ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Una de las graves deformaciones del concepto zedillista de la llamada normalidad democrática es pretender que los fríos resultados numéricos de las elecciones, expresados en documentos oficiales, son por sí mismos, y con abstracción de su entorno y circunstancias, una expresión sacra de la voluntad ciudadana.

Ya en otras entidades se han vivido los excesos derivados de esa visión burocratizada de la vida política, con gobernadores imponiendo a sus candidatos por la vía del despilfarro del erario y mediante la presión abierta del aparato estatal, pero es posible que el extremo se esté viviendo actualmente en Guerrero, donde toda una estructura de poder (las herramientas del gobierno estatal, por un lado, y por otro una histórica red caciquil altamente peligrosa) se ha confabulado para impedir que Félix Salgado Macedonio sea el gobernador del estado.

Con un Rubén Figueroa Alcocer convertido en virtual sublevador de las filas priístas (''si gana el PRD, entonces sí ya nos chingamos todos'', decía el gobernador con licencia a las cúpulas municipales y regionales de su partido, para convocar activismos abiertos contra Salgado Macedonio), con todo el aparato estatal de Angel Aguirre Rivero volcado en favor del PRI, con la alianza de intereses conjugados por René Juárez (el propio Figueroa como padrino principal, Aguirre Rivero como socio a fuerzas, y Carlos Rojas, desde el CEN del PRI, como promotor externo), con la presión, el chantaje, las trampas, el acarreo, la compra de votos, el reparto de despensas, la amenaza a los opositores y el riesgo siempre latente de la violencia política en grande, con todo eso y más, se pretende ahora asumir que los resultados formales electorales en favor del PRI son nítidos, respetables, limpios, transparentes e inobjetables.

El concepto suizo del voto de diferencia

Si un solo voto hace la diferencia entre dos candidatos, se respetará ese voto y se dará el triunfo al ganador, pues así es la democracia, se había dicho desde antes en Los Pinos, y esa tesis se repetía anoche.

Pero sucede que las condiciones en las cuales se emite cada sufragio en Guerrero no son las mismas para el PRI que para el PRD (usamos como referencia a esos partidos a sabiendas de que establecieron ciertas alianzas: el tricolor con un partido local; el del sol azteca con el PT y el PRT), y que no es posible pretender trasladar tales resultados a una aséptica vitrina de análisis documental, como si en realidad proviniesen de una contienda justa, equitativa, civilizada.

Los resultados del desapego zedillista del poder ya se han reflejado en la consolidación de varios cacicazgos regionales, en donde los gobernadores salientes han dejado herederos signados por la complicidad. Con la pretensión de que el Presidente de la República es tan democrático que no se mete en los procesos estatales, y deja que las fuerzas locales se acomoden y definan resultados, lo que en los hechos se ha producido es la consolidación de feudos políticos que, sin compromisos con el centro, y afianzadores de proyectos locales y de figuras regionales, constituyen desde ahora riesgo y candado para una sana transición democrática.

En escenarios como el de Guerrero, no es posible ignorar la existencia del factor fundamental del poder político que es Rubén Figueroa Alcocer (ese gobernador que decían era primer compadre de la nación; ese que se mueve con libertad por el país a pesar de Aguas Blancas). A sabiendas de todo lo que hizo y hará el citado Figueroa, jefe político real de la entidad, no se puede aparentar indiferencia o neutralidad. Ningún rodeo es posible frente a la historia. Las cifras electorales que esgrime el PRI no provienen de una emisión libre de la voluntad ciudadana, sino de un operativo viciado, delictivo, criminal.

Los retos del PRD en la defensa de Félix

El PRD está ahora emplazado, en el caso Guerrero, a demostrar que no cederá esta entidad básica para la defensa de los principios ideológicos del partido del sol azteca (lucha contra la pobreza, defensa de los derechos humanos, desmilitarización, justicia social en el puerto de Acapulco, combate a la corrupción, desmantelamiento de caciquismos, castigo a responsables de masacres y saqueos).

