n José Blanco n

La Ibero

Cuando en un país de áspero autoritarismo vertical de larga data llegan los tensos tiempos libertarios de extirparlo, como hoy ocurre en México, es explicable la posición antiautoridad --a menudo embrollada por la confusión-- que vemos a cada paso.

Abundan en nuestros días los abogados de las "causas justas" que están contra la autoridad, cualquiera que ésta sea, de la entidad que sea, y cualesquiera que sean sus deliberaciones, porque en eso consiste ser "de avanzada", "progresista" --como antes se decía--, de "izquierda" o "democrático". Desde una posición antiautoridad a ultranza suele resbalarse tan fácil como insensiblemente hacia otra profundamente conservadora: no al cambio, porque es la autoridad la que lo impulsa.

Quien mantiene una posición antiautoridad, en ningún caso, en ninguno, tiene la razón, sólo por tratarse de esa posición. Como no la tiene la autoridad por serlo.

Algunas voces han sumado sus simpatías al sindicato de la Universidad Iberoamericana porque es la parte "débil" y hoy está frente o contra de las disposiciones de la autoridad académica de esa casa de estudios. No abundan, en cambio, creo, las voces que han intentado una reflexión sobre las disposiciones aludidas.

El asunto tiene múltiples aristas, y su naturaleza rebasa los muros de esa institución académica. Está, como grave telón de fondo, el maltrecho corporativismo mexicano, que penetró absolutamente toda la vida social y que no acaba de morir. Una dimensión de esta taimada forma de la dominación, consistió en sindicatos blancos, sindicatos "charros" y una clase variopinta de sindicatos "nacionalistas": todos metidos en el mismo costal de los intereses de los empleadores. De ese espacio surge el interés corporativista de sindicatos diversos por el gobierno y destino de las instituciones.

Debiera ser evidente: uno es el interés de empresas e instituciones, otro el interés laboral de los asalariados. La defensa de cada interés exige medios e instrumentos específicos genuinos.

El asunto se agrava tratándose de una entidad académica porque lo que está en juego son las reglas específicas por las cuales se genera y transmite conocimiento. Ni el interés laboral, ni el interés político del Estado, ni ninguno otro puede interferir esas reglas, sin deformar o destruir la posibilidad de generar y transmitir conocimientos, así como la institución no puede interferir en las reglas de la defensa de lo laboral, sin deformar o anular el sentido y razón de ser de la organización laboral, tal como ocurrió con sindicatos blancos y "charros".

Cuando la Rectoría de la Ibero defiende el principio de que la contratación, promoción, permanencia, de los académicos, sólo puede sujetarse a reglas y mecanismos académicos, le asiste absolutamente la razón. Cuando defiende el principio de que es la academia, y sólo ella, la que ha de definir la dirección de su propio desarrollo, está en lo justo, desde la óptica de la defensa de la autonomía del quehacer académico: generar y transmitir conocimiento.

Es indispensable conciliar inteligentemente los aspectos laboral y académico, que unidos concurren en la actividad de profesores e investigadores, pero que han de ser discernidos, a fin de sujetar cada aspecto a sus propias reglas. Un sindicato puede asumir la defensa de académicos, pero ello no debe ocurrir a través de comisiones mixtas sindicatoų institución, o en juntas laborales de conciliación, so pena de deformar o destruir la academia. Consejos académicos, comisiones dictaminadoras, consejos técnicos, instancias colegiadas de académicos regidas por normas académicas, son la única vía para garantizar a la sociedad que los profesionales que una institución le entrega, han pasado por una formación académica que ha estado sujeta a las reglas que le son propias.

Si por medios directos o indirectos el sindicato de la Ibero interviene en el gobierno de la academia, la Rectoría debe reconstruir y mantener, sin tregua, los principios legítimos de un gobierno universitario. La sociedad ordenada que a México urge demanda nuevas instituciones, esta vez no ficticias sino genuinas. En este caso, en bien del sindicato y de la institución.