La soberanía -concepto acuñado en la era moderna- es ahora un pretexto que usa el gobierno mexicano para justificar sus acciones y aniquilar a sus adversarios en el terreno del debate y quehacer público. Esto es así dado que para justificar ante la población mexicana su desconocimiento a los acuerdos de San Andrés y evitar su concreción constitucional, el gobierno federal afirmó que dichos acuerdos y la propuesta de reformas constitucionales de la Cocopa atentaban contra la unidad y la soberanía nacionales. Cuestión totalmente falsa, en virtud de que las demandas indígenas acordadas en San Andrés plantean el reconocimiento de la autonomía indígena en el marco de la unidad y la soberanía mexicanas.

Pero en el gobierno mexicano actual no hay dignidad ni memoria histórica, por eso hoy la historia se repite. Así, para justificar la privatización del sector eléctrico, el señor Luis Téllez ha retomado de nueva cuenta el concepto de soberanía, como un simple pretexto para acabar de destruir nuestra ``independencia nacional''. En este marco las afirmaciones del señor Téllez nos confirman esta realidad lamentable para la posteridad, al decir que ``la decisión de privatizar el sector eléctrico es una cuestión de soberanía, desde la perspectiva de que dará acceso a la electricidad, la industria mexicana podrá crecer y habrá generación de empleos. Es en síntesis (...) la posibilidad de tomar decisiones soberanas, para asegurar que haya energía eléctrica''.

Y frente a este tipo de pretextos disfrazados de iniciativas audaces, todos los mexicanos tenemos el deber de reflexionar y accionar. Quizá deba ser así, pero hay un conjunto de interrogantes que para muchos de nosotros no quedan claros. Así valdría la pena preguntarse: ¿Qué entiende el gobierno federal por soberanía? ¿Qué es una decisión soberana? ¿Por qué la privatización del sector eléctrico es una cuestión de soberanía? ¿Quién tiene acceso hoy día a la energía eléctrica? ¿Cómo se dará el acceso e introducción de la energía eléctrica a nuestras comunidades y regiones rurales e indígenas? ¿Y quiénes serán los verdaderos beneficiados de esta labor de privatización?

En el ámbito de la teoría jurídica, tradicionalmente se ha sostenido que la soberanía es un atributo que tienen los Estados -en el caso que nos ocupa, el Estado mexicano-, y ``que es el poder que no reconoce a ningún otro poder por encima de sí'' (Arturo Serrano Robles, Manual de juicio de amparo). Si esta es nuestra concepción, tendremos entonces que la privatización eléctrica sí pone en riesgo la soberanía nacional, dado que supedita el poder de los mexicanos -que conforme a nuestra Carta Magna reside esencial y originariamente en el pueblo- al poder del capital trasnacional. Aunque este hecho se quiera negar -con el régimen de privatizaciones profundizado en las últimas décadas-, el gobierno mexicano está vendiendo al mejor postor nuestra soberanía e independencia nacional.

Pero se ofende aún más nuestra dignidad cuando se afirma que habrá mayor acceso de los mexicanos a la energía eléctrica. Seguramente esta ventaja se seguirá dando en el caso de las grandes empresas e industrias, mas no para las comunidades indígenas y rurales, en donde tenemos que pagar altos costos por las luciérnagas que el sector eléctrico depara para los marginados y olvidados. De hecho hay pequeñas chozas en las comunidades mixes con tan sólo dos focos que alumbran el anochecer y amanecer de las familias mixes, en donde las tarifas han llegado a cobrarse a cantidades excesivas e indignantes. Lo anterior ha generado enormes descontentos sociales, al grado de que las mismas comunidades han tenido que tomar medidas radicales para detener los abusos.

Pero la historia de los abusos no termina aquí. Con la privatización seguramente se pretende que toda la infraestructura eléctrica, que nuestras comunidades se han ganado con el sudor de su frente y con grandes sacrificios, pase a manos de grandes inversionistas, que sin mérito alguno habrán de disponer de ella y usufructuarla. Programas tales como ``Luz al alcance de la mano'', que fue implantado en Oaxaca y alivió grandes rezagos en el ámbito de la infraestructura eléctrica, serán en adelante una pieza de museo, sin vida ni viabilidad para el futuro.

Pero la última palabra la tenemos todos los mexicanos. De nuestra capacidad de movilización depende en gran medida que nuestro país no acabe de perder los pequeños reductos de dignidad que nos han dejado. Y con todo ello es preciso afirmar que no somos los indios quienes estamos poniendo en riesgo la unidad y soberanía nacional, sino los hombres del poder y del dinero, que no conocen patria y dignidad.