COMUNICADO No. 2
ƑAumentan los recursos
para educación en 1999?
n Caen los gastos unitarios de enseñanza media superior y superior n Inequitativas, las aportaciones federales a los estados
A finales del año pasado, al conocerse que el Presupuesto de Egresos del Ejecutivo federal reducía severamente los recursos para la educación, particularmente para el nivel superior, se suscitó una amplia protesta de los sectores interesados y surgió un importante debate público. A pesar de ese debate y de la iniciativa de reformas al presupuesto formulada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para incrementar los recursos educativos, al aprobarse el presupuesto el monto asignado a la educación resultó de 181 mil 300 millones de pesos, curiosamente inferior en 210.9 millones de pesos al presentado originalmente por el Ejecutivo; sólo se consiguió que se reasignaran al rubro educativo 2 mil millones de pesos provenientes de fondos no ejercidos de 1998, principalmente del programa Progresa. Aprobado el presupuesto, quedaron sin respuesta muchas de las cuestiones debatidas en relación con el financiamiento de la educación nacional, que interesan a la opinión pública.
Las erogaciones por alumno y por habitante, inferiores a las de 1994
La Ley General de Educación prescribe que el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales ''tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación'' y procurarán ''destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública'' (art. 27). Si bien las autoridades señalan que el monto total del presupuesto educativo federal aprobado para 1999 resulta mayor en 1.85 por ciento en términos reales respecto del cierre estimado para el año anterior, es distinto el panorama si el gasto federal ejercido en educación se relaciona con el crecimiento de la población y con el de la matrícula pública, dimensiones esenciales para apreciar su valor real.
Así ha sido en los años anteriores. El gasto federal en educación por habitante, que en 1994 era de 674 pesos, ha sido menor en todos los años subsiguientes en términos reales (deflacionando con el índice implícito del PIB, 1993-100), como lo muestra el cuadro adjunto. Todavía en 1998 resultó de 663 pesos, o sea 1.6 por ciento menor al de 1994. Asimismo, el gasto por alumno matriculado en la enseñanza pública, que fue en 1994 de 2 mil 521 pesos, ha sido inferior en todos los años de este gobierno; en 1998 fue de 2 mil 503 pesos, esto es. 0.7 por ciento menor al de 1994. (Datos del Anexo Estadístico del cuarto Informe de Gobierno y Criterios generales de política económica para 1999).
Por tanto, si se dimensiona lo que el gobierno federal gasta en educación con el crecimiento demográfico y con la expansión de la matrícula atendida, se concluye que en todos los años del gobierno del presidente Zedillo el gasto federal educativo ha disminuido en términos reales, contradiciendo el propósito estipulado en la Ley General de Educación. Así será también, previsiblemente, en 1999.
Se favorece a los niveles
básicos a costa de los otros
La manera como los recursos federales se han venido distribuyendo en este sexenio entre los diversos niveles escolares es también motivo de preocupación. Tomando como referencia el año 1994, los niveles básicos (preescolar, primaria y secundaria) han resultado crecientemente beneficiados, pues su gasto por alumno ha aumentado 14.6 por ciento, lo cual en sí es laudable; en cambio, los correspondientes a los niveles medio-superior y superior han disminuido: el primero 25 por ciento y el segundo 46.3 por ciento en estos cuatro años.
Aunque en estas tendencias influyen varios factores (entre ellos las dinámicas de cada demanda), revelan ciertamente prioridades de atención que afectan tanto las metas de cobertura como las posibilidades de elevar la calidad educativa. Resultado de estas políticas ha sido que el número de jóvenes del grupo de 20 a 24 años que se ven excluidos de la escolaridad sea cada vez mayor: en 1982 eran 5.5 millones; en 1998 fueron 8.3 millones.
A la opinión pública le interesa conocer en qué se fundamentan estas tendencias de asignación financiera que tienen serias consecuencias a largo plazo, y poder participar en su discusión.
El gasto educativo estatal,
22.9% menor que en 1994
Con excepción de 1997, el monto total de los recursos que las entidades federativas dedican a la educación ha sido menor en todos los años de este gobierno respecto del que existía en 1994, y si bien en 1997 aumentó en comparación con 1996 (9.1 por ciento), siguió siendo 22.9 por ciento menor, a pesos constantes, al ejercido en 1994 (Datos del Compendio del gasto educativo, SEP, 1998, p. 24).
Con la federalización de la enseñanza básica iniciada en 1992 se pretendía lo contrario; se esperaba corregir la ''asimetría'' de las aportaciones económicas de los estados, reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo Educativo de este gobierno. La política de la SEP ha consistido en seguir distribuyendo las aportaciones federales a los estados con base en los esquemas vigentes antes de 1992 (según las plantillas de escuelas y de personal actualizadas cada año), y en exhortar a los gobiernos estatales que aportan poco a elevar sus contribuciones. No se ha procedido a realizar una revisión a fondo de los criterios de distribución, buscando alcanzar gradualmente una mayor equidad y mejorar las fórmulas con el consenso de los estados.
