n José Antonio Rojas Nieto n

Demanda de electricidad y financiamiento

Efectivamente, como señala José Luis Aburto este jueves en La Jornada, la demanda de electricidad ha crecido a ritmos más elevados que la economía. Pero es muy probable que en el mediano plazo resulte lo contrario, como se registra en los países en desarrollo y altamente desarrollados cuyo ritmo de la demanda de electricidad se vincula con un paulatino abatimiento de su intensidad energética e, incluso, de su intensidad eléctrica, es decir, de los requerimientos de energía o de electricidad por unidad de producto.

La información pública señala que en 1998 el producto interno bruto (PIB) creció 4.8 por ciento y que la demanda de electricidad 5.3 por ciento. Elasticidad aparente mayor a uno ųdicen los técnicosų, resultado de la conjunción de dos procesos: la extensión del servicio eléctrico en regiones y ámbitos de nuestra vida económica y social, e intensificación en el consumo del fluido eléctrico como resultado del cambio técnico, del cambio social, del cambio cultural y de la mayor capacidad económica de personas, familias, empresas y sociedad, que se refleja en el comportamiento del consumo promedio, el que junto con el crecimiento de los usuarios de electricidad determina el ritmo de la demanda.

Precisamente por eso, no hay que olvidar nunca que atrás de cualquier estimación o pronóstico del crecimiento de dicha demanda (en realidad de la de cualquier bien o servicio) están esos factores técnicos, económicos, sociales, culturales e, incluso, políticos. Y resulta pertinente recordarlo para reflexionar un poco sobre los supuestos que están detrás de la estimación oficial del crecimiento del consumo eléctrico en nuestro país, en estos momentos no inferior a 6 por ciento en los próximos 10 años, como lo ha señalado el secretario de Energía.

Uno de esos supuestos ųde la mayor importanciaų es el crecimiento de la economía y de la población. Si efectivamente, después del año 2000, el producto nacional crece a ritmos superiores a 5 por ciento, como se formuló en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces es posible que la demanda de electricidad lo haga a ritmos cercanos a 6 por ciento, siempre y cuando continúe el ritmo de crecimiento de la población, se mejore sustancialmente su capacidad adquisitiva y se sostenga o profundice el cambio técnico y la sustitución de combustibles y energéticos por electricidad.

Eso, efectivamente, le exige a la industria eléctrica más recursos para su expansión y modernización; nuevas formas de organización industrial y de atención a los usuarios; y, evidentemente, nuevos mecanismos de financiamiento. Pero ųjamás hay que olvidarloų la expansión eléctrica también garantiza un volumen importante de recursos por la vía de las tarifas, por ello buena parte de la expansión puede y debe financiarse con esos ingresos, sin necesidad de que las tarifas resulten prohibitivas, ni mucho menos, que se cancele el compromiso social de apoyar a los sectores que realmente necesitan subsidio, el que, por cierto, es pagado por la sociedad a través de impuesto, nunca por las compañías eléctricas.

En ese marco resultaría injusto, radicalmente injusto, atribuir a las empresas eléctricas estatales la responsabilidad exclusiva de los pasivos acumulados a mediados de los ochenta que, en aras de una mayor sanidad, fueron asumidos por el gobierno federal, entre otras cosas porque parte de ellos se generó por la política gubernamental que se vivió a partir del boom petrolero y que condujo a mezclar en la misma canasta de los subsidios a los sectores sociales que lo requerían, con las grandes empresas, y que se derivó de bajos precios de combustóleo, gas natural y electricidad.

Por ejemplo, en 1985 el precio del combustóleo en México era la cuarta parte del precio en Estados Unidos; el del gas natural la mitad; la electricidad para medianas y grandes industrias apenas poco más de la mitad del vecino país. Hoy, los precios internos del combustóleo y del gas (insumos esenciales de la industria eléctrica) se vinculan a los precios del sur de Texas; y la industria eléctrica mexicana no recibe ningún subsidio por combustibles y, sin embargo, el precio de la electricidad para medianas y grandes industrias todavía es inferior al de Estados Unidos. Además, las grandes industrias intensivas en electricidad que tienen un racional patrón de consumo, reciben precios todavía más bajos.

Tiene razón José Luis Aburto en advertir el deterioro del financiamiento de la inversión en la industria eléctrica mexicana. Pero en realidad, no es responsabilidad exclusiva de las empresas, sino de la débil política fiscal. Por lo demás, hay que subrayar que las tarifas son y deben ser la fuente principal de dicho financiamiento de la expansión. Y esto resulta no sólo posible sino obligado para las empresas eléctricas, públicas o privadas.

Y el financiamiento complementario ųnunca el principalų debe obtenerse de las fuentes que hay en el mundo para ello. Mezclar la lógica fiscal con la del financiamiento de la expansión, es confundir las cosas. De aquí que antes, mucho antes de la privatización, haya caminos que recorrer, uno de ellos, el de la autonomía de las empresas eléctricas y el de la autorización de formas para acceder creativamente a nuevas formas de financiamiento, sin renunciar a su carácter estatal y a su función social. Se puede.