Organismos civiles estadunidenses presentaron el pasado miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que examine a los Estados Unidos de América, ya que, de acuerdo con American Civil Liberties Union y California Rural Legal Assistance Foundation, el operativo Guardián, que ha significado la muerte de 360 hombres, mujeres y niños desde octubre de 1994, representa una clara violación al deber de los Estados miembros de la OEA de proteger la vida.

Los datos revelados por las organizaciones estadunidenses son escalofriantes: el operativo Guardián, diseñado para inhibir la migración de mexicanos y centroamericanos pobres más allá de nuestra frontera norte, pretende hacer imposible el cruce de la frontera entre Baja California y el estado sureño de California. Para ello se han implementado patrullajes y se han instalado, entre otras cosas, mallas, alumbrado, sensores y telescopios de visión nocturna, lo que ha empujado a los migrantes a desplazarse hacia las montañas y el desierto, donde deben caminar por dos días, prácticamente sin agua ni alimentos, con temperaturas diurnas que ascienden hasta 51 grados centígrados. La cifra de 360 migrantes mexicanos muertos por las condiciones que deben afrontar es conservadora, pues es un dato que proviene de los consulados mexicanos de San Diego y Caléxico. Los patrulleros estadunidenses han declarado que aún hace falta hallar cadáveres y que muchas personas han sido encontradas a punto de fallecer.

La dureza del operativo Guardián, que ha aumentado año con año, no ha conseguido sin embargo disminuir el número de ilegales que atraviesan la frontera. ¿Cómo podría hacerlo, si ese viaje constituye para muchos la única esperanza de sobrevivencia para ellos y sus familias? Entre 1995 y 1998 el número de detenidos a lo largo de la franja fronteriza entre California y el estado mexicano de Baja California ha disminuido en menos del uno por ciento. No obstante, han aumentado las muertes. De acuerdo con los datos proporcionados por las dos organizaciones civiles peticionarias ante la CIDH, en 1997 murieron 89 personas, mientras que en 1998 las víctimas del clima, la hipotermia, la insolación o el ahogamiento fueron 145, esto es, 63 por ciento más que el año anterior.

El operativo Guardián y sus consecuencias representa un claro ejemplo del uso perverso de la policía y de las autoridades migratorias en México y Estados Unidos. Las nuestras se lamentan en medios diplomáticos por la suerte que corren los compatriotas que cruzan la frontera norte, pero continúan empeñadas en implementar a ultranza un modelo económico que los obliga a dejar su lugar de origen en busca de las oportunidades que México les niega. Sólo por mencionar las cifras más elevadas, de los migrantes muertos en los últimos cinco años, incluyendo lo que va de 1999, 32 eran michoacanos, 25 de Oaxaca, 19 de Puebla, 19 de Jalisco y 14 de Guerrero. Estados todos ellos con importante presencia indígena y altos niveles de marginación en las zonas rurales.

Por otra parte, las autoridades estadunidenses no han procesado penalmente a ninguno de los empleadores de indocumentados en los condados fronterizos de California en los últimos cuatro años, ni han tomado medidas de ninguna otra índole para disminuir el atractivo del trabajo mal remunerado pero pagado en dólares más allá de nuestra frontera. Los Estados Unidos han preferido poner en práctica una estrategia que potencie el aniquilamiento de quienes intentan cruzar ilegalmente su línea, que tomar medidas que afecten a sus propios ciudadanos.

La petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el propósito de que esta instancia condene el operativo Guardián, y recomiende a Estados Unidos implementar estrategias que minimicen el riesgo de los migrantes de perder la vida, de modo que el discurso a favor de los derechos humanos que ha caracterizado a la administración Clinton se vea reflejado en los hechos. Mientras tanto, los 360 muertos en años pasados, y desafortunadamente los que con seguridad vendrán, serán víctimas de un país que los rechaza, el suyo, y de otro país, el guardián de las libertades, que los condena a la muerte.

Es muy importante que la opinión pública de nuestro país esté enterada de estos hechos, ahora que con tantas medidas de seguridad se encuentran los dos presidentes en Yucatán.