n Más de 136 muertos y 15 mil desplazados
Los acuerdos de San Andrés: tres años de incumplimiento
José Gil Olmos n Tres años han transcurrido desde que se firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, que no se han cumplido. Las consecuencias de esto son diversas y van desde el rompimiento del diálogo (hace 30 meses) y la desaparición de la Comisión Nacional de Intermediación, hasta la muerte de al menos 136 personas a manos de grupos paramilitares, el desplazamiento de 15 mil indígenas que huyeron a las montañas para salvarse de otra matanza como la de Acteal, o la salida obligada del país de 300 extranjeros que estuvieron en la zona de conflicto.
Los acuerdos sobre derechos y cultura indígena firmados el 16 de febrero de 1996 en la casa municipal de San Andrés Sacamch'en fueron considerados en su momento el paso decisivo para la firma de la paz en Chiapas; sin embargo, se convirtieron en una cuenta pendiente y su cumplimiento es ahora la principal condición para reanudar el proceso de paz.
Para llegar a la firma de estos primeros acuerdos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal negociaron durante 25 meses a partir de la aparición pública del grupo rebelde. Al llegar al primero de los acuerdos, el gobierno federal pensó que estaba allanado el camino para firmar la paz y por ello aquel viernes en que se signaron los documentos el forcejeo con los zapatistas era por que se dejaran tomar una foto para constatar que la paz estaba en ciernes.
En cuatro documentos, los nombres de los comandantes David, Tacho y Zebedeo aparecían junto a los de Marco Antonio Bernal y Jorge del Valle, enviados gubernamentales. Sin embargo, la ''foto histórica'' con que se pretendía vender la concreción del proceso de paz no se logró aquel mediodía.
El acto fue privado, por más que les insistieron a los 17 comandantes del EZLN hacerlo público. Al salir de la sede del dialogo para despedirse de los cientos de indígenas que esperaban en el zócalo del poblado tzotzil, el comandante David explicó por qué no habían aceptado tomarse la foto junto a los representantes gubernamentales:
''Llegamos a un acuerdo pequeño; no nos dejemos engañar de que sí se ha firmado la paz. Si no aceptamos firmar abierta y públicamente es porque tenemos razón (...) Siempre nos han pagado con traición nuestra lucha. No podemos hablar de paz si están encima de nuestros pueblos centenares de militares con sus carros, con sus tanques, con sus aviones. Eso no es paz, es signo de guerra'', sentenció antes de exigir al gobierno muestras claras de distensión.
La situación no cambió. Los acuerdos de San Andrés apenas duraron siete meses y su incumplimiento dio lugar a nuevas etapas del conflicto. La primera empezó el 2 de septiembre de ese mismo año, cuando el EZLN declaró suspendido el diálogo en respuesta a la decisión del presidente Ernesto Zedillo de no aceptar la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) elaborada con base en los acuerdos de San Andrés. El Ejecutivo federal modificó dicha iniciativa en enero de 1997 y el 14 de marzo de 1998 envió su propia iniciativa al Senado de la República. El secretario de Gobernación, Francisco Labastida, argumentó entonces que con este hecho se solucionaba una de las causas del conflicto.
A partir de la suspensión del diálogo de paz, la mesa de negociaciones se levantó y el panorama del conflicto armado en Chiapas se recrudeció: adquirió el nombre de ''guerra de baja intensidad'' y dio paso a una espiral de violencia que ha provocado la muerte de al menos 136 personas a manos de diez grupos paramilitares identificados en el informe Chiapas, la guerra en curso, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, publicado en febrero pasado, y también en la investigación realizada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y titulado La legalidad de la injusticia.
La nueva cara del conflicto
La suspensión del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, el 2 de septiembre de 1996, por el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, abrió las puertas de la violencia en la mitad del territorio chiapaneco y llevó al gobierno a endurecer su política.
La Conai, encabezada por el obispo Samuel Ruiz García, se disolvió luego de una campaña de desprestigio contra la diócesis de San Cristóbal, con la participación del propio Ejecutivo federal. En ese periodo también salieron del país 300 extranjeros que estaban en la zona de conflicto; 87 fueron expulsados supuestamente por intervenir en la política nacional y el gobierno presentó su nueva estrategia para Chiapas, en la cual reduce el conflicto a sólo cuatro municipios.