En esta temporada donde el pragmatismo suele imponer decisiones que en otras circunstancias parecerían increíbles, el Partido de la Revolución Democrática debe desvanecer la percepción de que pudiese aceptar con gusto la gubernatura de Baja California Sur a cambio de ceder la de Guerrero. También será necesario demostrar que la valoración personal que algunos directivos hacen del perfil de Salgado Macedonio no les llevará a aparentar defensas condenadas de antemano al fracaso o a detener movilizaciones o protestas con el argumento de que el PRD no puede ni debe regalarle a sus adversarios el bocadillo publicitario de retornar a los escenarios extremos de los conflictos poselectorales.

Desde luego, en Guerrero falta todavía mucho por ver.

El sentido de la oportunidad

Con cierta frecuencia es posible preguntarse cuáles son los criterios que rigen la agenda política del presidente Zedillo. Vale de nuevo la reflexión teniendo a la vista el acto que encabezó ayer el Presidente para anunciar los nuevos programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Dijo en esa ceremonia el doctor Zedillo que las acciones de combate a la pobreza no son clientelistas. Mientras hablaba don Ernesto, en un acto organizado por Esteban Moctezuma, resonaban las acusaciones provenientes de Guerrero, donde se levantaban extensas relatorías de la manera como se usaron en aquella entidad los fondos públicos para inducir el voto en favor del candidato priísta a gobernador.

Estados chicos, gobernadores con proyecto grande

Ser gobernador de Baja California Sur equivale, en términos de presupuesto y de población representada, a ser presidente de alguna de las muchas ciudades medias del país. Con poco más de 400 mil habitantes en total, aquella alejada porción peninsular tiene, además, poco desarrollo económico.

Sin embargo, ejercer el Ejecutivo de la citada entidad conlleva responsabilidades importantísimas en cuanto al dominio y control de una zona que por deshabitada es ideal para tareas de narcotráfico, y además permite impulsar negocios de toda índole en los que de manera tradicional el poderoso ha tenido la facultad discrecional de resultar altamente beneficiado. Por ello han sido codiciadas y peleadas esas gubernaturas.

En ese sentido, el próximo gobernador, Leonel Cota Montaño, tendrá la responsabilidad histórica de reencauzar el ejercicio de gobierno, de devolverle prestancia y dignidad y de demostrar a los ciudadanos que sí es posible hacer un gobierno distinto, de cambio democrático, de honestidad y de progreso para todos.

Pero, además de esa tarea que por sí misma es más que suficiente, Cota Montaño tendrá una tarea política importante. Junto con Alfonso Sánchez Anaya, de Tlaxcala, y con la conducción de Ricardo Monreal, de Zacatecas, este trío de gobernadores de pequeñas entidades habrán de ayudar a que el perredismo, y concretamente el cardenismo, trace rutas, trabe alianzas y siembre lo que electoralmente habrá de cosechar Cuauhtémoc en las elecciones venideras del 2000.

Dos declarantes

Oscar Espinosa Villarreal y Mario Villanueva Madrid han hecho interesantes declaraciones en Mérida, Yucatán, relacionadas en ambos casos con asuntos de narcotráfico. El secretario de Turismo ha pedido que la lucha contra las drogas se dé en un marco de derecho y prudencia para evitar que personas inocentes sean lesionadas y que se dañen los avances conseguidos en materia turística. El gobernador de Quintana Roo, por su parte, se ha declarado inocente de las especulaciones que lo ligan con el narcotráfico y ha dicho que es víctima de una campaña de desprestigio. Dos declarantes.

Astillas: Ha sentenciado don Vicente Fox, a propósito del triunfo de un ex priísta converso al PRD en BCS, que el partido del sol azteca ''tarde o temprano se arrepentirá de tomar posiciones de gobierno en base a candidaturas de priístas''. Será importante saber su opinión respecto de la candidatura que el PAN ha decidido apoyar en Nayarit en la persona de Antonio Chavarría, quien fue secretario de Finanzas de la administración local priísta durante doce años y luego secretario de Gobierno. Postulado por PRD, PT y otras agrupaciones, el PAN vivió la reticencia de algunos directivos de ese partido para postular al ex militante del tricolor. Pero, bueno, en realidad don Toño más que ex priísta es empresario, y distribuidor de la Coca Cola, podría argumentar Fox...