En el presupuesto de 1999 se ratifican estos procedimientos de distribución de las aportaciones federales a los estados, con lo que se agravarán las asimetrías existentes; puede preverse que también el gasto educativo estatal en su conjunto seguirá disminuyendo.
A este respecto conviene recordar que en el Punto de Acuerdo de la Comisión de Educación, aprobado por todas las fracciones parlamentarias que forman parte de ella al discutir el proyecto de presupuesto, se refleja una plena coincidencia con lo que venimos diciendo: afirmaron los diputados la necesidad de ''establecer criterios claros y objetivos para la distribución de las participaciones, aportaciones y subsidios federales para el financiamiento de los servicios educativos y las instituciones autónomas federales y estatales, así como mecanismos legales que hagan realidad una concurrencia estatal suficiente para sostener una educación equitativa y de calidad''. Aunque este acuerdo fue ignorado por el pleno de la Cámara al aprobarse las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal de este año, es de esperar que en breve empiece a demandarse un procedimiento tendente a cambiar gradualmente los criterios de distribución vigentes.
Interrogantes
En otros campos reconocemos que las autoridades educativas se han esforzado por ampliar la información que proporcionan a la sociedad, como lo muestran sus informes de labores anuales, no así en los aspectos financieros. Los ciudadanos solicitamos que se nos proporcione información clara, oportuna y transparente sobre las finanzas educativas, pues en ellas se maneja una parte importante de nuestros impuestos y se decide en buena medida el futuro de la educación del país.
n Al informar sobre la evolución de los recursos federales para la educación, Ƒno sería conveniente relacionar éstos con la población y con la matrícula con el fin de apreciar su significado real? Desde esta perspectiva, Ƒqué explicación pueden dar las autoridades de la disminución, respecto de 1994, tanto del gasto federal por habitante como del gasto por alumno matriculado?
n ƑEn qué se fundamentan las tendencias comprobables de elevar el gasto por alumno de educación básica, a costa de disminuir el de los niveles posbásicos? ƑNo sería importante que la SEP explicara y justificara ante la opinión pública los efectos cuantitativos y cualitativos que estas políticas están teniendo sobre los niveles medio superior y superior?
n Si se acepta que los actuales criterios de distribución de las aportaciones federales a los estados para la enseñanza básica ni están corrigiendo las asimetrías existentes ni están estimulando el incremento del gasto educativo de los estados, Ƒpor qué no se inicia una revisión a fondo de los criterios de distribución vigentes para llegar gradualmente a acuerdos y consensos con todos los gobiernos estatales?
Grupo de redacción (en orden alfabético): Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Carlos Muñoz Izquierdo, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.
Otros integrantes: Rubén Aguilar Valenzuela, José Almeda Alvarado, Jorge Alonso, Miguel Bazdresch Parada, Cristina Benítez, Romeo Benítez Fuentes, Enrique Brito, Hugo Casanova Cardiel, María Luisa Chavoya, Eduardo de la Garza, Joaquín Omar Durazo, Jaime González Graf, Sergio Hernández Nieves, Aurora Loyo, Francisco Núñez de la Peña, Carlos Núñez Hurtado, Luis Portes, Sonia Reynaga, José Antonio Sánchez, María Herlinda Suárez Zozaya, Elías Taboada Rivera y Manuel Ulloa Herrero.
MENOS RECURSOS QUE EN 1994
GASTO POR HABITANTE GASTO POR ALUMNO
Variación/ Variación/
Año Abs. 1994 (%) Abs. 1994 (%)
1994 674 0 2 521 0
1995 570 -15.4 2 130 -15.5
1996 592 -12.2 2 224 -11.8
1997 619 -8.2 2 324 -7.8
1998 663 -1.6 2 503 -0.7
n Fuente: Anexo estadístico del cuarto Informe de Gobierno y Criterios generales de política económica para 1999. Deflactado con el índice del PIB, 1993=100
QUIENES SOMOS
Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la educación nacional: investigadores de la educación, maestros de escuelas públicas y privadas, periodistas y comunicadores, padres de familia y líderes sociales.
Nos proponemos ejercer una observación crítica del desarrollo educativo y, particularmente, de las políticas gubernamentales en este campo. Igualmente, nos interesa abrir un espacio social, de carácter plural, para la reflexión sobre los problemas educativos del país; aportar conocimientos y opiniones documentadas sobre temas fundamentales; difundir sugerencias y posibles alternativas a los graves problemas que enfrentamos y demandar de las autoridades educativas el esclarecimiento de sus acciones, información y explicación sobre el eventual incumplimiento de metas anunciadas.
Publicaremos cada 15 días, en este espacio periodístico, comunicados sobre algunos problemas que nos preocupan; los plantearemos con independencia de criterio y ánimo constructivo. Aunque somos sólo una voz de la ciudadanía entre otras, esperamos que las autoridades respondan a nuestras preguntas y cuestionamientos; La Jornada se compromete a publicar sus respuestas en este mismo lugar.
Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres, con sus datos de localización e identificación (pasaporte, credencial de elector u otro documento oficial equivalente) a La Jornada, Observatorio Ciudadano de la Educación, Apartado postal 20-423. San Angel, México, Distrito Federal, CP 01001. Fax: 622 75 79 y correo electrónico: [email protected]
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