n Luis Hernández Navarro n
Gran venta de garaje
Dos han sido los argumentos centrales para justificar la privatización de la industria eléctrica. El primero, esgrimido por el gobierno, señala que en los próximos seis años se requerirán inversiones por 25 mil millones de dólares para modernizar y hacer crecer esta industria. El segundo, expresado por voceros empresariales, afirma que como resultado de ésta bajará el costo de las tarifas eléctricas. Ninguna de las dos explicaciones resiste un análisis serio.
Ciertamente, el sector eléctrico requiere de inversiones en el futuro inmediato. Más aún si se considera que desde 1995 el presupuesto destinado a esta actividad se ha ido reduciendo. Pero Ƒpor qué deben de venderse a la iniciativa privada las plantas que ya existen y que funcionan adecuadamente? Si el problema es de falta de recursos para financiar la expansión del servicio, Ƒpor qué debe el gobierno deshacerse de la infraestructura que ya tiene? ƑNo puede acaso el capital privado invertir en la instalación de nuevas plantas? No hay trabas legales para ello. La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica establece, en su artículo 72, el derecho de particulares a generar energía eléctrica en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente y energía para exportar.
La industria eléctrica del país no vive una situación de crisis. El mismo presidente Zedillo lo reconoció en su mensaje a la nación del pasado 2 de febrero, al señalar que la reforma propuesta no está dictada por "ningún apremio financiero de corto plazo". Entre la demanda pico y la capacidad de generación actual existe un colchón de 12 mil megavatios, equivalentes a un margen de reserva de 30 por ciento. La demanda del fluido eléctrico está garantizada hasta el año 2001 aunque no se realicen inversiones en nueva capacidad. ƑPor qué, entonces, la prisa por reformar la Constitución?
El gobierno ha inflado el monto de los recursos requeridos para financiar al sector eléctrico, para justificar su privatización. Resolver los retos de la expansión del servicio eléctrico requiere de aproximadamente 13 mil millones de dólares y no de 25 mil millones como dijo el secretario Luis Téllez. La cifra gubernamental está calculada sobre el supuesto de que la demanda de energía eléctrica crecerá en 6 por ciento anualmente. Pero esto difícilmente sucederá en el marco de una tendencia recesiva de la economía mundial, y con la economía mexicana aumentando apenas poco más de 2 por ciento durante 1999. Además, está en marcha una serie de programas de ahorro de energía relativamente exitosos que reducirán, aún más, los requerimientos del fluido.
El secretario Téllez ha señalado que la apertura del sector al capital privado permitirá incrementar la capacidad de generación en 11 mil 700 megavatios. Si el costo promedio de generación de un megavatio en todo el mundo es de un millón de dólares, y las plantas modernas de ciclo combinado ųque son las que la iniciativa privada instalaríaų reducen el costo de producción en 40 por ciento, entonces, el monto de la inversión requerida es mucho menor a la señalada oficialmente: apenas de 11 mil 700 millones de dólares (a un costo de un millón de dólares el megavatio).
Pero igualmente falsa es la afirmación de que la inversión requerida para financiar al sector sólo puede provenir de su privatización. Entre las distintas opciones de financiamiento de la industria eléctrica nacionalizada se encuentran el uso de sus propios recursos, el incremento de las tarifas, la contratación de deuda o la colocación de bonos en el mercado internacional.
Pensar, como lo hacen algunos voceros de la iniciativa privada, que la privatización bajará el precio de la energía eléctrica, es una ilusión. No ha sucedido así en casi en ningún otro país. ƑSe olvidaron ya cuánto cuesta el peaje de la carretera de cuota México-Toluca o cuánto aumentó el costo de las llamadas telefónicas después de que Carlos Slim adquirió la empresa? Durante 1998, el sector eléctrico nacionalizado subsidió a la empresa privada con más de 3 mil millones de pesos. Las tarifas para la industria son de las más bajas del mundo: apenas de unos 3.8 centavos de dólar el kilovatio/hora. La participación de particulares en el sector no provocará que la competencia entre ellos obligue a bajar tarifas. Los futuros dueños no absorberán los subsidios que el Estado otorga. Por el contrario, el magnitud de las inversiones fomentará la formación de un cuasi-monopolio privado con fuerza suficiente para elevar el precio del servicio tanto como necesite para garantizar su tasa de ganancia. El aumento en las tarifas será inevitable.
La energía eléctrica no es una mercancía más que se pueda comprar en cualquier parte, sino un bien estratégico necesario para el desarrollo independiente. En la venta de garaje en la que se pretende malbaratar al sector eléctrico nacional está en juego la soberanía nacional.