Rechaza Fidel Castro multipartidismo
y asociaciones opositoras en Cuba
n Condena la Iglesia católica las reformas al Código Penal que aprobó ayer el Parlamento
José Antonio Román, enviado, La Habana, 16 de febrero n En Cuba no habrá multipartidismo ni tampoco se permitirán asociaciones opositoras, sostuvo esta noche el presidente Fidel Castro, al defender la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, sancionada poco antes por el Parlamento, y que prevé penas de hasta 20 años de prisión para los disidentes.
Al fundamentar la validez de las aprobadas drásticas reformas al Código Penal cubano --criticadas por la Iglesia católica, no pocos disidentes y el gobierno de Estados Unidos--, Castro sostuvo que su gobierno asumía "un gran desafío y en circunstancias en que incluso algunos amigos no van a estar de acuerdo, porque entre otras cosas no se encuentran en nuestra situación; no habrá otros partidos, ni asociaciones, ni permitiremos que se actúe desconociendo la autoridad del Estado cubano".
El máximo líder del Partido Comunista de Cuba expuso que "es elemental que nos defendamos con armas limpias, legales, sin violación, porque es una necesidad", refirió la oficial Agencia de Información Nacional, al dar cuenta este martes que había concluido la sesión extraordinaria del Parlamento que se inició ayer.
Para Castro, las modificaciones al Código Penal, entre ellas la ley contra la disidencia, "serán utilizadas por la propaganda enemiga, pues hay una fuerte batalla ideológica; quieren conspirar, aprovecharse de nuestras debilidades internas, de las limitaciones... de la apertura económica, del turismo y fomentar la delincuencia para debilitarnos, porque el lúmpen es un aliado de la contrarrevolución".
La prensa local resaltó que en el proyecto para la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba se había propuesto una pena máxima de 30 años, pero que fue reducida a 20 años a sugerencia del gobernante cubano.
Se destacó también que se eliminó del texto cualquier parte que pudiera dar a entender que en Cuba se puede sancionar a alguien sólo por el hecho de disentir.
La agencia oficial Prensa Latina había dado cuenta poco antes de algunos extractos de la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que provocaron temor entre la disidencia.
La legislación establece penas de siete a 15 años para quienes suministren, directamente o a través de terceros, al gobierno de Estados Unidos información que pueda ser empleada en la aplicación de la ley Helms-Burton, con la que Washington busca internacionalizar el bloqueo.
Pero la sanción se incrementará de ocho a 20 años de cárcel si el delito se comete con el concurso de dos o más personas, si se realiza con ánimo de lucro, o mediante dádiva o remuneración, o el culpable obtuvo la información por medios ilícitos.
Además, si el culpable conociera o tuviera la información debido al cargo o profesión que realiza, si, como consecuencia del hecho, se producen graves perjuicios a la economía nacional, y el gobierno de Estados Unidos adopta represalias contra entidades industriales, comerciales o financieras, cubanas o extranjeras o contra alguno de sus dirigentes y familiares.
También se sancionará la posesión, reproducción y difusión de materiales de carácter "subversivo" del gobierno estadunidense y la introducción a la isla de docu- mentos y publicaciones con propósitos desestabilizadores desde Estados Unidos.
Se prevén penas de dos a cinco años o multas de hasta por 100 mil pesos cubanos (unos 4 mil 700 dólares) a quien colabore con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión que atenten contra la seguridad del Estado.
Poco antes de sancionar la polémica ley, el Parlamento aprobó modificaciones en 25 de los casi 300 artículos que integran el Código Penal y que además de prever la pena de muerte para casos de narcotráfico, incluye cadena perpetua, que hasta ahora no estaba considerada, y tipifica también los delitos de lavado de dinero, tráfico de personas, así como penas a las prostitutas.
La Iglesia católica de la isla condenó las drásticas reformas al Código Penal, así como la Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. En el marco de la XXVII Reunión Interamericana de Obispos, el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Lucas Ortega, dijo que las medidas, sancionadas a casi un año de la visita de Juan Pablo II la isla, podrían interpretarse como un "fracaso" del llamado papal a una apertura de Cuba al mundo.
Dos horas más tarde y de manera imprevista, Fidel Castro arribó a la sede de los trabajos episcopales, para saludar personalmente al enviado del Vaticano, cardenal Lucas Moreira Neves. La plática se prolongó por espacio de 15 minutos.
La sorpresiva visita se debió a que el enviado vaticano partía esta misma tarde a Roma, por lo que no estaría en la recepción que esta noche ofreció Castro a los obispos en el palacio de gobierno.
Ortega dijo que las penas máximas deben ser el último recurso, pues los problemas de la delincuencia van más allá de una conducta antisocial, pues tiene relación con los valores, la educación y la familia.
En cuanto al proyecto contra la disidencia, el prelado señaló que esta situación también "preocupa" porque la aplicación de la legislación dependerá de la interpretación que le den los jueces.
En tanto, el obispo estadunidense Theodore McCarrick, instó a los gobiernos de Cuba y de su país a tomar el modelo de las relaciones entre las conferencias episcopales de ambas naciones para resolver los conflictos existentes, mientras el presidente de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Oscar Andrés Rodríguez, respaldó el rechazo de la Iglesia católica al embargo contra Cuba.
Desde la disidencia, Magaly de Armas, esposa del disidente Vladimiro Roca, quien hoy cumplió 19 meses en prisión, comentó que "es como si el círculo se fuera cerrando, como si nos fueran encerrando en un círculo", mientras que el director de la agencia independiente Cuba Press, Raúl Rivero, opinó que la ley "constituye un intento de callar las voces de personas que están haciendo un trabajo serio".
Las drásticas reformas sancionadas por el Parlamento cubano "son acordes al mantenimiento del régimen de naturaleza represiva", dijo el vocero del Departamento de Estado, James Foley, al calificar las medidas aprobadas como "lamentables".