Aun cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas ha subrayado que la pérdida de soberanía y patrimonio nacional eléctrico es la razón fundamental para rechazar la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, conviene, sin embargo, analizar las afectaciones que en el terreno laboral tendría una eventual privatización del sector eléctrico nacionalizado.

1. La propuesta privatizadora de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, que anula la exclusividad de la nación, su carácter estratégico y la característica de servicio público de energía eléctrica, constituye un golpe de muerte al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de los trabajadores del sector, que en su cláusula diez establece: ``La materia de trabajo, objeto de este Contrato es el conjunto de actividades que se realizan en el ámbito de LyF para planear, generar, transmitir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica en la prestación del servicio público''.

2. Esta brutal agresión al CCT del Sindicato Mexicano de Electricistas se concretaría por varias vías. En primer lugar, por la interna, que implicaría las siguientes modalidades: 1) la transformación de LyF y Comisión Federal de Electricidad, de organismos descentralizados en empresas de participación estatal, para ponerlas en condiciones de venta; 2) la venta de parte de sus activos (de generación o distribución) al capital privado, para crear empresas eléctricas privadas regionales; 3) el adelgazamiento de lo poco que quedar de LyF, si es que dejan algo, eliminando las áreas de trabajo que el gobierno considera no sustantivas (construcción, transporte, servicios, etcétera).

En segundo lugar, la apertura total del sector eléctrico a la inversión del capital privado en la generación, distribución, comercialización, pero también transmisión, conllevaría la reducción inmediata y drástica de la materia de trabajo que actualmente LyF y CFE, tienen pactada con el SME y el SUTERM. Cualquiera de estas modalidades implicaría el despido de más de 11 mil trabajadores del SME, conforme a la Ley y el CCT.

El gobierno responde que operaría la figura de patrón sustituto, pero guarda silencio sobre las inevitables mutilaciones que sufrirían los Contratos Colectivos de Trabajo del SME y del SUTERM en la negociación de la nuevas condiciones de trabajo con las nuevas empresas eléctricas privadas.

3. El Ejecutivo federal ha subrayado que la privatización se daría ``en un ambiente de absoluto respeto a los derechos de los trabajadores eléctricos'', pero existen justificadas desconfianzas hacia este ``compromiso''. En primer término, ¿qué se entiende por absoluto respeto a los derechos de los trabajadores eléctricos? ¿Acaso el derecho que tendrían más de 11 mil trabajadores del SME, que serían despedidos y liquidados, según los planes de los privatizadores, conforme a la Ley y el Contrato Colectivo de Trabajo?

4. Como parte de su inocultable ignorancia en materia eléctrica, el actual director de CFE señaló que ``La mayoría de los planteamientos del SME son para preservar una serie de canonjías, que ustedes conocen bien y a las que no quisiera hacer referencia en su contrato colectivo de trabajo, y prácticamente sus planteamientos van siempre en esa dirección''. Daremos algunos datos para ilustrar su falta de conocimiento: el salario electricista apenas representó en 1998 el 7 por ciento de los ingresos totales de LyF, mientras en 1975 fue de 28 por ciento. Por otro lado, mientras en 1994 los salarios y las prestaciones totales (incluida la jubilación) representaron un 25 por ciento respecto de los costos totales de explotación, para 1998 esta relación había disminuido a 17 por ciento. Todo ello, en el marco de una creciente productividad de la fuerza de trabajo electricista.

El actual director de CFE, debería saber, como parte de sus obligaciones como funcionario público, que los verdaderos problemas de LyF no se encuentran ni en el Contrato Colectivo de Trabajo ni en su costo; éstos se ubican en que: a) compra energía cara a CFE, representando este costo más del 94 por ciento de los ingresos totales de LyF, y b) vende la energía por debajo de sus costos reales de explotación. Esta política descapitalizadora le generó a LyF una monstruosa deuda de más de 21 millones de pesos.

5. El Contrato Colectivo de Trabajo del SME desde hace tiempo ha estado en la mira de los neoliberales. Hoy, a ese interés de mutilarlo se le suma la iniciativa privatizadora. El único pecado de este contrato, además de que sus conquistas constituyen un mal ejemplo para el resto de la clase trabajadora, consiste en que convierte al sindicato en un real interlocutor de cualquier modificación a las condiciones de trabajo y de salario. No cabe duda, la privatización eléctrica es antagónica a la democracia y a los derechos laborales.