n Investigación irrefutable comprueba su responsabilidad, afirma el ombudsman
Denuncia Luis de la Barreda ilícitos cometidos por un Ministerio Público
n El funcionario falseó información, favoreció a los acusados y aceptó prebendas, dice
Ricardo Olayo n Mediante una investigación "irrefutable", la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó irregularidades cometidas por un agente del Ministerio Público, involucrado en seis quejas interpuestas por ciudadanos, por entorpecer la integración de averiguaciones previas.
El caso retrata el proceder de muchos agentes del Ministerio Público (MP), que propician la impunidad. En esta investigación lo valioso es que se logró demostrar el abuso, dijo el ombudsman Luis de la Barreda, al presentar la segunda recomendación de este año, dirigida al procurador general de Justicia, Samuel del Villar.
El MP Luis Miguel Macchia Moreno se desempeña en la mesa de trámite número cinco de la delegación Cuauhtémoc y, según la CDHDF, favoreció a los acusados, falseó información a sus superiores y recibió dádivas de denunciantes, entre otras irregularidades, informó De la Barreda.
Dijo, sin embargo, que tiene el compromiso de Samuel del Villar, con quien se reunió el pasado lunes, para "reconsiderar" la primera recomendación, la cual fue rechazada por la Procuraduría hace más de dos semanas.
Todo ello, como muestra de la apertura y respeto por el trabajo de la CDHDF, destacó su titular, quien expresó su interés en conocer la decisión que tomará Del Villar respecto del cumplimiento de la recomendación.
Mientras hay una definición al respecto, dijo que espera que la aceptación sea inmediata y el agente del MP, Luis Miguel Macchia Moreno, sea suspendido del cargo por lo "nocivo" que ha resultado para la administración de la justicia.
En la recomendación 2/99 que ayer hizo pública pide que se inicien procedimientos administrativo y penal, por la conducta del funcionario, y que en su caso se termine la averiguación previa que ya existe en su contra por negligencia y cohecho, y se realice una auditoría de los asuntos tramitados por Macchia Moreno, a fin de detectar otras posibles conductas de dilación, entorpecimiento o denegación de la procuración de justicia.
De 1994 a la fecha, la CDHDF recibió seis quejas por hechos irregulares. Una de ellas, de Jorge Arizpe Monroy, quien en el caso de un homicidio se inconformó por la lentitud en las pesquisas. Entonces se asignó el expediente a otro MP, quien resultó hermano de Macchia y que también favoreció a los inculpados. Posteriormente, ante la queja del denunciante, se envió el expediente a un tercer agente del MP.
En este expediente, Macchia ayudó a los acusados a eludir su responsabilidad, proporcionando información y copias fotostáticas de la indagatoria, a cambio de dinero y favores como el préstamo de una casa en Cuernavaca y un automóvil.
Luego, en otras tres averiguaciones previas iniciadas por el delito de fraude, se entorpecieron las pesquisas, pues en algunos casos intimidó a los denunciantes al decirles que los consignaría si no probaban su dicho.
En otro asunto, "con evidente mala fe", destacó De la Barreda, ocultó información a sus superiores, para determinar que una averiguación previa fuera determinada como no ejercicio de la acción penal, pues no había delito que perseguir.
La investigación de la primera visitaduría de la CDHDF concluye que las instancias de revisión de estos casos, en los que no se indaga a fondo, no tienen los controles necesarios, por lo que se han dado por concluidos expedientes diversos.
No es justo generalizar que estas conductas son parte de todos los agentes del Ministerio Público de la PGJDF, pero lo que es un hecho es que el mayor número de quejas se han presentado por dilación en la procuración de la justicia. Así, de diciembre de 1993 a septiembre de 1998 se recibieron 2 mil 275 quejas por este motivo, y mil 512 por irregularidades en la integración, lo que hace un total de 3 mil 787.
La conducta de Macchia "comprueba ostensiblemente su incapacidad y su nocividad" en el cargo que desempeña y ofende a toda la sociedad por la violación de los derechos humanos de los denunciantes.