Ernesto Zedillo tiene una prioridad política para 1999: lograr que la postulación del candidato presidencial del PRI no escape de su control, a fin de que las ambiciones del grupo al cual pertenece y los intereses del narcosistema de poder queden asegurados por seis años más en México.
1. La sentencia de 50 años a Raúl Salinas de Gortari por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu no ha sido seguida, como algunos suponían, por una investigación a fondo de los crímenes de Estado, por una recuperación de los bienes de la nación o por una renovación política del gabinete para eliminar de él a los incondicionales de Salinas. Todo lo contrario: a fin de hacer valer su tesis de que una sanción ejemplar a uno de los suyos salvaría a la tecnoburocracia salinista y con ella a los intereses del narcosistema, Zedillo parece esforzarse en mostrar que no hay una ruptura mayor entre él y su predecesor, y que las prerrogativas del salinismo seguirán estando protegidas, por lo que ha insistido en nombrar en altos cargos a gente marcada por su salinismo, en garantizar la impunidad de los delincuentes del sexenio pasado y en proseguir con los mismos programas económicos, de manera que los prestanombres de Carlos Salinas siguen haciendo los grandes negocios en el México privatizado y todo ello con gran ostentación.
2. El forcejeo personal entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo por la sentencia, se está tornando, en consecuencia, en una disputa subterránea que se encubre en una aparente normalidad. Los más connotados salinistas han cerrado filas tras la decisión y, como los capos de la mafia de Chicago, han doblado la cerviz aceptando la sanción y la deshonra a cambio de salvar lo primordial: su control de la industria, de las finanzas y de los medios y, en consecuencia, su influencia determinante en el Estado.
3. El narcosistema de poder está incólume, y nada se hace por desmantelarlo; no influyen para ello ni la cercanía de la sucesión ni las amenazas del Senado estadunidense de descertificar a la actual administración. Zedillo podría incluso ofrecer al gobierno de Bill Clinton durante su encuentro en Mérida la cabeza de Mario Villanueva, el gobernador de Quintana Roo acusado de proteger al narco, a cambio de obtener la certificación, según sugiere The Washington Post (9 de febrero), y nada cambiaría con ello.
4. La paradoja de lo que acontece en México es que mientras los últimos acontecimientos se presentan para muchos como una ruptura, en lo económico y en lo político el país está viviendo en una absoluta continuidad: con las mismas políticas y la misma gente, en un verdadero transformismo.
5. Las ``elecciones internas'' de candidatos a gobernador que se han llevado a cabo en el PRI en los dos últimos años han sido todo menos procesos democráticos. Han configurado procedimientos contrarios a los propios estatutos partidistas, los que si bien prevén la consulta directa a los militantes como uno de los posibles mecanismos a seguir, no permiten elecciones abiertas a todos los ciudadanos (artículo 147), como se ha hecho. Esas primarias han sido denunciadas por los priístas como comicios amañados que tienen como objetivo movilizar a los sectores marginados que se benefician de las políticas clientelares del Estado, para organizarlos en vistas al 2000, tratando de que el PRI recobre su fuerza perdida y adquiera otra imagen.
6. La postulación del candidato del PRI podrá hacerse bajo nuevas apariencias, pero para proteger a quienes prevalecen en México continuará siendo un ritual antidemocrático, empezando porque nadie conoce las reglas a aplicarse. El Cofipe establece en su artículo 27 que los partidos deberán consignar en sus estatutos las normas ``para la postulación democrática de sus candidatos'', y el PRI no lo hace pues deja a la discrecionalidad de su cúpula el determinarlas en una convocatoria, en una violación a la legalidad del país de la que muchos no se dan cuenta: como Esteban Moctezuma (titular de Sedeso) que declaraba en enero a la prensa que no se lanzaría hasta conocer dichas normas.
7. El PRI no podría tener una elección democrática de su candidato presidencial por múltiples circunstancias que podrían resumirse en tres: a) carece de reglas democráticas internas, b) no existe un padrón individual de sus afiliados que permitiera una consulta de este tipo y c) quienes son sus miembros carecen de una cultura democrática y no tienen por qué aspirar a que las bases elijan al candidato.
8. Ernesto Zedillo conserva por lo mismo su privilegio no escrito de imponerle candidato al Partido, y no va a abdicar fácilmente de éste, máxime que de su ejercicio depende la salvaguarda de toda esa red de turbios intereses en los que está inmerso el grupo gobernante.
9. Es ese el escenario de la disputa actual, en la que algunos grupos priístas pretenden que Zedillo abandone esa prerrogativa: no para que los militantes puedan ejercer sus derechos, sino para imponer a su candidato. Un candidato que, por otra parte, podría ser funcional al narcosistema. ¿Quién podría asegurar que Manuel Bartlett no responde a los intereses del salinismo y del narcosistema? ¿O que Miguelito Alemán o Vicente Fox no les concede-rían una narcoamnistía a todos los responsables del desastre nacional?
10. La campaña en los medios pretendiendo que, ahora sí, las cosas van a ser diferentes, no piensa en la movilización de la sociedad y eso es lo que en verdad está cambiando en México.