sus decepcionantes desempeños económicos se relaciona con la mala calidad de sus instituciones y de sus gobiernos. En tal sentido, debido a la combinación perniciosa que por décadas se ha dado de estas dos variables, se han creado amplios sectores rentistas (rent seeking sectors), que generan altísimos ingresos (canonjías y prebendas) a costa de la eficiencia social. De hecho, estos costos sociales y beneficios grupales ilegítimos son causa importante del debilitamiento del consenso social y del crecimiento económico.
En consecuencia, una recomendación central en la agenda de la política económica actual que defina objetivos para los próximos años debe tomar en consideración la renovación (abolición y generación) de marcos institucionales y élites gobernantes, que sean acordes con las condiciones y, más aún, con los propósitos y aspiraciones de las sociedades contemporáneas. En tal sentido, la democracia y la consolidación de un régimen de partidos es un avance en tal propósito, debido a que pueden ser factores de cambio en varios sentidos: a) socialización de deseos y propuestas; b) eliminación de esos costos y beneficios a partir de hacer valer el marco de las leyes; c) crear estabilidad social; d) generar confianza, variable de altísimo contenido social y económico para la sociedad toda.
Nuestro país, dentro del contexto de los países en desarrollo, se ha caracterizado no sólo por haber sido gobernado por un solo partido político (que ahora glamorosamente celebra su séptima década de vida), sino por sufrir un enorme deterioro de sus instituciones y de la estabilidad social.
Es buen tiempo para que dentro del debate nacional, en términos del país que debamos reconstruir, este aspecto institucional ocupe un lugar principal. Las medidas específicas, vendrán por añadidura. El orden deberá ser ese y no al revés, como algunos pretenden.