n José Agustín Ortiz Pinchetti n
Ley de participación ciudadana: Ƒpaternidad responsable?
El éxito tiene muchos padres. La derrota es huérfana, decía John F. Kennedy. Pero a veces las frustraciones también tienen padres imaginarios; en diversos foros, en un par de artículos y en comentarios de amigos me he enterado que se me atribuye la autoría de la Ley de Participación Ciudadana. Este ordenamiento ha recibido críticas severas; vale la pena que haga unas cuantas aclaraciones, no para "defenderme" sino para aprovechar la oportunidad de repasar un tema de gran interés.
1. Fui secretario técnico de la Mesa de Participación Ciudadana para la Reforma del DF; es cierto que la Mesa Central de la Reforma nos mandató a 15 especialistas para que formuláramos un documento de propuestas. El texto íntegro del documento fue hecho público por el periódico La Jornada el 3 de diciembre de 1998 con un generoso prólogo de Arnaldo Córdova.
El documento no pudo ser entregado a los partidos porque simplemente algunos de ellos desertaron y disolvieron la Mesa antes de terminar las negociaciones de la reforma.
2. No es verdad que yo fui el "autor" de la Ley de Participación Ciudadana aprobada en el otoño pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No conocí el anteproyecto de ley, no conocí el proyecto que finalmente fue aprobado por los legisladores, y ni siquiera fui convocado para una conversación con los asambleístas.
3. Al conocer la ley después de su publicación, encontré en ella claros avances democráticos y muchas asignaturas pendientes. La verdad es que creo que mientras no se modifique integralmente el régimen político del Distrito Federal, es imposible dar una respuesta completa al fenómeno de la participación ciudadana.
Nuestras propuestas contenidas en el documento que publicó La Jornada no fueron tomadas en consideración en la elaboración definitiva de la ley. Resumo algunas de las más significativas que no fueron incluidas en la ley y que pudieran ser incluidas en la agenda de una ronda de negociaciones en el futuro.
a) Propusimos el derecho de los ciudadanos a participar en colaboración con los órganos de gobierno en la preparación, adopción, ejecución y observancia de las decisiones y de actos de autoridad, sin menoscabo de que tales facultades serían exclusivamente ejercidas por las autoridades competentes.
Para hacer efectivo este derecho, propusimos la creación de Concejos Consultivos de Participación Ciudadana.
b) Propusimos el reconocimiento de los derechos ciudadanos a la transparencia de la función pública. Con ello la eliminación del secreto de la toma de decisiones gubernamentales que hoy es la regla general. Consideramos que no había ni hay ninguna razón para que los ciudadanos no se enteren de todos los procesos por los cuales las autoridades deciden, salvo de los temas específicos, que deben mantenerse confidenciales por razones de seguridad o interés públicos. Si estos procesos se transparentaran, la arbitrariedad, la discrecionalidad mal entendida, los abusos y la corrupción podrían reducirse drásticamente.
c) Propusimos que los ciudadanos puedan exigir a la autoridad que se mantuviera dentro del marco del estado de derecho y a impugnar los actos emanados de autoridades que carecieran de una adecuada fundamentación y motivación. Esto implicaba el reconocimiento del interés jurídico de todo habitantes del DF en la interposición de recursos, impugnando actos de las autoridades contrarios a la ley, aunque no tuviera un interés patrimonial específico en estos actos.
d) Propusimos el derecho de impugnar actos de carácter ilegal realizado por personas morales de interés público y también que los ciudadanos debieran ser consultados previamente a la expedición de normas reglamentarias.
e) Propusimos que se estableciera y se reglamentara el derecho de los ciudadanos a la exigibilidad de cuentas. Nuestra propuesta es mucho más avanzada que la existencia de un órgano de contraloría post-facto como la que existe. Proponíamos que una contraloría prospectiva, moderna, no un órgano burocrático controlado por la Asamblea e influido por los partidos, sino un concejo de ciudadanos independientes integrado por un sistema parecido al del Instituto Federal Electoral (IFE).
f) Propusimos que se establecieran límites precisos de tiempo para la confidencialidad de los actos de autoridades, con el fin de que una vez precluidos se pudiera hacer pública la información.
4. Ninguna de estas propuestas avanzó siquiera un milímetro. La nueva Ley de Participación Ciudadana establece ciertos derechos básicos y reconoce instrumentos tan importantes como el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana y la audiencia pública.
Será necesario que el Distrito Federal asuma la categoría de una entidad federativa de plenos poderes y que cuente con una Constitución local votada por su propio órgano legislativo para que los principios de participación ciudadana puedan incorporarse y desarrollarse en una ley verdaderamente avanzada.