GUERRERO: COMICIOS IMPUGNADOS

El domingo pasado tuvieron lugar, en Baja California Sur y en Guerrero, sendos procesos electorales estatales que contrastan en más de un sentido. Mientras que en la primera de esas entidades la elección y sus resultados ųque dan el triunfo al candidato opositor Leonel Cota Montaño, postulado por una coalición del PRD y el PTų no han sido cuestionados por ninguna de las fuerzas partidistas participantes, en la segunda la alianza opositora PRD-PT-PRT ha denunciado que la voluntad popular fue adulterada por prácticas ilegales de compra, coacción e inducción del voto, así como por un exceso en los gastos de la campaña priísta y por una actitud facciosa del poder público y de altos funcionarios electorales. Tales señalamientos coinciden con los reportes de irregularidades emitidos por organismos de observación electoral y de derechos humanos.

Si bien la jornada electoral guerrerense, pese a su carácter competido, se realizó en un clima de paz y sin confrontaciones ųlo cual es, en sí mismo, digno de celebrarseų, las impugnaciones referidas constituyen un cuestionamiento a la victoria reclamada por el candidato priísta a la gubernatura, René Juárez Cisneros y, en general, a los avances registrados en el país en materia de normalización democrática.

Esta circunstancia coloca a los inconformes ante el deber de documentar sus denuncias y de llevarlas a las instancias legales correspondientes; éstas, por su parte, tienen ante sí la obligación de investigar las irregularidades señaladas y, en los casos que proceda, corregir los resultados y restituir el sentido del mandato popular.

En el ámbito guerrerense, marcado por abundantes y larvados conflictos sociales que reiteradamente han desembocado en la violencia política, sería una irresponsabilidad grave el desatender las inconformidades electorales que se han expresado luego de los comicios.

Por lo que se refiere al ámbito nacional, la persistencia de prácticas ilegales de distorsión del sufragio ųcomo acarreos, operaciones tamal, el condicionamiento de servicios sociales y la entrega de ayudas alimenticias a cambio del votoų serían, de comprobarse, un agravio inadmisible para una sociedad que ha expresado, en forma inequívoca y consistente, su determinación de llegar al tercer milenio con un sistema electoral democrático, transparente y apegado a derecho.