Al renunciar a la Conai, Samuel Ruiz sintetizó las agresiones contra la diócesis de San Cristóbal: ''Expulsión de siete sacerdotes por falsas acusaciones, negación práctica de residencia a los agentes de pastoral extranjeros, encarcelamiento de cuatro sacerdotes falsamente acusados y en franca violación a sus derechos humanos, cierre de unos 40 templos (algunos ocupados por el Ejército), órdenes de aprehensión a numerosos sacerdotes, religiosas y misioneros; presión a varios campesinos para que afirmen que la diócesis entrega armas a las comunidades, directrices a varios medios de comunicación para que tergiversen las noticias, generación de un clima de linchamiento, profanación del santísimo sacramento en varios templos por la policía de Seguridad''.
La matanza de 45 indígenas en Acteal por los grupos paramilitares de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997, fue un reflejo fiel de esta situación de violencia, lo mismo que el desplazamiento de 15 mil indígenas en los Altos y Norte de Chiapas, según datos de organizaciones no gubernamentales, o 7 mil de acuerdo con cifras oficiales.
La falta de mediación tuvo efectos inmediatos en 25 municipios donde hay comunidades indígenas simpatizantes del EZLN: los grupos paramilitares cometieron asesinatos, secuestros y detenciones ilegales; hirieron y amenazaron a todo aquel que rechazaba la ayuda oficial o expresaba simpatía por el grupo rebelde.
Así, paralelamente a los esfuerzos que la Conai y la Cocopa realizaban por reanudar el diálogo, en la mitad del territorio de Chiapas los grupos paramilitares empezaron a realizar acciones de intimidación que organismos de derechos humanos han llamado ''guerra de baja intensidad''.
Según el informe de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, estos grupos comenzaron a operar desde 1993, pero intensificaron sus actividades a partir de 1996 en los municipios de Chenalhó, Larráinzar, Chamula, Pantelhó, Yajalón, Ocosingo, Venustiano Carranza, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Las Margaritas, Oxchuc, Huixtán, Altamirano, Sitalá, San Juan Cancuc, Simojovel, Huitiupan, El Bosque, Frontera Comalapa y Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Los principales grupos armados formaron una nueva geografía policiaco-militar en Chiapas, pues se integraron a las posiciones militares tomadas desde febrero de 1995, cuando las tropas incursionaron en la selva Lacandona, los Altos y la zona norte, en busca de los líderes.
Diversos informes coinciden en que los principales grupos paramilitares en acción son Los Chinchulines, Máscara Roja, Primera Fuerza, Alianza San Bartolomé, Fuerzas Armadas del Pueblo, Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Degolladores y Thomas Munzer. Además se han detectado otros cuatro que no tienen nombre.
La matanza del 22 de diciembre de 1997 en Acteal no sólo descubrió la nueva cara del conflicto chiapaneco, sino que también permitió al Ejército Mexicano tomar nuevas posiciones y extenderse aún más que en diciembre de 1994, en respuesta a la ampliación de la zona de influencia del EZLN a 38 ''municipios rebeldes'', y en febrero de 1995 con la operación Fuerza de Tarea Arco Iris, mediante la cual se pretendió copar y aprehender a la dirigencia rebelde en las cañadas de la selva Lacandona.
Con el argumento de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a partir de finales de 1997 los militares instalaron más retenes, reanudaron las incursiones a comunidades zapatistas y continuaron las rondas de vigilancia aérea y terrestre que habían suspendido.
Extraoficialmente se reportó la presencia de 40 mil soldados en la zona de conflicto de Chiapas. Antes de la matanza de 45 indígenas en Acteal, las tropas estaban concentradas en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas, Larráinzar, Palenque y Sabanilla. Posteriormente se extendieron a El Bosque, Chenalhó, Pantelhó, Simojovel, Huitiupan, Bachajón, Mitontic, Sitalá, Nuevo Solistahuacán, Socoltenango, Tecpatán, Jitotol, Tecpatán y Ostuacan. Es decir, casi la mitad de Chiapas.