Haciendo uso de los tiempos oficiales en radio y televisión, el presidente Zedillo anunció que enviaría una iniciativa al Congreso de la Unión que reforma los artículos 27 y 28 constitucionales, para permitir la participación privada en la energía eléctrica. El mensaje solicitó analizar las razones y pensar en el interés nacional; no hay apremios financieros de corto plazo, sino la certidumbre de que en el mediano y largo plazo se requieren recursos cuantiosos (250 mil millones de pesos) para que la infraestructura eléctrica sea capaz de acompañar el crecimiento y la generación de empleos, se señaló.

El razonamiento explícito es que el gobierno se enfrenta al dilema de atender necesidades sociales, como educación, salud y seguridad social, o bien invertir para expandir la capacidad de generación y mejorar la distribución y comercialización de energía eléctrica. Es, nuevamente, el dilema salinista, Estado propietario o Estado solidario, que justificó la privatización de Telmex, las líneas aéreas, los bancos, etcétera, reduciendo la participación directa del gobierno en la economía, sin que por ello se incrementase la capacidad estatal para atender los requerimientos sociales.

Otra vertiente de este razonamiento es que, simple y sencillamente, el gobierno no ve posible contar con ese monto de recursos para invertir en electricidad; se trataría de un problema presupuestal, no inmediato sino próximo. El gobierno de la República no puede conseguir 250 mil millones de pesos, cuarenta días después de haber conseguido que los mexicanos quedáramos comprometidos a pagar más de 600 mil millones para consolidar los pasivos de Fobaproa como deuda pública; además, el gobierno colocó el 4 de febrero pasado en Londres mil millones de dólares, con garantía de convertirse en Bonos Brady, a una tasa de 11,375 por ciento anual, lo que ilustra la aceptación del mercado al papel mexicano.

Evidentemente, el gobierno pudiera obtener los fondos para financiar lo que requiere la industria eléctrica con deuda interna o con emisiones de Bonos Brady; ello tiene, por supuesto, impactos macroeconómicos, pero que resultan manejables. Por ello, ni la razón de destinar mayores recursos al sector social, ni la presupuestal son atendibles; se trata de consideraciones de otra naturaleza, que se fundamentan en los juicios y convicciones que provienen de un enfoque teórico económico específico.

Este enfoque señala que las empresas privadas son mejores que las públicas, ya que la disciplina del capital y el mercado las obliga a ser eficientes, lo que no ocurre con las públicas; por ello, según el Ejecutivo, abrirse al sector público beneficiará la economía nacional y a los consumidores. Luego de 15 años de privatizaciones, se cuenta con una amplia experiencia para evaluar la eficiencia privada; varios ejemplos pueden ilustrar: la banca comercial, las carreteras, la telefonía y la industria estatal.

El desastre bancario está documentado, sólo faltaría recordar que los tecnócratas pensaban que además de ser más eficientes, los empresarios privados eran, por definición, honestos; Cabal, Rodríguez y Lankenau los han desmentido. Del asunto carretero es conocido el recorrido: apertura a la inversión privada, administraciones ineficientes y caras, rescate que los regresa al sector estatal.

Telmex mejoró numerosos aspectos del servicio, encareciéndolo para que los propios consumidores financiaran su expansión y obstaculizando, por todos los medios a su alcance, la competencia; sustituimos un monopolio estatal por uno privado. La industria estatal fue vendida a sus competidores a precios generalmente por debajo de su valor, aceptando implícitamente su cierre inmediato, en perjuicio de los empleados y de los consumidores; tal fue el caso de las empresas estatales, productoras de bienes de consumo duradero, bienes de capital y bienes intermedios.

El gobierno argumentó que el desmantelamiento del sector paraestatal no implicaba perder la rectoría del Estado; se privilegió a la empresa privada, sin importar su nacionalidad, como la responsable del proceso económico. Esta lo hizo adecuándose a la globalización económica: quienes compraron las plantas de Fertimex, las cerraron y hoy importan fertilizantes.

Por ello, la participación privada no garantiza nada, si no se le garantiza, a su vez, una rentabilidad que amerite invertir; para ello, las tarifas y la presencia sindical deberán ser afectadas. El beneficio nacional no resulta claro, lo que además se ratifica porque los posibles compradores son fundamentalmente empresas extranjeras.

Así las cosas, se trata de aprovechar el acuerdo político que votó a favor del Fobraproa y del presupuesto, para imponerle a la nación la privatización eléctrica y preparar el terreno para la venta de la petroquímica, fundados en prejuicios y dogmas sobre la bondad de lo privado.