n El apoyo federal seguirá fluyendo sin distinción, habría dicho el mandatario

Advierte el CAP a Zedillo sobre la

"dramática" situación del campo

n Pobreza, marginación y desempleo, caldo de cultivo para las opciones radicales y violentas

Rosa Elvira Vargas y Fabiola Martínez n El Congreso Agrario Permanente (CAP) advirtió ayer al presidente Ernesto Zedillo sobre las consecuencias que puede tener la "crítica y dramática'' situación que vive el campo mexicano. La pobreza, la marginación y el desempleo, dijeron al mandatario, son caldo de cultivo para que germinen opciones radicales y violentas que desplacen tanto a las instituciones oficiales como a las propias organizaciones campesinas.

En reunión a puerta cerrada en Los Pinos, de la que dio cuenta un boletín informativo, el propio Presidente habría respondido a los dirigentes del campo que los programas de apoyo al agro que impulsa el gobierno federal, "seguirán entregándose directamente a los campesinos sin distinción de ideología o de militancia partidista''.

Sin embargo, el documento presentado a Zedillo fue distribuido por el propio CAP y ahí se precisa todo aquello que expuso Alvaro López Ríos, coordinador del organismo que aglutina a las principales centrales campesinas del país.

Ahí queda explícito para el CAP que resulta fundamental establecer un compromiso que fortalezca, sin privilegios, la capacidad de gestión y respuesta de las organizaciones campesinas y, de ese modo, evitar "su debilitamiento'' y el riesgo de ser desplazadas de las zonas rurales, "por expresiones radicales altamente permeables a la presencia del delito del narcotráfico''.

Piden entonces al presidente Zedillo expida una ley de desarrollo rural que dé certidumbre y seguridad a las actividades productivas del sector agropecuario, le insisten en un mayor compromiso de las secretarías vinculadas con el agro, y le solicitan se refuercen los trabajos de organización, promoción y capacitación por medio de empresas y proyectos sociales.

Sólo así, explican al mandatario, podrá contribuirse a la autosuficiencia alimentaria, a la generación de empleo productivo, al incremento del ingreso familiar y, sobre todo, "a la paz y la estabilidad social y política de nuestro país''.

Previamente a tales conclusiones, el CAP hace a Zedillo un desglose puntual del resultado de los diversos programas que conforman la política agropecuaria de su administración y destacan que frente a los numerosos problemas de financiamiento oficial y de la banca comercial, "a nuestros productores sólo les ha quedado la opción del rentismo o de la preventa de sus parcelas, en una mala interpretación de lo establecido en el artículo 27 constitucional''.

Indican que en lo que va de esta década, apenas se tiene cubierto 45 por ciento del área que hace 10 años apoyaba la banca de desarrollo, pues a ésta se destina un presupuesto limitado que además está orientado al apoyo de las grandes unidades de producción, lo cual "deja fuera de esta posibilidad a la gran mayoría de los productores''.

Para demostrar lo anterior, el organismo acude a los datos de la depuración de los sujetos de crédito del Banrural en el periodo 1988-1996, que llegó hasta 75 por ciento, la mayoría de los cuales son productores de escasos recursos.

Al abordar el avance del rentismo, el CAP indica que muchos de los pequeños productores se mantienen al margen de la actividad y los que todavía no rentan hacen esfuerzo por mantenerse dentro de la producción, incluso recurriendo "al financiamiento informal de prestamistas usureros''.

Son severas las críticas ųen el documento del CAPų a la banca comercial y se exige ahí mismo redefinir la relación con sus instituciones, pues en los casos de financiamiento a cultivos como el maíz y el trigo, "se sobreprotegen aumentando desmesuradamente sus exigencias de garantía'' y al mismo tiempo usufructúan recursos que, como los del Fira, tienen inmerso un subsidio.

De igual modo, censuran que los recursos de Aserca, destinados a apoyar la comercialización, tuvieron para este año una disminución de 45 por ciento con relación a 1998.

Las exposiciones del CAP fueron escuchadas junto con el mandatario por los secretarios de la Reforma Agraria, Arturo Warman; del Medio Ambiente, Julia Carabias; de Agricultura, Romárico Arroyo, y del procurador agrario, Froylán Hernández Lara.

Otros puntos sobre los que el CAP llama la atención se refieren a la acelerada deforestación del país, la pérdida de especies vegetales y animales, la desertificación y, de manera especial, hacen énfasis en la afectación que ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para los productores agropecuarios.

De este modo, subrayan que en materia de precios y comercialización, el TLC impacta de manera negativa a los productores de granos básicos y, especialmente, a los pequeños productores, debido a la apertura de las fronteras nacionales a la importación de granos, carne y fibras en épocas de cosecha, "a precios muy por debajo de los internacionales, más allá de las cuotas pactadas''.

Autodefinido como uno de los pocos espacios donde la pluralidad no es confrontación sino construcción de consensos para contribuir al desarrollo del campo mexicano, el CAP pidió a Zedillo mantener el diálogo como el instrumento indispensable para fortalecer la presencia tanto del gobierno como de las organizaciones campesinas mediante la adecuada federalización de los programas sectoriales y entidades que vinculen la demanda social con las instituciones encargadas de atenderlas.

El documento que plantea al mandatario todo aquello que, desde su perspectiva, impide el avance del agro, está suscrito por los líderes de las organizaciones que conforman el congreso y que son: Alianza Campesina del Noroeste, Juan Leyva Mendívil; Confederación Agrarista Mexicana, Humberto Serrano; Central Campesina Cardenista, Max Agustín Correa; Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López; Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Federico Valle Vaquera.

Además, Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, Ignacio Iris Salomón; Unión General de Obreros y Campesinos de México, José Luis González Aguilar; Unión General Obrera Campesina y Popular; Margarito Montes Parra, y Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Rocío Miranda y Alejandro López Bravo.