n Especialistas universitarios critican la iniciativa

CFE y LFC, autosuficientes; privatizar es invitación al caos

Miriam Posada García n Con profunda indignación por las ''aberraciones'' jurídicas y técnicas contenidas en la iniciativa presidencial para privatizar el sector eléctrico y por el trato de ''ignorantes y dogmáticos'' que el Ejecutivo ha dado a quienes la critican, investigadores y especialistas universitarios en el sector eléctrico convocaron a la sociedad a apoyar el movimiento del SME y a buscar a sus diputados y senadores para manifestarles su rechazo a la medida.

Reconocidos maestros e investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM echaron abajo los argumentos de la propuesta de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, al afirmar que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro son empresas autosuficientes, sometidas a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda.

También presentaron algunas de las muchas alternativas que se podrían aplicar al sector eléctrico antes de decidir privatizarlo, medida que calificaron de ''siniestra'', ''una invitación al caos'' y resultado de la falta de un proyecto de nación que tiene como futuro ''estrellarse contra las leyes de la física y la electricidad''.

En una mesa redonda efectuada en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, la maestra Leticia Campos advirtió que el Ejecutivo está pidiendo 4.5 veces más recursos de los que necesita invertir realmente en la industria eléctrica y coincidió con la maestra Sarahí Angeles en que Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza (LyF) venden al año 6 mil millones de dólares sólo en electricidad, por lo que son empresas autosuficientes, pero que están sometidas a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, a pesar de lo cual, dijo, contribuyen a que el país resuelva el 90 por ciento de sus necesidades eléctricas.

Campos detalló que, por mucho, el sector requeriría una inversión de entre mil 500 y 2 mil millones de dólares por año, ''pero el Presidente está pidiendo 4.5 veces más porque así pretende evidenciar que la industria eléctrica no es rentable''. Asimismo, cuestionó que la producción de electricidad para los próximos diez años se base en el uso de gas natural ųque el país no produceų, cuando en otros lugares actualmente se está recurriendo a la generación de ésta a través de viento, sol y uranio, ''elementos todos con los que cuenta México en abundancia''.

En el acto, donde fungió como moderador el maestro Sergio Suárez, los profesores José Luis Manzo, Víctor Rodríguez, Rafael Decelis y John Saxe Fernández coincidieron en que el gobierno federal debe dejar de practicar el ''terrorismo eléctrico'' y enfrentar a sus acreedores, y ''tener valor'' para dejar de destinar tantos recursos al pago de la deuda externa.

El responsable del posgrado de ingeniería energética, Víctor Rodríguez, dijo que la propuesta presidencial representa el desmantelamiento de la industria ''con infinidad de lagunas y sueños'' de los economistas neoliberales que tienen como destino estrellarse contra las leyes físicas y eléctricas. Esos, dijo, son sueños, resultado de la falta de un proyecto de nación lo que marca el camino para convertir a México en una parcela estadunidense.

Víctor Rodríguez propuso ''entre muchas alternativas'' previas a la privatización, la implementación de un importante programa de ahorro de energía, la disminución paulatina de subsidios, que éstos se otorguen sólo a quienes los necesitan, así como la puesta en marcha de un subsidio ''cruzado'' en el que los ricos subsidien a los pobres, que se aumenten tarifas en zonas como Las Lomas, y el Pedregal, y que además el gobierno se haga cargo de éste y no CFE. Además, dijo, se puede otorgar autonomía a las dos empresas, reestructurar y recapitalizar LyF, y bajo el supuesto de que no haya dinero, que se recurra al financiamiento privado, bajo el esquema de inversión CAT.

Por su parte Rafael Decelis, profesor universitario y miembro de la Fundación Colosio, aseguró que esta medida responde al acuerdo marco de febrero de 1995 en el que México se comprometió a eliminar la infraestructura nacional y la rectoría del Estado, por lo que advirtió: ''tenemos que trabajar para evitarlo porque con las modificaciones constitucionales propuestas se elimina el proyecto de nación''.

Señaló que las autoridades energéticas y hacendarias ''no tienen ética, técnica, ni vergüenza'', y destacó que si los priístas aprueban la iniciativa violarían los estatutos de su partido, contra sus principios ''y eso no sería nada nuevo'', por lo que confió que en la Asamblea Nacional se asuma una postura definitiva.

A su vez, John Saxe Fernández advirtió que este esquema no se puede aplicar sin complicidades y aseguró que existe una asociación para despojar al país de sectores estratégicos. La iniciativa ''es una invitación al caos'', y un negocio a expensas de la legalidad y la soberanía nacional, por lo que convocó a todos los mexicanos a apoyar el movimiento iniciado por el SME.

Exceso de personal en la industria de al menos 20 por ciento

Antonio Vázquez n En relación con la situación laboral de CFE y de LyF, analistas académicos y dirigentes industriales coincidieron en señalar que, a pesar de que hay exceso de personal sindicalizado en el sector eléctrico ųpor lo menos 20 por cientoų, no debe exigirse la desaparición del SME o del SUTERM como condición para invertir en esta industria. Una vez que haya nuevas empresas en México que compitan con aquellas, los trabajadores decidirán en dónde se representa mejor a sus intereses y quién les brinda mejores prestaciones.

Jacinto Viqueira, Claudia Sheinbaum, investigadores de la UNAM, y Alejandro Martínez Gallardo, presidente electo de la Confederación de Cámaras Industriales, aseguraron que lo importante es que la apertura traiga como consecuencia más fuentes de trabajo, mejor remuneradas y con una mayor representatividad y no como ocurre ahora, que ''por defender algunos bastiones o privilegios'', sólo unos cuantos se benefician. En todo caso, aseguraron, cualquier determinación sobre la vida interna de las organizaciones sindicales debe ser resuelta y definida por los propios trabajadores.