n Provienen de familias con ingresos de hasta cuatro minisalarios: encuestas

Entre 10 y 30% de alumnos de la UNAM, exentos de nuevas cuotas

n El rector Barnés dijo coincidir con Cárdenas en lo que toca a la defensa de la universidad pública

Víctor Ballinas y Gabriel León n El rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, informó que entre 10 y 30 por ciento de los alumnos inscritos en la universidad quedarían exentos de cubrir las nuevas cuotas a esta institución, pues encuestas realizadas a los universitarios revelan que provienen de familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos o menos.

Al participar en el foro Superación de la pobreza, diálogos nacionales, Barnés de Castro defendió desde el estrado su iniciativa para incrementar el pago de las cuotas universitarias. ''A todos, o por lo menos a la gran mayoría, nos queda claro que un esquema de cuotas como el que se ha propuesto no sólo es equitativo sino que además garantiza que la universidad cumpla mejor su responsabilidad frente al Estado, y al mismo tiempo garantice un apoyo no sólo igual sino mejor a los estudiantes de bajos ingresos''.

Por otra parte, destacó que comparte ''totalmente lo planteado por Cuauhtémoc Cárdenas, en el sentido de la defensa de la universidad pública y de una institución que garantice que ningún estudiante por razones económicas pueda ser excluido de la matrícula. En la forma de lograr esto es donde seguramente tenemos diferencias. En el fondo, los dos luchamos por lo mismo''.

En su argumentación sobre la necesidad de revisar los costos de inscripción en la UNAM ų''que se han venido cobrando desde su fundación"ų, Barnés subrayó que con estos recursos se pretende incrementar 150 por ciento el número de becas que actualmente se otorgan a universitarios de bajos recursos; esto es, pasarían de 4 mil a 10 mil becas de nivel licenciatura. Y en el caso del bachillerato, las becas tendrían un incremento de 400 por ciento, al pasar de mil al año a 5 mil.

Interrogado sobre las posibles movilizaciones en contra de su propuesta, el funcionario aseveró: ''Sólo entenderíamos una movilización de ese tipo como otro intento de los grupos que buscan generar disturbios aprovechando cualquier iniciativa del rector. Hay estudiantes distinguidos de la universidad que están absolutamente convencidos y tienen todo el derecho de plantear sus argumentos sobre el problema de la educación pública que ofrece la UNAM. Están en todo su derecho de plantear su postura y defenderla. Pero también hay grupos de activismo permanente en las instituciones de educación superior, y particularmente en esta universidad. Se trata de grupos con 25 y 30 años de permanencia en la máxima casa de estudios, y se trata de grupos que suelen enarbolar cualquier bandera para iniciar una movilización estudiantil''.

El problema, advirtió, es que en situaciones como ésta se mezclen las dos posturas: ''Una, la que todo mexicano, todo estudiante, tiene derecho a defender; y la otra, la de los grupos que buscan cualquier pretexto para movilizarse''.

Barnés aseveró que ''desde ahora está abierta la convocatoria para la discusión sobre las cuotas'', y agregó que los interesados en presentar propuestas tienen que hacerlas llegar al Consejo Universitario, que es el órgano que deberá tomar en cuenta la iniciativa que envió el rector y, en su caso, realizar las modificaciones que considere pertinentes.

ųƑTendrá diálogo directo con los estudiantes universitarios?

ųEl rector no puede sentarse personalmente a debatir con 300 mil universitarios, para ello están los cuerpos colegiados, los órganos de discusión de la universidad, que es el esquema que la institución se da para conducir la vida universitaria, y es a través de los foros donde se puede llevar de manera más eficaz la discusión respectiva.

Cada uno, puntualizó Barnés de Castro, tiene todo el derecho de utilizar los foros que juzgue más pertinentes; los estudiantes, los académicos y los trabajadores de esta máxima casa de estudios ''no tienen ninguna cortapisa de cómo organizarse y cómo llevar a cabo sus discusiones y aportaciones. No la tendrán en esta ocasión''.

Al hablar sobre el porcentaje de alumnos que podrían pagar las cuotas con el incremento, el rector explicó que la universidad tiene dos estimaciones: una basada en la información que proporcionan los propios universitarios en la encuesta anual de ingreso; según estas cifras, alrededor de 30 por ciento de las familias de los universitarios perciben menos de cuatro salarios mínimos de ingreso; la otra estimación proviene de una encuesta realizada por profesionales. ''Esta nos da una visión que consideramos más cercana a la realidad, y en ella se estima que alrededor de 10 por ciento de alumnos provienen de familias con ingresos de cuatro salarios mínimos o menos. La realidad estará, seguramente, entre estos dos valores''.

Al concluir la inauguración del foro, Francisco Barnés de Castro saludó de mano a la maestra Ifigenia Martínez, quien le dijo: ''Señor rector, yo quiero platicar con usted sobre el asunto de la revisión de las cuotas. Deme una cita''.

En entrevista posterior, la destacada economista dijo que ella está de acuerdo en la revisión de las cuotas de la universidad. ''Quizá no en el monto que ha propuesto el rector, eso deberá decidirlo una consulta, pero sí es necesario que se incrementen para que la universidad cuente con mayores recursos''.

Precisó, sin embargo, que la modificación de las cuotas de inscripción universitaria no deberá ser el aporte fundamental de recursos de la institución sino sólo un complemento del subsidio que otorga el Estado.

A unos pasos de Barnés de Castro, los académicos de la Facultad de Economía y miembros del Centro de Análisis Multidisciplinario de la misma, David Lozano y Agustín Avila, daban lectura a su propuesta titulada La UNAM ante la modificación del reglamento general de pagos, que en sus líneas centrales de cinco puntos refiere el compromiso del gobierno federal de resarcir el presupuesto de la institución al mismo nivel que tenía en 1982, y que se considere a la educación una prioridad estratégica de la nación.

Además de la canalización de 50 por ciento de los sueldos de ''los altos funcionarios'' de la universidad a actividades académicas y de investigación; la integración de una miscelánea fiscal que rompa con el binomio recaudatorio (IVA e ISR) y, finalmente, el que los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México estudien la posibilidad de dotar de recursos a la Universidad Nacional Autónoma de México, dado que gran parte de la comunidad estudiantil proviene de esas entidades.