n Señala comisión del Senado "imprecisiones" de la propuesta presidencial

Eliminar subsidios populares, objetivo de la reforma

Alonso Urrutia n En un análisis de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo del Senado de la República se advierte que, tal como está presentada la iniciativa de reformas al sector eléctrico, el objetivo fundamental de la apertura total al capital privado es eliminar el subsidio para las clases populares, pues no hay justificación para que tenga que participar obligadamente no sólo en la generación, sino también en la conducción, la transformación y el abasto de energía.

En ese sentido, la comisión encabezada por el cetemista Porfirio Camarena considera que existen aún muchas dudas sobre los objetivos reales de la iniciativa, razón por la cual consideran que será necesario privilegiar "el ángulo social, concretamente en la contribución que puede hacerse para abatir la pobreza".

De acuerdo con el Senado de la República, el subsidio global aplicado a las tarifas eléctricas en 1998 se calcula en 30 mil 749.9 millones de pesos.

En el documento se señala que en cierta medida es importante alentar la participación del capital privado en la producción de electricidad, y así poder garantizar el suministro de energía eléctrica en los próximos años, pero cuestiona el carácter con que se pretende realizar porque hay muchas dudas sobre el impacto que tendrá en millones de mexicanos que viven por debajo de la línea de pobreza.

Sin embargo, subraya que dicha participación del capital privado debería ser, "en mayor medida, como inversionista de riesgo en los esquemas fijados por los artículos tercero y 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, esto es, otorgando, en función de la oferta futura requerida, permisos suficientes de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción o importación y exportación de energía, a partir de las condiciones que en cada caso fije la Secretaría de Energía y sin que la inversión recaiga en el gobierno".

La comisión senatorial reconoce que si ese marco legal es insuficiente para la participación privada en la generación de electricidad, se podrían estudiar ajustes legales e institucionales que incentiven una mayor presencia de los agentes privados, pero respetando en términos generales la normatividad vigente.

Añade que no se trata de privatizar por privatizar. En tal sentido, indica, es necesario difundir la situación financiera de la industria eléctrica, su capacidad para enfrentar las inversiones requeridas en el mediano plazo con escenarios de participación privada y exentos de la misma, las opciones operativas, las consecuencias laborales y las posibilidades gubernamentales para enfrentar inversiones anuales de 41.7 mil millones de pesos en los próximos seis años, atendiendo a los aumentos de las tarifas, la reducción de subsidios, los créditos recuperables y los ajustes diversos en el gasto público.

Por ello, la comisión legislativa cuestiona: "ƑPor qué la inversión privada tiene obligadamente que participar integralmente en todo el proceso de generación, conducción, transformación, distribución y abasto de energía, en vez de limitarse únicamente a la primera etapa como lo prevé la norma vigente, esto es, generar y vender electricidad a la CFE, cinrcunscribiéndose a no más que un acto meramente mercantil?"

Advierte que tal como se presenta la iniciativa se pretende la cancelación de los más de 30 mil millones de pesos del subsidio, de los cuales 65 por ciento está destinado al sector doméstico, 15.3 por ciento al industrial, 12.9 por ciento al agrícola y el resto a sectores diversos. "La eliminación de esos subsidios es donde radica la verdadera intención".

La comisión senatorial cuestiona las imprecisiones de la iniciativa presidencial para preservar subsidios "transparentes y socialmente justificables. ƑBajo qué criterios de selección se aplicarían esos subsidios?", inquiere.

Asimismo, puntualiza que en la actualidad el otorgamiento de subsidios es "insuficiente" para compensar la situación de marginación y bajos ingresos que prevalecen en el país. En 1996, 29 millones de mexicanos se debatían en la pobreza extrema y 73 por ciento de la población ų67.8 millones de personasų estaba por debajo de la línea de pobreza.

Asevera también que ya en los últimos años se han limitado "sustancialmente" los subsidios a productos básicos como la leche y la tortilla, "por lo que esa privatización vendría a complementar el cuadro de cancelación de subsidios para las clases populares".

Por todo ello, considera necesario que la situación del sector eléctrico se enfrente con un ángulo social y se revisen los alcances de una privatización sin mayores objetivos que cancelar los subsidios, y reitera que aún quedan "muchas dudas" que hay que despejar para abordar la iniciativa presidencial.