El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC, ha realizado desde hace más de 14 años una labor permanente de defensa y promoción de los derechos humanos. Durante ese tiempo ha colaborado en diversas acciones para el fortalecimiento del estado de derecho, aunque ha presenciado también el aumento de la impunidad y ha experimentado sus consecuencias. Pese a las diversas formas de lucha para combatirla, su incremento es evidente, lo que ha implicado que las personas comprometidas en abatirla se enfrenten cada vez a mayores retos y riesgos.

Esa situación ha sido especialmente clara en el trabajo de defensa. Desde 1993, el Centro Vitoria ha atendido el caso del homicidio de Pedro Peredo Valderrama, quien fuera asesinado en diciembre de 1986. Los homicidas guardan lazos familiares con prominentes miembros del partido oficial, que además han ocupado cargos importantes en el sistema de impartición de justicia. Ello aparentemente ha determinado una indignante dilación de justicia, pues transcurrieron diez años para que las órdenes de aprehensión que existían contra ellos pudieran ser cumplidas. Esto se logró sólo tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues los familiares de Pedro Peredo Valderrama habían acudido durante estos años a todas las instancias competentes sin obtener respuesta.

Lamentablemente, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión no garantizó la justicia. El proceso contra los hermanos Aguilar Díaz -tales son los apellidos de quienes cometieron el asesinato- ha estado plagado de irregularidades graves, gracias a las cuales se obtuvo una sentencia absolutoria para dos de ellos, que fue apelada. La apelación dio como resultado una sentencia condenatoria de 30 y 23 años de prisión para dos de ellos, mientras el juez que dictó la primera sentencia fue denunciado penalmente por el Vitoria, ya que sus actos contribuyeron a vulnerar el estado de derecho y fortalecieron la impunidad. Quienes han sido sentenciados como responsables de la muerte de Pedro interpusieron un amparo contra esa sentencia, que se encuentra en trámite. Los señores Aguilar Díaz fueron puestos en libertad después de la sentencia absolutoria, y de la resolución del amparo depende que se libren órdenes de reaprehensión para que la sentencia condenatoria sea ejecutada. Mientras tanto, otro de los hermanos que fue detenido después, está a punto de ser sentenciado.

La actuación de las autoridades mexicanas frente al caso ha sido ambivalente. Han reconocido su responsabilidad ante la CIDH, pero se mantienen pasivas en las gestiones nacionales, lo que ha puesto en riesgo a la familia Peredo Valderrama, orillándola a solicitar protección ante instancias nacionales e internacionales. Esta lucha porque se haga justicia ha traído consecuencias tanto a los familiares de Pedro como al Centro Vitoria. Desde hace tiempo, los señores Aguilar Díaz han sostenido que el Vitoria se ha encargado de difamarlos y de perseguirlos, e inclusive han presentado promociones ante el juez en ese sentido.

Resulta grave que este tipo de imputaciones contra defensores de derechos humanos puedan hacerse, ante el silencio absoluto de las autoridades competentes. La búsqueda de justicia ha dependido exclusivamente del valor de una familia y de una organización civil, mientras las instancias formalmente encargadas de ello se han mantenido casi al margen.

La pasividad de la PGJDF y la mala actuación del Poder Judicial han generado la posibilidad de que hoy una organización de defensa de los derechos humanos sea acusada de ```actos de persecución'', mientras se desconocen las sanciones que debían haberse impuesto a todos aquellos que hicieron posible que la justicia se paralizara durante diez años.

Pero, como todas las otras organizaciones civiles de derechos humanos, el Centro Vitoria no puede permitir que el estado de derecho sea quebrantado por el poder de unos cuantos. Sabemos que, como ha dicho Mario Benedetti, ``la batalla es nuestra o de ninguno''.