n Piden a Madrazo emitir una opinión sobre supuesta inconstitucionalidad
Acepta la SCJN la queja contra el código electoral
Raúl Llanos Samaniego n La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada ayer al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PRI en contra del Código Electoral para el Distrito Federal, por lo que dio un plazo de seis días al gobierno capitalino y a la Asamblea Legislativa (ALDF) para que presenten ante el máximo tribunal del país los argumentos que a sus intereses convengan.
El ministro instructor asignado para el caso, José de Jesús Gudiño Pelayo, solicitó también al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo, emita una opinión acerca de la supuesta inconstitucionalidad de dicho ordenamiento electoral local, el cual fue aprobado por los diputados locales del PRD en diciembre pasado.
De acuerdo con el diputado local priísta Eduardo Escobedo, quien elaboró el documento base para dicha impugnación legal, la SCJN consideró fundamentada su acción de inconstitucionalidad la noche del pasado jueves, pero ayer se le dio entrada formal para su análisis.
Aunado a ello, dijo, se emplazó a la administración cardenista y a la ALDF para que presenten sus alegatos, límite que vence esta semana, pues solamente se les otorgaron seis días, cuando en otros casos de impugnación --como fue la Ley de Instituciones de Asistencia Privada o el Presupuesto de Egresos para 1998-- han sido 15 días. Al respecto, Eduardo Escobedo precisó que esto se debe a que en materia electoral los tiempos para emitir un fallo son más cortos.
Esto significa que una vez que Gudiño Pelayo tenga en sus manos los argumentos de ambas instancias, así como la opinión jurídica que emita la PGR, los analizará detenidamente para posteriormente dar un fallo. De ser favorable para los priístas, se deberá recomponer el proceso que se está cuestionando en la SCJN, es decir, lo relativo a los concejos de gobierno que sustituyen a las delegaciones políticas; los métodos finales para designación de magis- trados y consejeros electorales, y los tiempos y formas de acceso de los partidos políticos locales a radio y televisión.
La impugnación priísta ųpresentada por el diputado Escobedo en nombre del líder nacional, Mariano Palacios Alcocer, el pasado 3 de febreroų está integrada por 63 cuartillas, en las cuales se argumenta que el Código Electoral viola 16 preceptos tanto del Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal como de la Carta Magna de nuestro país.
Escobedo precisó que los puntos donde existen las mayores controversias son en los relativos a los concejos de gobierno; a los mecanismos de acceso permanente a la radio y televisión, y las formas establecidas para la designación de los consejeros y magistrados de los órganos electorales propios, que consideran, como último recurso para su designación, un esquema de sorteo.
Los artículos 55 y 224 del multicitado código definen que la designación de consejeros y magistrados se sorteará si después de tres rondas de votaciones en el pleno de la ALDF no alcanzan la mayoría requerida, de dos terceras partes de los diputados locales.
Mientras, el artículo 10 indica que la titularidad de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales corresponde a los concejos de gobierno, que serán elegidos cada tres años mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Estos concejos se integran por el concejal ejecutivo y el concejal adjunto elegidos por el principio de mayoría relativa; asimismo, serán elegidos por el principio de representación proporcional mediante listas votadas en una sola circunscripción.
El diputado Escobedo explicó que esta figura no está considerada en el Estatuto de Gobierno, por lo que se requiere modificarlo para que dichos órganos entren en vigor, pero el único que puede hacer tales reformas es el Congreso de la Unión, y no la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.