n Equivale a 5.3 veces más a lo recibido por las 18 desincorporaciones

Los contribuyentes pagarán 67 mil mdd por el fracaso de la privatización bancaria

Roberto González Amador n Si por los resultados fuera evaluado, el proceso de reprivatización del sector bancario mexicano, realizado entre 1991 y 1992, constituye uno de los mayores fracasos de la política de transferencia a particulares de empresas públicas, según demuestran los propios datos oficiales.

Por la reprivatización de los 18 bancos nacionalizados en diciembre de 1982, concretada entre junio de 1991 y julio de 1992, el gobierno federal obtuvo 38 mil 961.4 millones de, entonces, nuevos pesos, una cantidad equivalente a 12 mil 568.1 millones de dólares, a un tipo de cambio, en diciembre de 1992, de 3.10 pesos por dólar.

Apenas seis años después de la reprivatización, la deficiente gestión bancaria por parte de sus nuevos dueños, un grupo de empresarios ligado principalmente al sector financiero bursátil, combinada con la crisis económica de 1995, obligó al gobierno federal a comprometer apoyos por 67 mil millones de dólares para salvar a las instituciones de crédito privadas de una quiebra segura.

Cuando el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari tomó la determinación de vender a particulares las instituciones bancarias que eran propiedad del Estado, el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, afirmó que los objetivos perseguidos por esa medida eran:

Conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital de los bancos, con el objeto de alentar la inversión en el sector e impedir fenómenos indeseables de concentración; vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización, y asegurar que la banca mexicana fuera controlada por mexicanos.

Los ocho mandamientos

El resto de los lineamientos establecidos por Pedro Aspe, dados a conocer en la sexta reunión nacional de la banca, realizada en agosto de 1990 en Ixtapa Zihuatanejo, conocidos como ''los ocho mandamientos'', fueron:

Buscar la descentralización y el arraigo regional de las instituciones; obtener un precio justo por los bancos, de acuerdo con una valuación basada en criterios generales, homogéneos y objetivos para todos los bancos; lograr la conformación de un sistema financiero balanceado, y propiciar sanas prácticas financieras y bancarias.

La ausencia de regulación sobre el sistema bancario después de la privatización, destacada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una de las causas que derivaron en la crisis bancaria de 1995, provocó que no se cumplieran varios de los preceptos enumerados por Aspe Armella en ''los ocho mandamientos''.

Desde 1992 hasta 1994, los bancos privados condujeron una errónea política de asignación de préstamos, que derivó en un sobrendeudamiento de empresas y particulares: la cartera vencida pasó de 24 mil millones de pesos en 1992 a 80 mil millones en 1994, y sobrepasó los 100 mil millones en 1995.

Un informe del Banco de México indica que en 1992, al concluir la privatización bancaria, el monto de los depósitos de las familias mexicanas en el sistema financiero superaba en 1.7 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) al saldo de sus deudas contratadas con las instituciones de crédito.

Sin embargo, en 1993 el monto de los depósitos bancarios de las familias mexicanas fue inferior en 0.7 puntos del PIB al saldo de sus deudas, mientras que en 1994 los ahorros ya eran menores en 2.6 puntos del PIB al saldo de las créditos contratados, y en diciembre de 1995 esa relación se mantenía negativa 2.2 puntos.

En el caso de las empresas, la situación no fue distinta.

Los bancos no fueron entregados

a las personas adecuadas

La asignación de préstamos sin los debidos estudios de factibilidad propició que en 1994 el monto de los depósitos de las empresas mexicanas fuera inferior en 8.6 puntos del PIB al saldo de las cuentas que tenían en los bancos. En 1991 esa relación era positiva en 5.7 puntos y en 1992 fue negativa en 2.8 puntos del producto interno bruto, de acuerdo con la información del Banco de México.

Otro de los pilares en que descansó la reprivatización bancaria del gobierno de Salinas fue la afirmación de que las instituciones de crédito serían entregadas a empresarios con experiencia en el negocio.

A finales de 1994, el hoy gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, que fue responsable de la reprivatización bancaria, afirmó que la administración de los bancos había quedado a cargo de ''mexicanos con experiencia financiera, lo cual debe propiciar que los recursos que les confían los millones de ahorradores e inversionistas serán manejados con prudencia y conocimiento''.

En 1996, durante la convención del mercado de valores, Guillermo Ortiz, entonces secretario de Hacienda y responsable del rescate bancario, reconoció que la privatización de las instituciones de crédito había sido deficiente y que no en todos los casos los bancos fueron entregados a las personas adecuadas.

Durante una reunión privada, Ortiz Martínez destacó, a mediados de 1998, que los expedientes de los empresarios interesados en adquirir los bancos fueron aprobados por ''los organismos de seguridad del Estado'' durante el gobierno de Salinas, los cuales no encontraron inconvenientes en que personas como Carlos Cabal Peniche, Angel Rodríguez Sáez y Jorge Lankenau Rocha, los tres ex propietarios de Cremi-Unión, Banpaís y Confía, respectivamente, y que ahora enfrentan acusaciones de fraude, se hicieran con el control de varias instituciones de crédito.

Los bancos mexicanos tampoco son controlados por mexicanos, como ofreció Aspe Armella en el cuarto de sus ''ocho mandamientos''.

La crisis financiera de 1995 puso de manifiesto la falta de capital de las instituciones de crédito. Los empresarios nacionales no pudieron hacer ese año las aportaciones necesarias para satisfacer la carencia, por lo que en febrero el gobierno del presidente Ernesto Zedillo propuso al Congreso varias modificaciones legales que abrieron la puerta a la inversión extranjera en el sistema financiero, que estaba protegido en el Tratado de Libre Comercio contra la apertura total.

De entonces a la fecha, instituciones bancarias europeas y estadunidenses aumentaron su participación en el capital de la banca hasta detentar ahora 28 por ciento de la propiedad del sistema de crédito nacional.

Pero más allá de ''mandamientos'' incumplidos, la deficiente gestión del proceso de desincorporación bancaria representará un costo para la sociedad varias veces superior a los posibles beneficios obtenidos de la venta a particulares de las instituciones de crédito.

Los 67 mil millones de dólares asumidos como deuda pública por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que serán pagados por las próximas dos generaciones de mexicanos, equivalen a 5.3 veces los 12 mil 568.1 millones de dólares obtenidos por el gobierno a cambio de las 18 instituciones de crédito privatizadas entre 1991 y 1992.

Con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848, México cedió la mitad de su territorio a Estados Unidos por 15 millones de dólares. A mediados de la década de 1990, el gobierno vendió 18 bancos por 12 mil millones de dólares a cambio de pocos beneficios para la sociedad, que a la postre se convirtieron en una gigantesca deuda, de 67 mil millones de dólares, que será pagada con cargo a los contribuyentes y con un menor gasto público durante por lo menos 30 años.