MEXICO-EU: SALDO INSUFICIENTE

El encuentro cumbre efectuado ayer en Yucatán entre los presidentes de México y de Estados Unidos, así como los intercambios entre legisladores de ambos países, arrojan resultados disparejos e insatisfactorios. Por una parte, existe una creciente y perceptible distensión entre Los Pinos y la Casa Blanca, y ello es, por sí mismo, auspicioso y constructivo. Pero en la reunión legislativa se concentró la tensión bilateral y se presentaron, contrastadas e irreconciliables, las posturas de ambos países: la del nuestro, que demanda, en forma por demás justificada, y con base en principios elementales de derecho internacional, la cancelación del oprobioso e injerencista mecanismo de certificación de los esfuerzos gubernamentales contra el narcotráfico; y la de los integrantes del Capitolio, quienes se limitan a reiterar, no sin soberbia, que la disposición legal correspondiente no será modificada.

Así, de nueva cuenta, el inminente proceso de certificación o descertificación introduce un factor de incertidumbre y desencuentro en el ámbito bilateral. Aunque las expresiones del presidente William Clinton parecen indicar que el Departamento de Estado aprobará los esfuerzos de nuestro país en materia de guerra antidrogas, la postura inamovible de los senadores estadunidenses hace pensar que tal decisión encontraría una fuerte resistencia en el Legislativo.

En materia migratoria, el presidente Ernesto Zedillo y su huésped firmaron ayer un "memorándum de entendimiento" para crear mecanismos de seguimiento a las investigaciones sobre episodios de violencia cometidos contra migrantes mexicanos del otro lado del río Bravo. Clinton, por su parte, expresó un compromiso, más bien vago, de promover la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Se trata, sin duda, de logros en los que es posible percibir un cierto cambio de la actitud tradicional de Washington ante el fenómeno migratorio. Pero debe quedar claro que el problema de fondo permanece intacto: en tanto Estados Unidos mantenga vigentes expresiones legislativas federales y estatales que son intrínsecamente racistas, xenófobas, violatorias de los derechos humanos y ajenas a las realidades económicas y sociales de ambos países, los trabajadores mexicanos que acuden al país vecino en busca de empleo seguirán sufriendo toda clase de agresiones, vejaciones y atentados a su integridad física y moral por parte de autoridades o de ciudadanos comunes.

En suma, la reivindicación mexicana más importante ante Washington, en materia migratoria, sigue sin ser satisfecha: que las leyes estadunidenses dejen de catalogar a nuestros connacionales como delincuentes y que los consideren, en cambio, ciudadanos productivos que realizan un vasto aporte a la economía y la cultura de ambos países.

SAN ANDRES: TRES AÑOS PERDIDOS

Hoy, cuando se cumplen tres años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas, puede verse, en retrospectiva, todo lo que ha perdido el país, y Chiapas en particular, por el desconocimiento, por parte del gobierno federal, del texto de la Cocopa que recoge la esencia de esos acuerdos. A raíz de tal desconocimiento, el conflicto chiapaneco se empantanó, se agravó y se tradujo en una enorme cuota de muerte y sufrimiento que habría podido ser evitada.

Desde el 16 de febrero de 1996 a la fecha, la descomposición política y social y la ingobernabilidad en Chiapas se han ahondado de manera grave. En la sucesión de gobiernos interinos y sustitutos de los interinos padecida por la entidad no ha habido voluntad y capacidad ni siquiera para tomar conciencia de las razones de fondo que explican la vigencia de la rebelión indígena iniciada el primero de enero de 1994. La movilización y la presencia de grandes contingentes de fuerzas militares y de seguridad ųfederales y estatalesų en tierras chiapanecas no sólo no han servido para frenar la violencia, sino que la han acentuado e impulsado por la vía del apoyo a grupos paramilitares que operan con casi total impunidad.

Sin duda, el resultado más agraviante del impasse provocado por el gobierno federal con su rechazo a los acuerdos de San Andrés es la matanza cometida en Acteal en diciembre de 1997 por efectivos paramilitares armados, entrenados y organizados desde el poder público local y, acaso, también por instancias federales. Esa tragedia golpeó profundamente a las comunidades indígenas, ahondó el descrédito de las instituciones de procuración de justicia ųlas cuales no han terminado de esclarecer el episodio ni de definir las ramificaciones de complicidad entre los asesinos y las autoridades estatalesų y causó un severo desgaste político, en el país y en el extranjero, al gobierno mexicano.

Hoy es más difícil que hace tres años avanzar en la solución de fondo del conflicto y en la búsqueda de una paz digna y justa en Chiapas. Las dificultades seguirán aumentando día con día, y el cruento y polarizado escenario chiapaneco seguirá gravitando en contra de la estabilidad política, económica y social de la nación.

Resulta, por ello, necesario y urgente que las autoridades federales rectifiquen y acepten, de una vez por todas, las propuestas de la Cocopa que convierten los acuerdos de San Andrés en una iniciativa de modificaciones constitucionales y legales sobre derechos y cultura indígenas.