n Emilio Rabasa Gamboa n
El acuerdo sobre los desacuerdos de San Andrés
A tres años de la suscripción de los acuerdos de San Andrés Larráinzar (ASAL) el 16 de febrero de 1996, prevalecen dos interpretaciones distintas, aunque no completa- mente opuestas sobre los mismos en lo relativo a su transformación en una reforma constitucional.
De una parte, el EZLN sostiene que la única interpretación válida de los acuerdos es el llamado "proyecto de la Cocopa". Consecuentemente, cumplir con San Andrés significa que el Congreso de la Unión conozca y apruebe este proyecto. La consulta convocada para el próximo 21 de marzo busca apoyar ese propósito. Según esta versión, el gobierno incumplió con San Andrés al no haber enviado el proyecto Cocopa al Congreso, sino una iniciativa distinta que, además, no contó con la aceptación del EZLN.
El gobierno, por su parte, sostiene que el proyecto Cocopa representa en cuatro temas medulares una desviación de San Andrés, por lo que haber enviado ese proyecto al Congreso hubiese significado incumplir con los acuerdos, además de atentar en contra de la Constitución. No obstante, estuvo dispuesto (23/enero/98) a discutir un nuevo proyecto con el EZLN o en todo caso los cuatro diferendos del proyecto Cocopa. Adicionalmente, la parte gubernamental sostiene que en rigor y conforme al contenido de los propios acuerdos (punto 4, a), b) y c), Nuevo Marco Jurídico del Pronunciamiento Conjunto, documento uno) cumplió con el compromiso de impulsar las reformas de los artículos 4o., 115 y otros derivados de las anteriores, mediante la iniciativa presidencial conformada a los ASAL, a la consulta de 1996 y dos terceras partes del proyecto Cocopa, presentada ante el Senado el 15 de marzo del 98. Corresponde, por lo tanto, al Congreso la última palabra sobre este asunto.
Simpatizantes de cada una de las partes en este conflicto y en el debate sobre el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés han esgrimido todo tipo de argumentos para sostener o avalar sus respectivas posiciones. Aunque sigo estando convencido de las razones expuestas en el documento Observaciones que presenta el gobierno federal al documento de la Cocopa (febrero 98), creo que a estas alturas el problema ya no es tanto quién tiene la razón, sino qué podemos hacer para destrabar la suspensión unilateral al diálogo y superar las interpretaciones contrapuestas de los ASAL.
El problema no es, desde luego, sólo de exégesis jurídica. No se trata únicamente de encontrar la interpretación justa y adecuada de los ASAL. Tampoco es exclusivamente político. No se reduce a ganar o perder espacios de poder. Se trata de un problema profunda- mente humano.
El problema real en Chiapas es que las posibilidades de tranquilidad y bienestar de miles de seres humanos se ven afectados por la prolongación de este conflicto; se trata de comunidades indígenas asentadas sobre todo en una región de nuestro territorio que reclaman, y merecen, lo que queremos todos los mexicanos para toda la sociedad: convivencia armónica, desarrollo, oportunidades, justicia social traducida en alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y respeto a la diversidad cultural, política y social.
Pero, además, lo que puede convertir a la resolución de este conflicto en la piedra de toque de un México nuevo, es, precisamente, que los ASAL se han propuesto transformar la relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas, ampliando y consolidando sus derechos en un nuevo concepto de autonomía constitucional con respeto a los derechos humanos y de manera especial a los de la mujer. Esta autonomía contribuirá a que desaparezcan el olvido y la marginación del México profundo (Bonfil), el vasto y culturalmente rico México indígena.
A diferencia de otros países en este mismo continente que han dado a la solución de su problemática étnica salidas excluyentes, en México no ha variado la premisa fundamental de la inclusión indígena en el todo nacional. Desafortunadamente los medios para lograrlo no han resultado acertados. En los primeros cuarenta años de este siglo predominó el tutelaje basado en la errónea creencia de la minoría de edad indígena. Posteriormente vino la política integracionista a la cultura mestiza, su asimilación a la cultura políticamente dominante. Ninguno de estos dos enfoques ha servido para una solución definitiva y duradera.
A la distancia, resulta relativamente fácil asumir una postura crítica a las políticas indigenistas del Estado mexicano. No obstante, conviene recordar el carácter pionero de México, tanto en casa como en el ámbito internacional, en esa materia, así como el hecho histórico y cultural del mestizaje que un indigenismo sano y objetivo no puede negar.
Tampoco puede soslayarse que fue hasta los noventa, después de la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Senado de la República, cuando la Constitución reconoce la multiculturalidad, basada originalmente en los pueblos indígenas, como el componente esencial de la nación mexicana, con la reforma al artículo 4o. en 1992.
Hoy, ante el amanecer del nuevo milenio, tenemos la oportunidad de dar un salto cualitativamente significativo con la autonomía indígena, entendida en los términos de San Andrés como "la expresión concreta del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado nacional".
Para eso es preciso antes que nada terminar con la confusión teleológica imperante: los ASAL y su ejecución mediante una reforma constitucional no son un fin en sí mismo, sino un medio para un fin superior: sentar las bases para una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas.
La intensidad del debate y la lucha por el medio idóneo han diluido el objetivo central y desplazado su finalidad a un segundo término. Lo importante ya no es lo que se quiere con los ASAL, sino cómo lograrlo. Los desacuerdos por los medios han dejado fuera de foco el acuerdo sobre el fin principal: la nueva relación.
Es indispensable y hasta urgente un reposicionamiento y un ajuste en términos teleológicos: subordinar los medios al fin. Un re-enfoque del problema indígena acaso nos permita discutir otros medios idóneos para alcanzar un fin indiscutido: una nueva política de Estado que evite que los pueblos indígenas sean "objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política", como bien dice San Andrés. El gobierno federal reivindica hoy, como hace tres años, los ASAL. Considera que el Congreso de la Unión es la única instancia competente para la elaboración definitiva de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
Eso lo sabíamos tanto el EZLN como el gobierno federal a la hora de firmar en San Andrés, incluso, pactamos su envío a esa soberanía como parte sustancial de su cumplimiento. Los ASAL ya se encuentran en el Poder Legislativo federal.
El objetivo superior de replantear, de acuerdo con las condiciones contemporáneas, la relación entre el Estado, la sociedad y las etnias mexicanas no debe sacrificarse en aras de posiciones y proyectos políticos particulares. El gobierno y el EZLN pueden y deben poner en manos del Poder Legislativo sus opiniones para refrendar el espíritu de los ASAL. Las interpretaciones diversas pueden y deben rediscutirse mediante el diálogo
Por mi parte, reitero la disposición gubernamental a dialogar sobre cualquier tema que interese al EZLN. Todavía hay tiempo para enviar opiniones y sugerencias al Congreso que discutirá las iniciativas de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, que obran en su poder.
Elevar a rango constitucional los derechos de todos los pueblos y comunidades indígenas de México es el primer paso para una redefinición histórica de las relaciones entre los mexicanos, indígenas y no indígenas. Ningún desacuerdo puede estar por encima de ese acuerdo superior.
* Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas