Los recientes comicios estatales han puesto en jaque la posibilidad de una transición a la democracia. La compra y coacción del voto en forma masiva y el gasto desbocado e incontrolado en las campañas priístas demuestra que aún no es posible garantizar elecciones equitativas ni hacer respetar la autonomía de los ciudadanos. En ese marco de crisis política, sería importante para el régimen que algún gobierno priísta estatal demostrara tener capacidad de innovación política, mostrando así que hay fracciones modernas dentro del aparato autoritario. Aparentemente, esa era la intención del gobernador Miguel Alemán al iniciar su gobierno. Sin embargo, las realidades políticas se han impuesto ya a las promesas de campaña en Veracruz.

Alemán ofreció en su discurso de toma de posesión promover una ``nueva Constitución'' para la entidad. Tan atractiva oferta tenía el mérito de atender una necesidad objetiva de la vida pública. En efecto, la transición a la democracia exige la redefinición de las relaciones entre el gobierno y la sociedad y la actualización de los derechos ciudadanos. El reciente aniversario de la Constitución de 1917 ha sido ocasión para que una corriente importante de académicos, dirigentes sociales y actores políticos coincidan en la necesidad de contar con una nueva Carta Magna dado lo obsoleto e impráctico de la vigente.

Por esa razón, la propuesta de Alemán parecía adelantarse a los tiempos políticos nacionales. Sin embargo, al instalarse recientemente la Comisión para la Reforma de la Constitución, presidida por don Emilio O. Rabasa, el gobierno ha acotado sus intenciones; se trata sólo de impulsar una ``consulta popular'' para adecuar el marco constitucional veracruzano a las necesidades del momento (?).

Crece la sospecha de que el principal cambio constitucional que se quiere lograr es el relativo a los mecanismos para nombrar un gobernador sustituto en caso de renuncia temprana del gobernador electo, con el fin de evitar una nueva elección en caso de que Alemán renunciara a su cargo para luchar por la Presidencia de la República. Si ello es así, se comprobará que las expectativas generadas por la oferta de la nueva Constitución fueron, desde un principio, parte de un engaño a la opinión pública.

Los partidos de oposición se han deslindado ya de las labores de esa comisión, cuya integración por un miembro del Poder Judicial, uno del Legislativo y otro del Ejecutivo, implica que estaría bajo el control directo del propio gobernador. Sorprende la incapacidad del gobierno alemanista para concertar con los partidos una estrategia común que le diera credibilidad y legitimidad al proceso de reforma constitucional.

Una semana antes se había instalado la Comisión de Consulta para el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. Al igual que el caso anterior, el gobierno estatal no realizó los acuerdos previos con los partidos, de tal forma que éstos se vieron sorprendidos al constituirse la comisión, a la que se le impuso un plazo de sólo tres semanas para concluir sus consultas en la entidad.

Todo indica que, con más rapidez de lo pensado, hemos vuelto a la muy priísta tradición de la escenificación de consulta con el fin de darle un barniz de legitimidad a las decisiones ya tomadas por la autoridad. Lo peor del caso es que en Veracruz acabamos de pasar precisamente por una experiencia de ese tipo, impulsada en su momento por el gobernador Chirinos. Entre 1996 y 1997, se llevó a cabo, con la ayuda de un inmenso aparato publicitario, una Consulta Pública para la Reforma Democrática del Estado, la cual contó con el aval del PRD y tuvo a su disposición tiempo y recursos ilimitados. Sin embargo, todo el proceso terminó en un parto de los montes: cuatro reformas menores a la Constitución local, que fueron finalmente aprobadas al vapor sin debate previo.

En esta ocasión, parece ser que ni siquiera se llegará a los niveles de publicidad y de amplitud de convocatoria que tuvo la iniciativa reformista anterior. Ese no es un buen augurio para los veracruzanos ni una buena señal para un político que desea presentarse en el escenario nacional como una alternativa de última instancia en caso de que las divisiones internas del PRI conduzcan a una crisis de las candidaturas más relevantes.