n Difícil cortar el problema de raíz por el limitado campo de acción: PGJDF

El crack y la cocaína desplazan a solventes en el gusto de adictos; gran riesgo en zonas escolares

José Galán n De octubre de 1998 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha capturado a 148 vendedores de drogas, ladrones y golpeadores afuera de algunos de los más de 8 mil centros escolares que existen en la ciudad de México, entre ellos a integrantes de la banda El Jarrito, que actuaba en la delegación Gustavo A. Madero, que junto con la Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo e Iztapalapa conforman el área central de introducción y venta de estupefacientes a escolares que incluyen a pequeños de nivel primaria.

La mariguana y los solventes han sido desplazados de la oferta principal de los narcotraficantes por el crack y la cocaína, sustancias altamente adictivas que favorecen la intención de la delincuencia organizada de crear cada vez más clientes, por lo que autoridades, directores, maestros y padres de familia han comenzado a intercambiar información detallada sobre todo de la apariencia y efectos del crack a través de los subcomités de seguridad escolar en proceso de instalación en todos y cada uno de los planteles capitalinos.

Sin embargo, la PGJDF reconoce --en un documento interno al que tuvo acceso La Jornada-- que la distribución de drogas y la delincuencia juvenil --''quizá la simbiosis más perniciosa para los cimientos de nuestra comunidad cívica''-- florecen y se expanden ante lo que consideró ''un marco institucional singularmente deficiente para atacar el mal de raíz''.

Para las autoridades ningún tipo de plantel está exento de este problema, desde las escuelas privadas más caras en zonas exclusivas de la metrópoli, hasta las federales en barrios como Tepito, Cuautepec o la colonia Nueva Atzacoalco, ya que el crimen organizado no se fija en las condiciones socioeconómicas, sino en la facilidad de hacer llegar su mercancía a sus clientes, sin importar qué tan pequeños estén.

A pesar de la existencia de lo que es calificado por la PGJDF como ''lagunas jurídicas'' para poder combatir con mayor eficiencia ese crimen, las autoridades han intensificado el intercambio de información de inteligencia sobre la delincuencia callejera y su ramificación hacia el tráfico de estupefacientes, con dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación, así como instancias dentro de la Procuraduría capitalina, como la Dirección General de Investigación de la Policía Judicial.

Además, la PGJDF actúa en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la detección y desmantelamiento de las redes de distribución, consideradas ''de alta movilidad'' y con una gran capacidad de disfrazar el negocio de venta de drogas al menudeo como venta de dulces, material escolar o sencillamente de alimentos, mediante el establecimiento de vendedores ambulantes que suelen ofrecer su mercancía a todos aquellos que se acercan para comprar las golosinas a la vista.

En el caso del crack --cocaína base preparada exclusivamente para ser fumada, lo que provoca, a decir de las autoridades, una de las peores adicciones y que hace que el consumidor necesite cada vez más dosis y de mejor calidad para soportar el vicio--, y de la cocaína, que si bien también llega a ser fumada generalmente es aspirada por la nariz, aunque se ha descubierto que los adictos se la han comenzado a inyectar directamente al flujo sanguíneo; su tamaño y forma de venta requieren de muy poco espacio y en ambos casos pueden ser disfrazados dentro de globos, en envolturas de dulces y golosinas o simplemente dentro de un sobrecito.

''La drogadicción y la distribución de estupefacientes es la fuente de mayor criminalidad juvenil, de relajamiento de la disciplina y de inseguridad en los 8 mil centros escolares de la ciudad'', sostiene el documento Seguridad en las escuelas: combate a la distribución de drogas y a la delincuencia juvenil. En este sentido, agrega que ''la Procuraduría capitalina es incompetente para perseguir la distribución de drogas''.

No obstante, alrededor de 20 por ciento de las personas arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público ''tiene su raíz en la posesión o distribución de drogas al menudeo'', y el problema radica en que ''las personas detenidas y las averiguaciones previas correspondientes deben remitirse a la PGR, la que a su vez los remite a los centros de integración juvenil''.

La PGJDF considera que ''su insuficiencia hace que los sujetos detenidos vuelvan a la calle y sus adicciones los induzca al delito para satisfacerlas''.