n Juan Angulo Osorio n

Un voto por el sufragio libre^*

No puedo firmar la declaración de validez de la elección de gobernador del estado de Guerrero.

Tengo razones de orden moral, político, pero también legal para ello.

Fuimos nombrados para ser garantes de la voluntad popular libremente expresada en las urnas. El artículo 67 del Código Electoral del Estado es muy preciso cuando indica que son fines de los organismos electorales "contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el régimen de partidos políticos y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio".

Y creo que en el último y decisivo tramo de nuestra encomienda no cumplimos con esos fines.

Siempre habíamos intentado conciliar posiciones entre los partidos, antes de pasar a aplicar sin matices alguna disposición del Código Electoral. Y ahora, cuando más se necesitaba asumir la misma actitud de conciliación, la mayoría de los consejeros, encabezados por el presidente, optaron por la aplicación fría y mecánica de una parte del código en una actitud que respondía a presiones de un partido político.

Dada la tensa situación política que se estaba generando, era nuestra obligación insistir ante el representante de este partido político sobre la conveniencia para todos, de abrir algunos paquetes electorales y recontar sus votos. Era humanamente imposible contar todos los votos, y era asimismo claro que llegados a cierto umbral sin irregularidades de consideración se desinflarían las exigencias del partido que proponía el cómputo de los votos boleta por boleta, y se contribuiría así poderosamente a la distensión política.

Pero no. Como si fuese consigna se tomó el criterio rígido llamado "ir de la manita del Código", como si no fuera en contra de la ley adoptar una actitud parcial, tan obvia que mereció amplios comentarios críticos en los principales diarios de circulación nacional.

No me reconozco en un consejo con este comportamiento ajeno al de ciudadanos independientes.

Mis compañeros Rosa Icela Ojeda y Fernando Xochihua están convencidos de que si se hubiesen contado las papeletas de varios paquetes se demostraría que no hay irregularidades graves, y que la coalición que involucra al Consejo Estatal Electoral en la comisión de un fraude electoral no tiene razón.

Yo compartía esta visión y hasta la defendí en una entrevista periodística en la que declaré que las autoridades electorales de todos los niveles habían tenido un comportamiento correcto, en términos generales.

Que aquí no estaba el problema ni cabía una impugnación de fondo. Que si el candidato de la coalición PRI-PRS sería reconocido legalmente, en el mismo habían influido prácticas que debieran desterrarse, como la utilización de recursos públicos para condicionar el voto.

Sin embargo, la lectura completa del documento titulado Acciones previas y durante la jornada electoral, que lleva el logotipo del PRI y de su candidato, me hizo sentir un ingenuo.

Ubicar como parte de su estructura electoral a 70 por ciento de los funcionarios de casilla da idea de una voluntad fraudulenta ante la cual de nada valen las razones, la disposición al trabajo ni la buena fe.

La negativa de la mayoría de los consejeros a siquiera considerar la propuesta de abrir paquetes y contar votos, arroja una sombra de duda sobre la actuación de las autoridades electorales, y ha reabierto en la sociedad un amplio debate sobre la necesidad de que se nombren consejeros verdaderamente independientes, sin compromisos con ningún poder, sin sujeciones a los partidos políticos, que promuevan una tranformación radical del organismo de arriba a abajo. Que terminen con esa inercia filopriísta que afecta a la mayoría de sus funcionarios y de sus empleados. Que haga cumplir el mandato legal que le da autonomía financiera.

Yo me uno, por supuesto, a esa exigencia de la sociedad y ofrezco mis disculpas por haber confiado en que, pese a todos los indicios en contrario --la negativa a firmar un compromiso para suspender la entrega de recursos públicos con fines proselitistas, el cambio sorpresivo de secretario técnico, la desaseada sustitución del consejero Enrique Díaz Clavel-- al final se impondría la fuerza de la sociedad que obligaría a un trabajo pulcro, profesional e imparcial de parte de los consejeros.

Los apresuramientos de último momento, las constantes y desafortunadas intervenciones de nuestro presidente ante el pleno y ante la prensa, las resistencias a sancionar a Televisa del mismo modo en que lo habíamos hecho con Televisión Azteca, la manera en que se operó la negativa a contar aquí los votos, aportan su gota a la mancha que cubre a esta elección que ya traía una cauda de iniquidad y desprecio por el ejercicio libre del sagrado derecho de los ciudadanos a votar y elegir, sin presiones de ningún tipo, a sus gobernantes.

Nosotros no tuvimos la fortaleza, la energía y la inteligencia para garantizar ese derecho y, por eso, yo no puedo ahora firmar el acta final de cómputo que declara válida la elección.

* Intervención al término de la sesión de cómputo del Consejo Estatal Electoral en Chilpancingo, Guerrero, la madrugada del domingo 14.