n José Antonio Rojas Nieto n

Reorganización eléctrica y cambio técnico

En los momentos en que la industria eléctrica se ve alentada por dos grandes cambios técnicos, justamente en estos momentos, surge la ocurrencia de privatizar el sector eléctrico nacional. Y no es que no sea cierto que se requiere mucho dinero para financiar su expansión; pero, sin duda, en ocasión del debate nacional que se ha abierto, resulta obligado profundizar dos aspectos: 1) los montos requeridos para la expansión eléctrica y el incuestionable mejoramiento del servicio; 2) las formas de obtener esos fondos. En ambos casos resulta imperativo escuchar con detenimiento a los especialistas.

Efectivamente, como lo señalan múltiples reportes técnicos: AES reports (1998); ABB Reports (1998); DGEMP, les couts de réference de la production electrique (1997); Lewington P., Electricity privatisation in the England and Wales. An example to follow? (1994); Krause Gilson G., Form theoretical to pragmatic isues: do we need independent power producers? (1994), entre otros, desde mediados de los años ochenta se empezaron a acelerar dos cambios técnicos fundamentales que han influido drásticamente en el proceso de reorganización de la industria eléctrica. Por un lado, los avances en tecnología de generación de electricidad que han conducido a unidades no sólo menores, sino menos costosas y más eficientes, como son las de ciclo combinado a gas natural, que se caracterizan por ser menos intensivas en capital, menos monstruosas que las térmicas tradicionales y, de manera fundamental, mucho más eficientes y limpias que esas plantas, pues aun en condiciones difíciles (atmosféricas y de temperatura) alcanzan niveles de abatimiento de costos no inferiores a 20 por ciento (hasta 35 en las óptimas), precisamente por su mayor eficiencia. Por otro lado, los progresos en las tecnologías de almacenamiento, manejo y administración de información y sus menores costos por unidad de datos, han revolucionado los procedimientos de producción, transmisión, control y distribución de electricidad en el mundo, de donde la creciente apertura a la competencia en generación eléctrica no es sino una leve muestra de ello. Además, de manera más reciente, la baja en el precio de los combustibles se ha sumado a ese nuevo entorno en el que se desenvuelve la industria eléctrica, para proporcionar un indudablemente nuevo y favorable entorno de gran aliento para esta industria. En algunos casos, como el de México, fuertemente impulsada por un crecimiento importante de la demanda. Estas trascendentales transformaciones que han alterado de manera radical los conceptos tradicionales para comprender y organizar la industria eléctrica no pueden ser utilizados como coartada para alentar la privatización, atribuyéndole al cambio privatizador factores virtuosos que se vinculan más a esas novedades técnicas y a la circunstancia del abatimiento del precio de los combustibles, que a la apertura de la competencia bajo sus diversas formas en los sectores eléctricos de diversos países, la que, de suyo, no ha dejado de mostrar fallas importantes que hay que analizar.

Lo cierto es que si en el caso de México, en ausencia de la búsqueda serena de formas alternativas de restructuración de esta industria hasta hoy nacional, se propone como única salida la privatización ųmás allá de esa retórica confusa que habla de la profundización de la rectoría estatal y de la manipulación del concepto de soberanía, por más necesario que resulte rediscutir ambos aspectos-, se dejará en manos privadas el beneficio del cambio técnico, cuando por el contrario, el momento tecnológico y social que vive la industria eléctrica en el mundo y en México, permite garantizar una mayor solvencia de las compañías eléctricas ųparaestatales en nuestro caso-, para financiar su expansión. No es justo que se le niegue a la industria eléctrica estatal mexicana su transformación progresiva en el marco de este cambio técnico y de este entorno especialmente favorable para el desarrollo eléctrico. Menos justo que se apoye esa decisión en un razonamiento que atribuye a la privatización aspectos virtuosos que poco o nada tienen que ver con ella, ocultando o minimizando sus regresiones. Esta dimensión técnica y económica del debate no se puede ignorar. Su análisis acucioso, y su presentación y discusión públicas exigen más tiempo y formas más refinadas de consulta, y no sólo la tradicional consulta pública de organismos. Si bien es cierto que las experiencias internacionales no han conducido a suspender o frenar los procesos de privatización, es indudable que han exigido la profundización de la discusión, y han alentado el concurso minucioso de técnicos, profesionistas, financieros, funcionarios gubernamentales, representantes de los parlamentos y congresos, especialistas y ųque no se nos olvide- consumidores y usuarios. Lo peor que pudiera pasar en estos momentos es que, en el ejercicio de una mayoría poco reflexiva y sensible a las dificultades que comporta el cambio constitucional, se tome una decisión apresurada en el Congreso y se nos lance a una aventura sin retorno, en la que las grandes ventajas que da un impresionante cambio técnico y una dinámica demanda, sean, como en muchos otros procesos, para el beneficio privado de unos cuantos... solamente.